Sólo un miserable es capaz de lanzar una convocatoria como la que hizo en facebook Jesse Alejandro Montaño, un connotado lopezobradorista, para agredir a la reportera Jaqueline Gutiérrez, de La Razón: “Hay que darle una putiza… Pinche la putarraca… Sí aguanta una empinada”. Me recuerda al Macbeth de Shakespeare: “Me atrevo a lo que se atreva un hombre; quien se atreva a más, no lo es”.

La provocación o la incitación al odio o a la violencia es un delito cuya punibilidad es de uno a tres años de prisión o de 25 a 100 días de trabajo a favor de la comunidad y multa (artículo 206 fracción II del Código Penal para el Distrito Federal). Este delito se persigue por querella, es decir sólo si lo solicita el ofendido. La reportera podría querellarse. La incitación a la violencia por parte de Montaño es inequívoca. La aplicación de la ley en este caso no sólo serviría para sancionar al instigador  sino también para poner fin a la instigación. Por lo pronto, es imperativo que las autoridades provean las medidas adecuadas y suficientes para proteger la integridad de Jaqueline Gutiérrez. Siempre será mejor prevenir.

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Es verdad que resulta aconsejable que quienes han sido procuradores de la República salgan del país al concluir su gestión, pues en el desempeño de su cargo adquieren una buena cantidad de malquerientes, algunos de ellos temibles. Pero que Marisela Morales ––quien como subprocuradora de delincuencia organizada y como procuradora utilizó pródigamente testigos comprados para inculpar a inocentes–– haya sido designada cónsul de México en Milán no deja de tener cierto regusto de agravio para las víctimas de sus acusaciones, a quienes les arruinó por lo menos un período de sus vidas.

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El secuestro es uno de los delitos más repugnantes, más devastadores. Es impactante que dos profesores de la CNTE y tres simpatizantes de esta organización ––una de ellas candidata del PRD a un cargo de elección popular–– estén detenidos como presuntos responsables de ese delito. Sus camaradas han dicho que se trata de una falsa acusación y han salido a la calle a vociferar que se está criminalizando la protesta social. Habría vileza extrema lo mismo en acusar falsamente a alguien de un delito de esa gravedad que en defender a unos secuestradores porque son compañeros de lucha. Sería saludable que la PGR hiciera públicas las pruebas contundentes y fehacientes con que dice contar para incriminar a los detenidos: se les quitaría a los que protestan una bandera que ahora pueden enarbolar porque, por desgracia, en nuestro país la fabricación de culpables ha sido una práctica recurrente.

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La nota de David Saúl Vela, reportero de La Razón, descubre un proceder truculento. La mujer con la que el exministro Genaro Góngora procreó dos hijos autistas, y que fue su cercana colaboradora en la Suprema Corte, está en la cárcel ––informa el reportero–– por un supuesto fraude después de haber iniciado un juicio de pensión alimentaria, y enfrenta una demanda que pretende quitarle a los niños. Andrés Manuel López Obrador anunció que de ganar la presidencia Góngora sería su consejero jurídico. Me estremece imaginarlo. Ω