Uno de los pasajes más oscuros de este año en la vida pública mexicana ha sido el ataque del gobierno federal a los organismos autónomos, en especial a los protectores de derechos humanos, señaló Kenia López, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, al rendir su primer informe de labores.

            La legisladora lamentó que el Presidente de la República haya rechazado la recomendación 29/2019 relativa a la cancelación del apoyo a las estancias infantiles, a pesar de que, en diciembre pasado, se comprometió a cumplir todas las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y que los senadores del partido oficial desecharan la solicitud de Luis Raúl González, presidente de la CNDH, de llamar a comparecer a los servidores públicos que no la aceptaron.

            “Cada golpe a la CNDH —advirtió Kenia López— es un golpe a la democracia y cada golpe a la democracia nos acerca más al autoritarismo”. La senadora fue contundente: un Poder Legislativo sin autonomía o independencia de gobiernos o autoridades, del corte ideológico que sean, no conviene a nadie, debilita la institucionalidad democrática y abre la puerta a decisiones autoritarias en las que aun los propios derechos humanos pueden desconocerse, relativizarse o dejarse de lado.

            Por su parte, en el mismo acto, Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, citó a Montesquieu —todo estaría perdido si el mismo hombre, ya sea de nobles o de pueblo, ejerciera los tres poderes— y subrayó que, además de la división de poderes, es de gran importancia un sistema de instituciones y organismos autónomos para el funcionamiento del Estado y para la protección de derechos de sus ciudadanos.

            A los gobiernos autoritarios se les indigesta que los defensores de los derechos les señalen sus arbitrariedades y los urjan a enmendarlas. Prefieren que todos sus actos sean objeto de aplausos incondicionales. Las críticas no les hacen la menor gracia, y quien no está dispuesto a escuchar las críticas es incapaz de ejercer la autocrítica. Entonces, los gobernantes autoritarios son como diosecillos seguros de que no tienen que rendir cuentas de sus actos ni rectificarlos por indefendibles que sean.

            El ombudsman no es enemigo de las autoridades, sino de los atropellos perpetrados por las autoridades. Sus recomendaciones son una luz de bengala, una llamada de atención a los servidores públicos a fin de que corrijan sus actos u omisiones violatorias de derechos. Por tanto, un gobernante que simpatice con la causa de los derechos humanos tendría que ver al ombudsman como un aliado, pues le señala aquello que debe enmendarse.

            Irritados porque la CNDH, actuando con profesionalismo y autonomía, señala las tropelías del gobierno actual —como lo hizo con los gobiernos anteriores—, los legisladores del oficialismo preparan el mazazo para terminar con una institución que presta un servicio invaluable a los gobernados, pero que a ellos, como al Presidente de la República y a sus colaboradores, les incomoda.

            Existe una malhadada iniciativa conforme a la cual la CNDH y los organismos públicos locales de derechos humanos desaparecerían y en su lugar se crearía una Defensoría del Pueblo, de la que seguramente se esperaría una absoluta obsecuencia, tal como la institución del mismo nombre del régimen venezolano, esa abyecta tiranía reconocida por nuestro gobierno (¡agggh!). Pero un ombudsman es plenamente autónomo o no es un auténtico ombudsman.

            Ninguna dictadura tolera a un ombudsman auténtico. Esta institución les resulta totalmente insoportable a dictadores de todo signo ideológico porque refleja —en sus recomendaciones— el rostro distorsionado de los abusos de poder para así paralizarlos, como hizo el escudo de Perseo con la Gorgona.

            Son de enorme valor las palabras de la senadora Kenia López, pero hace falta más, mucho más en defensa de la CNDH y los organismos públicos defensores de derechos humanos de las entidades federativas. Los partidos de oposición —¡vive Dios, todavía existen! (o al menos eso creo)— y las ONG debieran convocar a una gran manifestación de apoyo a esas instituciones que promueven y defienden uno de los productos más valiosos del proceso civilizatorio, y de repudio a la iniciativa que busca aniquilarlos.

El Conacyt ha anunciado que, salvo para proyectos específicos, dejará de transferir recursos económicos —para nóminas, viáticos, etcétera— al Foro Consultivo Científico y Tecnológico. La doctora Julia Tagüeña, coordinadora del Foro, advirtió que éste desaparecería si se le priva de recursos, con lo cual se suprimiría la voz de la comunidad científica.

