No salgo de mi asombro. En las marchas que se han multiplicado a partir de los espantosos crímenes de Iguala, las quejas y las condenas —incluso el reclamo de que renuncie— se dirigen contra el presidente Enrique Peña Nieto, a pesar de que él no envió a los estudiantes desaparecidos y/o asesinados a la boca del lobo— lo hicieron los líderes estudiantiles de la Normal de Ayotzinapa—, no mandó detenerlos ni ordenó hacerles daño alguno, y de que el procurador Jesús Murillo Karam ha resuelto en lo esencial el caso y ha hecho detener a más de 70 involucrados.

Después de la noche de Tlatelolco se privó de la libertad a profesores y estudiantes con acusaciones absurdas. No fue consignado uno solo de los tiradores del Batallón Olimpia ni quien les dio la orden de disparar. Después del halconazo, a pesar de la promesa del presidente Luis Echeverría, no se detuvo a un solo halcón ni a quien organizó el ataque criminal. Por la matanza de Acteal fueron encarcelados indígenas inocentes y liberados muchos años después gracias a la brillante defensa del CIDE y a la resolución de la Suprema Corte de Justicia.

La monstruosidad de Iguala, en cambio, no quedará en la impunidad. En un país donde el 80% de los homicidios dolosos quedan impunes, no es un mérito menor que se haya detenido, no solamente a policías municipales y sicarios, sino al entonces alcalde de Iguala, a su mujer, a jefes de la policía municipal y a líderes del grupo Guerreros Unidos. Sin embargo, en las manifestaciones no falta la interpelación ¡Justicia para Ayotzinapa! El PRD reclama que se presente con vida a los desaparecidos. Curiosa postura. En primer lugar, fue una policía al mando de un alcalde perredista la que puso a los normalistas en manos de los asesinos. ¿Amnesia o cinismo? En segundo lugar, la posibilidad de presentar vivos a los desaparecidos no depende de la voluntad del Presidente ni del procurador sino de que no se les haya asesinado, y de acuerdo con las confesiones de varios pistoleros se les asesinó y se incineraron los restos la noche misma en que se les detuvo.

Es cierto que hay un hartazgo con la situación de violencia extrema que se padece en varias entidades del país, lo que ha producido muchas muertes y ha deteriorado la calidad de vida de los habitantes al arrebatarles la tranquilidad, bien indispensable para poder disfrutar de los demás bienes. Pero esa situación no la generó el actual gobierno federal: la heredó. Y si bien es al gobierno al que corresponde brindar seguridad pública, ese no es un objetivo —dado el desmesurado nivel de criminalidad que se registra desde el sexenio pasado— alcanzable en un par de años… ni, lamentablemente, en varios más.

¿Por qué entonces el blanco de las voces descalificadoras es el Presidente? Me queda claro, tenebrosamente claro, que entre los convocantes a las marchas hay quienes quieren rentabilizar los delitos de Iguala. Pero que decenas de miles se sumen al clamor derogatorio requiere otra explicación. ¿Se sigue considerando que el Presidente es el gran tlatoani, omnipotente y, por tanto, responsable de todos los bienes y todos los males? ¿El verdadero móvil es el rechazo a las reformas modernizadoras? ¿A la exhibida casa de la primera dama? ¿Al aumento de impuestos? ¿O se reproducen los reclamos por inercia, al calor del frenesí que suscita la protesta?