Arturo González de Aragón

Para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la Presidencia de la República llevó a cabo un proceso de foros de consulta pública en varias regiones del país, que incluyó una por internet; sin embargo la poca difusión de estos mecanismos impidió que el grueso de la población, la que vive en carne propia los problemas que se deben resolver, opinara y propusiera.

Ese plan –presentado el lunes 20 por el presidente Enrique Peña Nieto– cumple con el mandato constitucional de establecer las prioridades, las estrategias, los programas, objetivos y metas que deberán regir las acciones de gobierno. Sin embargo, las soluciones quedan muy lejos todavía, en tanto que los problemas que aquejan al país son muchos y viejos; los prohíjan décadas de incapacidad, corrupción, impunidad y opacidad de las autoridades, así como la desidia social.

Los mexicanos sabemos que nuestro país está obligado a cambiar, a contar con una visión de Estado que atienda los grandes rezagos. México no puede esperar más: está al borde del precipicio… Y es que, como veremos, lo azotan siete plagas que impiden su desarrollo, a saber: mala educación, pobreza, impunidad, inseguridad, partidos políticos, monopolios y malos gobiernos.

Mala educación

De cada 100 personas que ingresan a primaria en México sólo 45 terminan la preparatoria, lo que nos coloca en el último lugar en los índices de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). En Finlandia y Japón 95% de los estudiantes de primaria termina la preparatoria.

Otro dato: 58% de la población mexicana de entre 25 y 38 años no cuenta con bachillerato. La OCDE espera que en 2024 México tenga cubierto ese nivel en toda su población. En el país de cada 100 estudiantes sólo 0.8% alcanza un nivel avanzado en matemáticas. En Chile lo alcanza 1.3% del alumnado, en Uruguay 2.4%, en Canadá 18.3% y en Corea del Sur 25.5%.

El país destina hasta 20% del gasto público a la educación. No obstante los resultados en esa área son decepcionantes: En el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos en Lectura, Matemáticas y Ciencias 2009, aplicado por la OCDE a 65 países, México ocupó siempre uno de los tres últimos lugares.

Esto tiene una explicación: La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó recientemente que en el periodo 2000-2010 se realizaron 136 auditorías al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y cuatro a los Servicios de Educación Básica en el Distrito Federal. De ellas derivaron observaciones por aproximadamente 54 mil millones de pesos, de los que 10 mil 962 (20.3%) se destinaron a pagar a maestros comisionados y a entregar apoyos a los sindicatos.

Se estima que en 2011 se destinaron mil 700 millones al pago de comisionados sindicales. La educación en México está secuestrada por los intereses de los sindicatos y la incapacidad del Estado.

Pobreza e impunidad

Recientemente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que 57.4 millones de mexicanos están en pobreza de ingresos; es decir que no ganan ni el salario mínimo. De ellos, 11.7 millones están en pobreza extrema.

La pobreza del país por nivel de ingresos disminuyó en la última década: Pasó de 53.6% de la población en 2000 a 44.5% en 2008 y mostró un repunte a 51.3% en 2010, reflejo de la crisis económica mundial. El efecto neto de la disminución de la pobreza por nivel de ingresos fue de 2.3% entre 2000 y 2010.

Otro cáncer es, sin duda, el de la impunidad. Ésta se ha convertido en un incentivo perverso que propicia y detona la corrupción. En el Índice de Percepción de la Corrupción, entre 1998 y 2012 México cayó 50 lugares: Pasó del sitio 55 al 105.

Los escándalos que asocian corrupción e impunidad son ampliamente conocidos por todos: Amigos de Fox, Pemexgate, Fobaproa, la CFE, Enciclomedia, la Biblioteca Vasconcelos, ISOSA y los derechos de trámite aduanero, campañas electorales, Provida, extorsiones a gasolineros por servidores públicos y la Estela de Luz, entre otros. ¿Quién está en la cárcel por esto? Nadie.

Inseguridad

La lucha contra el crimen organizado dejó más de 60 mil muertos en el sexenio pasado, el sexenio de la muerte. Human Rights Watch presentó en 2011 su informe Ni seguridad, ni derechos. Ejecuciones, desapariciones y tortura en la guerra contra el narcotráfico en México, donde señala que de 35 mil homicidios registrados por el gobierno federal sólo se han investigado 997 (2.8%) que derivaron en 22 condenas, 0.06% del total.

Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en México se cometen 12 millones de delitos al año, de los cuales no se denuncia 85% y sólo terminan en sentencia 120 mil, lo que significa que únicamente se castiga 1% del total de delitos cometidos.

La compra de policías, agentes del Ministerio Público, jueces y magistrados es una constante. La justicia se imparte casi siempre en subasta al mejor postor. Vivimos en una sociedad sin consecuencias. De 100 denuncias presentadas sólo una o dos terminan en castigo. En Japón de 100 denuncias que se presentan, 98 terminan en sanción. El proyecto del nuevo gobierno para la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción únicamente con facultades de sanción administrativa no es la solución al problema.

Partidos políticos y monopolios

En México, la frontera entre política y delincuencia es cada vez más difícil de definir. Y aunque el escenario oscuro que vivimos es responsabilidad de todos, gran par- te recae en los partidos políticos que se han convertido en mafias, una especie de cárteles que sólo buscan el beneficio que representa el presupuesto público como botín que se reparten de manera discrecional y cínica, sin rendir cuentas a la sociedad: Los recursos públicos destinados a procesos electorales entre 2000 y 2009 alcanzaron un monto de 158 mil millones de pesos.

Las campañas que vimos el año pasado se caracterizaron por todo tipo de delitos electorales cometidos por todos los partidos políticos sin excepción: Candidatos acusados de nexos con la delincuencia, grabaciones ilegales, manipulación de encuestas y padrones electorales, compra de votos, desvío de recursos públicos, amenazas, extorsiones y chantajes, asesinato de candidatos, uso de instrumentos del Estado a favor de ciertas corrientes, aplicación de recursos de fuentes ilícitas y entrega de bienes y servicios a cambio de votos.

En 2011 se publicó el Latinobarómetro sobre la Democracia en 18 países de América Latina, resultado de 20 mil 204 encuestas sobre confianza en las instituciones. La Iglesia, la radio y la televisión fueron las que más confianza merecieron, con calificaciones de 64, 49 y 48, respectivamente, en una escala de 100. El Poder Judicial, los sindicatos y los partidos políticos, con calificaciones de 29, 28 y 22, respectivamente, fueron las instituciones menos confiables para la sociedad.

Las fuerzas políticas no rinden cuentas y no permiten la fiscalización, ni como partidos políticos ni como fracciones parlamentarias, pues modificaron en su beneficio el artículo 2, fracción IX, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (Diario Oficial de la Federación del 29 de mayo de 2009).

Adicionalmente están los monopolios como los más grandes obstáculos para el desarrollo del país: Los públicos del petróleo y la energía eléctrica; los privados en la televisión, la telefonía y las telecomunicaciones y los sociales de los sindicatos del petróleo, de la energía eléctrica, de la educación, de la minería y otros que todos conocemos.

Malos gobiernos

El crecimiento económico en los últimos sexenios ha sido insuficiente. Desde el gobierno de José López Portillo (1976-1982), cuando hubo una tasa media anual de 6.55%, el crecimiento sexenal ha sido bajo: De 0.34% en el periodo de De la Madrid (1982-1988), 3.9% en el de Salinas de Gortari (1988-1994), 3.4% en el de Zedillo (1994-2000), 2.5% en el de Fox (2000-2006) y 2.1% en el de Calderón (2006-2012).

Así el crecimiento económico del país fue de sólo 2.4% como media sexenal en el periodo 1982-2012; es decir que en 30 años el crecimiento económico de México ha sido notoriamente insuficiente para impulsar el desarrollo. Hasta 2001 éramos la novena economía del mundo. En 2011 quedamos en el lugar número 14, según el Fondo Monetario Internacional.

Sólo con un crecimiento económico sostenido de 6% anual como mínimo podremos impulsar el desarrollo y aspirar a abatir la pobreza.

Otro de los grandes pendientes en materia de transparencia y rendición de cuentas lo representan los estados y municipios, los más observados por la ASF en la fiscalización de las cuentas públicas de la última década y que han sido obligados a devolver 29 mil 353 millones de pesos.

Al inicio de la administración 2005-2011 Coahuila tenía una deuda pública de 196 millones de pesos. Al cierre de 2010 ya era de 35 mil 641 millones de pesos, es decir 182 veces más. Esta información se le ocultó a la población, a los bancos y a la SHCP y se falsificaron documentos oficiales (decretos y autorizaciones) para obtener más créditos bancarios con el aval de Hacienda.