            Previamente, una carta suscrita por investigadores y profesores de universidades, centros públicos de investigación, institutos nacionales de salud y de educación superior —que ha sido entregada al Presidente de la República, los legisladores, la Secretaría de Educación Pública y el Conacyt— señala que en el actual gobierno se ha visto en forma creciente la falta de confianza en la ciencia mexicana como factor de progreso para el desarrollo nacional y una reducción de los recursos públicos destinados a su apoyo y promoción.

            Muchos investigadores votaron por Andrés Manuel López Obrador seguramente atraídos por la promesa de campaña de promover la ciencia y la educación. Los dejó estupefactos el memorándum en el que el Presidente ordenó una drástica reducción de los fondos para todos los centros de investigación apoyados por el Conacyt: entre 30 y 50 por ciento. El presupuesto del Conacyt se redujo en 12 por ciento.

            El efecto de esta medida, advierte Antonio Lazcano, distinguido científico mexicano especializado en biología evolutiva, será devastador: “… la investigación básica y aplicada en todas las disciplinas, desde física, electrónica y energía hasta ecología, geología y enfermedades, se deteriorará rápidamente”. Los recortes afectarán asuntos tan importantes como la seguridad alimentaria, el monitoreo de la actividad sísmica, la vigilancia de epidemias y la investigación de la biodiversidad, entre otros (Science, 26 de julio de 2019).

            Desde el gobierno se ha difundido una imagen de los investigadores y los docentes como élite privilegiada, partícipe y beneficiaria de excesos, corrupción y despilfarro de recursos públicos. De conformidad con esa visión distorsionada, los salarios de los investigadores se han reducido y su seguro médico ha sido cancelado. Los que no contaban con plaza definitiva han sido despedidos. A algunos centros de investigación no les alcanza para pagar el agua y la electricidad.

            Los investigadores mexicanos, desde siempre, han trabajado con presupuestos restringidos, los cuales se asignan y se auditan por los órganos académicos y administrativos de sus instituciones y del Conacyt, y los productos de sus investigaciones son evaluados por instancias de estricto control académico tanto interno como externo. De estas evaluaciones dependen en buena medida sus ingresos, que en ningún caso son excesivos.

            La carta asevera que los fuertes recortes presupuestales al sistema de ciencia, tecnología, salud y educación superior atentan contra el país, contra los objetivos proclamados por el gobierno de un desarrollo con igualdad, equidad, justicia y abatimiento de la corrupción. Los firmantes hacen 10 peticiones, todas ellas razonables.

            Solicitan que gradualmente se alcance la inversión del uno por ciento del PIB en ciencia y tecnología, tal como se ordena en la ley, y que se fomente la inversión privada para que sea parte importante en los recursos invertidos en este rubro; que se hagan transparentes los criterios de asignación y flujo de esos recursos, incluyendo los que maneja el Conacyt; que se modifique el “discurso denostador” acerca de los científicos y académicos; que se reviertan los recortes y los despidos en los centros públicos de investigación y docencia.

            Solicitan asimismo que se aseguren los recursos para el sector salud, incluyendo los de los institutos nacionales especializados, que permitan atender las apremiantes necesidades en la materia; que se respete la autonomía de las universidades públicas; que se asegure la correspondencia entre presupuesto y crecimiento de la matrícula en las instituciones públicas de investigación y educación superior; que no se afecten los derechos e ingresos de los académicos, y que se aumente el presupuesto de las universidades públicas a fin de que se remunere dignamente a los profesores de asignatura.

            La carta cuenta hasta el momento con 13,000 adhesiones. Nadie podría negar honestamente la justa pertinencia del reclamo.

Las normas penales han de ser elaboradas con escrupuloso cuidado, pues las sanciones que establecen son las más severas de todo el ordenamiento jurídico. Su contenido ha de ser respetuoso de todos los principios del derecho penal ilustrado, el que empezó a surgir en el siglo XVIII en oposición a la bárbara justicia inquisitorial.

            Sólo deben castigarse las conductas antisociales más nocivas, siempre y cuando estén previstas con precisión en la ley —legalidad—, con sanciones que correspondan a su gravedad —proporcionalidad— y sólo una vez que la autoridad judicial haya condenado al acusado —presunción de inocencia.

            Si esos principios no se observan rigurosamente por parte de los legisladores o de los jueces, el derecho penal pasa de ser la rama del derecho que protege razonable y justamente los bienes jurídicos más importantes contra las agresiones más intolerables a un instrumento de represión antidemocrática.

