Luis de la Barreda Solórzano
No salgo de mi asombro. En las marchas que se han multiplicado a partir de los espantosos crímenes de Iguala, las quejas y las condenas —incluso el reclamo de que renuncie— se dirigen contra el presidente Enrique Peña Nieto, a pesar de que él no envió a los estudiantes desaparecidos y/o asesinados a la boca del lobo— lo hicieron los líderes estudiantiles de la Normal de Ayotzinapa—, no mandó detenerlos ni ordenó hacerles daño alguno, y de que el procurador Jesús Murillo Karam ha resuelto en lo esencial el caso y ha hecho detener a más de 70 involucrados.
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Eduardo Galeano escribió en La Jornada que “el presidente Peña Nieto, recién regresado de China, advertía que esperaba no tener que hacer uso de la fuerza, en tono de amenaza”. Pero cualquiera que haya escuchado o leído las palabras del Presidente se habrá dado cuenta de que se refería a quienes, aprovechando las marchas de las últimas semanas, han cometido actos vandálicos que no pueden ser tolerados en ningún Estado de derecho. Algo más dijo el Presidente: al no permitirse los actos de violencia de unos pocos, se estará protegiendo el derecho de todos a manifestarse pacíficamente.
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En todas partes existen grupos que pretenden imponer su visión del mundo al conjunto de los miembros de la comunidad. Se trata de fanáticos religiosos o políticos —en todo caso, creyentes— que dedican su vida al objetivo de que las cosas sean como deben ser de acuerdo con su ideal de sociedad. Claro, cada quien puede consumir sus días luchando por lo que juzga apetecible.
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Contra los juicios inquisitoriales
Hasta mediados del siglo XVIII, las más aberrantes muestras de autoritarismo, sinrazón y atropello a la dignidad humana se producían en los juicios penales, basados en la delación, la incertidumbre (los gobernados no sabían qué conductas eran delitos, y una blasfemia o una herejía podían castigarse con la muerte), la tortura y la ausencia de defensa.
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