En este caso los funcionarios federales involucrados están presos pero los responsables estatales están libres. Se ampararon.

Coahuila recibió 45 mil 886 millones de pesos de participaciones federales entre 2006 y 2010. Sólo resta saber qué hizo con tantos recursos.

Según Hacienda, la deuda pública en las entidades federativas y los municipios creció casi cuatro veces: Pasó de 90 mil 731 millones de pesos en 2000 a 434 mil 762 millones al cierre de 2012.

En 1995 se entregaban a estados y municipios, entre participaciones y transferencias federales, 49 mil millones de pesos, en tanto que en 2012 fueron 1 billón 67 mil 314 millones; es decir 218 veces más en 17 años (2,178%).

Sin consecuencias

Para acabar con estas siete plagas México debe tomar medidas inmediatas. Entre ellas aprobar reformas en materia hacendaria, educativa, energética, laboral, electoral y de justicia; promover la competencia y terminar con los monopolios; reducir al menos a la mitad los recursos públicos destinados a procesos electorales; darle poder a la sociedad; otorgar autonomía constitucional a la ASF, al IFAI y al Ministerio Público y dar mayores facultades de sanción a las instituciones autónomas. La Comisión Nacional Anticorrupción no es la respuesta para abatir la corrupción y acabar con la impunidad.

También es preciso obligar a todos los grupos parlamentarios de ambas Cámaras a rendir cuentas detalladas de sus presupuestos y a ser sujetos de fiscalización, eliminando la discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos; asegurar la máxima transparencia, rendición de cuentas y fiscalización en el manejo de los recursos públicos en los gobiernos estatales y municipales a través de las reformas legales y normativas requeridas, y eliminar la excepción de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación para que los partidos políticos sean fiscalizados.

Asimismo, urge blindar a las instituciones autónomas de las injerencias de los actores políticos y crear contralorías sociales y observatorios ciudadanos que vigilen las políticas públicas.

Los imperativos

Pareciera que el país se ha convertido en una sociedad sin consecuencias, sin castigos; una sociedad que vive en la impunidad. Toda democracia política debe contar con la posibilidad legal e institucional de obligar a los hombres del poder a rendir cuentas a la sociedad, lo que debe constituirse en una de las condiciones de la democracia.

La transparencia y la rendición de cuentas no son una concesión graciosa de los gobernantes. Son un deber legal, ético y moral que ningún servidor público puede eludir.

La Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (que integra a 190 entidades fiscalizadoras superiores del mundo) ha considerado siempre el principio de autonomía como factor indispensable para asegurar que sus facultades se apliquen de manera objetiva e imparcial.

Con todo, debemos reconocer que en el país se han instrumentado acciones transcendentes en materia de contabilidad gubernamental, evaluación al desempeño y presupuesto basado en resultados. Por lo demás, se ha formado una buena cantidad de organizaciones civiles que vigilan políticas públicas diversas. Todas estas decisiones han permitido a la sociedad mexicana contar con información que antes desconocía.

Quizás los avances no sean suficientes para alcanzar una democracia plena pero sí son importantes, y van por el camino correcto, en el sentido de controlar al poder en beneficio del país y de todos los ciudadanos.

No obstante que el fortalecimiento de la ASF ha sido una constante, aún quedan acciones pendientes que deben ser impulsadas para lograr la consolidación institucional de los procesos de rendición de cuentas y fiscalización superior. Entre ellas, otorgar a la ASF autonomía constitucional y facultades para fincar responsabilidades administrativas sancionatorias y sujetarla, como a cualquier entidad pública, a los procesos de transparencia y rendición de cuentas y a un proceso externo de fiscalización que sea profesional e independiente.

Pareciera que la estrategia de gobierno y sus primeras acciones, que incluyen el Pacto por México, la reforma educativa, la ley de amparo, el fuero, la contabilidad gubernamental, el IFAI y las telecomunicaciones, entre otras, son adecuadas a la coyuntura política, económica y social del país. Sólo falta que los cambios sean verdaderos y no maquillajes que engañen nuevamente a la sociedad.

El presidente de México debe honrar el compromiso con la sociedad y dar resultados tangibles y mensurables que contribuyan a acabar con las grandes plagas que impiden el desarrollo de México. Y en 2018, al término de su mandato, deberá rendir cuentas como todo servidor público, pues recordemos siempre: El país es de todos los mexicanos y nunca debe ser patrimonio particular de nadie. Ω