Legitimar el vandalismo

Restituir a millones de ciudadanos su derecho a circular libremente por sus calles y avenidas y a que el Congreso de la Unión sesione libre de sobresaltos, sin que el desalojo de los invasores produzca derramamiento de sangre, no es una misión imposible ni inusitada.

En los países más democráticos y más respetuosos de los derechos humanos, el gobierno impide, sin que la acción gubernamental cause muertes ni lesiones graves, que una minoría lesione los derechos del conjunto de la población. En México se ha llegado al extremo de que un pequeño grupo cierre accesos viales, apalee policías, reporteros y transeúntes, ahuyente a los legisladores de la sede parlamentaria, destruya bienes, bloquee el paso al aeropuerto y desquicie la ciudad, sin que los gobernantes frenen esos desmanes, sino, por el contrario, se conceda a los belicosos el retiro de iniciativas de ley y la instalación de mesas de negociaciones. El diálogo con quienes se oponen a alguna medida de la autoridad es necesario y saludable, pero su realización exige que los inconformes depongan previamente toda actitud de violencia y no atropellen los derechos de los demás.

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La emboscada

Las circunstancias en que fue asesinado el vicealmirante de la Marina-Armada Carlos Miguel Salazar Ramonet, comandante de la octava zona naval en Puerto Vallarta, Jalisco, mueve a reflexionar acerca de los límites legítimos de la protesta social.

            El vicealmirante Salazar se dirigía a su base naval en una camioneta, acompañado de su chofer, dos escoltas y su esposa, por la autopista Morelia-Guadalajara.

            En la caseta de cobro de Ecuandureo, que se ubica entre los poblados de la Noria y Las Cruces, Michoacán, el vehículo tuvo que desviar su trayecto porque unas cuantas personas habían cortado la circulación —como ocurrió en otros tramos–– en protesta por la presencia de la Policía Federal en la entidad.

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Perdón sin fin

Las naciones que integran la Comunidad del Caribe (Caricom) han decidido emprender un proceso judicial contra Reino Unido, España, Francia, Holanda y Portugal.

            El proceso tiene por objeto reclamar a esos países que pidan perdón y paguen una compensación por los siglos de esclavitud, a los que se atribuye la pobreza y el atraso que sufre la región. La Caricom estará representada en el proceso por la firma inglesa Leigh Day & Co., que en junio pasado logró que Reino Unido admitiera haber torturado a más de 5,000 guerrilleros kenianos entre 1950 y 1966, por lo que las víctimas o sus descendientes obtuvieron compensaciones que suman 13 millones de euros.

            No se ha decidido el monto que se exigirá. En 1999, la African World Reparations and Repatriation Truth Commission exigió que se pagara 585,000 millones de euros a los países africanos esclavizados durante el período colonial. Entre 2004 y 2011, Jamaica, Guyana y Barbuda intentaron obtener alguna compensación de parte de los países europeos involucrados en el tráfico de esclavos. Ambas tentativas fueron infructuosas.

            La historia universal está llena de atrocidades cometidas desde el poder (y desde fuera del poder). La lista es interminable. No ha habido siglo sin grandes crímenes estatales. Si se intentara que por todos ellos se compensaran los daños causados, entraríamos a una espiral infinita. La idea de que los gobernantes de hoy pidan perdón por lo que hicieron sus remotos antecesores parece tener un gran poder de seducción, pero ni el perdón borra los hechos ni la culpa puede razonablemente extenderse a quienes no participaron en ellos.

            El actual gobierno alemán, por ejemplo, podrá flagelarse continuamente por el holocausto, la Segunda Guerra Mundial, el Muro de Berlín, la represión a toda disidencia en la RDA; pero ninguna culpa tiene de esas vergüenzas históricas, como no la tiene el actual gobierno de nuestro país de los sacrificios humanos prehispánicos, de la quema de herejes en la Nueva España o de la Noche de Tlatelolco. ¿Habría que pedir perdón y compensar económicamente a la totalidad de mujeres occidentales porque durante centurias al sexo femenino se le negaron los derechos que hoy ha conquistado? Ninguna cantidad sería suficiente.

            ¿No tienen ninguna responsabilidad respecto de las condiciones en que viven sus países los sucesivos gobernantes caribeños posteriores a la época de la esclavitud? ¿No es una postura sumamente cómoda y no exenta de conveniente victimismo culpar de la situación presente exclusivamente a países antaño colonialistas —que sin duda cometieron atropellos gravísimos— olvidando o soslayando las propias responsabilidades por acción u omisión?

            Es necesario que las tropelías no se olviden ni se oculten. Eso toca a los historiadores. Pero bastantes culpas tiene cada gobierno (como cada ser humano) como para además cargar las de sus remotos antecesores. Los libros de autoayuda y los predicadores insisten una y otra vez en la importancia del perdón, al que atribuyen efectos purificadores que quizá ocurran en la esfera psíquica o anímica, pero sólo si quien lo pide es el responsable del acto reprobable. Es altamente plausible que las potencias ayuden a los países pobres a superar sus circunstancias desfavorables, pero se trata de solidaridad, no de penitencia.

¿A Caro le salió barato?

Rafael Caro Quintero quedó en libertad por un fallo que le concedió el amparo debido a que el proceso por el secuestro y el homicidio del agente de la DEA Enrique Camarena no debió seguirse ante un juzgado del fuero federal —que no era competente porque la víctima actuaba en territorio nacional sin reconocimiento formal del gobierno mexicano—, sino ante un juez del fuero común.

            La DEA expresó su profunda decepción en un comunicado en el que señala: “Todos los días nos acordamos del último sacrificio que pagó el agente especial Camarena”. Éste, como recordarán los lectores menos jóvenes, antes de ser asesinado fue sometido a una tortura salvaje que incluyó su castración.

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El tercer sexo

Alemania será, a partir del próximo mes de noviembre, el primer país del mundo en admitir que en las actas de nacimiento no se registre el sexo de los recién nacidos si éstos no tienen rasgos físicos masculinos o femeninos claramente definidos.

            La ley busca evitar intervenciones quirúrgicas improcedentes y consecuencias legales y burocráticas que compliquen aún más la vida a quienes nazcan con esa indefinición.

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