            La deriva autoritaria del partido en el gobierno está desconociendo en varios casos la vigencia de esos principios —todos ellos consagrados en nuestra Constitución— al impulsar reformas inquisitoriales a la legislación penal.

            En Tabasco se ha reformado el Código Penal aumentando desmesuradamente las punibilidades asignadas a quienes impidan o traten de impedir, sin facultad legal, la ejecución de trabajos u obras públicos ordenados o autorizados por la autoridad competente, y a quienes obstaculicen alguna vía de comunicación.

            Lo primero que llama la atención, inevitablemente, es que algunas de esas conductas son las que realizaba impunemente el ahora Presidente de la República como formas de hacer política. ¿Quién no recuerda la “toma” del Paseo de la Reforma, que hizo quebrar a tantos comerciantes y restauranteros, y les volvió la vida imposible a un sinnúmero de automovilistas?

            Claro que esas conductas deben ser castigadas, pero mientras la oposición a que se ejecute cierta obra o trabajo público se sancionaba sólo con semilibertad hasta de seis meses, salvo si participaban varias personas o se empleaba violencia, en cuyo caso la máxima punición podía ser de tres años de prisión, con la reforma la pena alcanza hasta ¡13 años de cárcel! Por lo que hace a la obstaculización de una vía de comunicación, anteriormente la punibilidad máxima privativa de libertad era de 4 años, y ahora es de ¡8 años!

            La reforma viola el principio de proporcionalidad entre la gravedad del delito y la magnitud de la pena, pues las conductas a que me he referido podrían ser ahora objeto de condenas similares o aun superiores a las del homicidio doloso, que, por razones obvias —la vida es el bien de mayor valor—, es el delito más dañino de todos.

            Por otra parte, el Congreso de la Unión ha aprobado la Ley Nacional de Extinción de Dominio, figura en virtud de la cual un individuo, sin que un juez lo haya condenado como culpable de un delito, puede ser privado de bienes que, se sospeche, sean producto o instrumento de un hecho ilícito o estén destinados a cometerlo. ¡Incluso el propietario de un inmueble podría perderlo si en éste el arrendatario hubiese realizado alguna actividad delictiva!

            La ley aumenta el catálogo de supuestos en los cuales es aplicable esa arbitraria medida, entre los cuales se encuentran los “hechos de corrupción” y los delitos cometidos por servidores públicos. Ni unos ni otros son delitos específicos sino categorías de delitos, por lo que se viola el principio de legalidad. En efecto, no existe el tipo legal de corrupción, la cual se tipifica en múltiples figuras delictivas, ya que puede adoptar infinidad de manifestaciones. Y los delitos cometidos por servidores públicos abarcan supuestos de muy diversa gravedad, desde conductas que no son extremadamente perniciosas (por ejemplo, solicitud de una dádiva no cuantiosa) hasta otras que causan un perjuicio considerable (por ejemplo, el secuestro).

            Finalmente, el Congreso de la Ciudad de México analiza una iniciativa claramente inconstitucional conforme a la cual quitar sellos de clausura de un inmueble daría lugar ¡a que el propietario lo perdiera!, con lo cual se violaría, asimismo, el principio de proporcionalidad: una conducta que amerita una sanción administrativa, no penal, se castigaría con esa desmesurada pena.

            Parece que Stalin inspiró a los legisladores.

Destruir todo lo anterior por la única razón de que no es obra propia es una actitud en la que se mezclan el prejuicio, la soberbia, el narcisismo y la necedad obstinada.

            Es una forma de sentirse Dios. Dice el Génesis: “Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida; porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra… Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo; todo lo que hay en la tierra morirá”.

            Es también un proceder cuyos motivos son semejantes a los del amante presa de celos retrospectivos. Dice el popular bolero de Vicente Garrido: No me platiques más. / Déjame imaginar / que no existe el pasado / y que nacimos / el mismo instante / en que nos conocimos.

            Seis exsecretarios de Salud —los doctores Guillermo Soberón, Julio Frenk, José Ángel Córdova, Mercedes Juan y José Narro, y el maestro Salomón Chertorivski— hicieron pública una carta en la que se manifiestan contra la desaparición del Seguro Popular. ¡Seis exsecretarios de Salud! ¡Quién mejor que ellos podría conocer el funcionamiento de ese seguro, sus logros, sus limitaciones!

            Era de esperarse que, por lo menos, el Presidente los escuchara, que dialogara con ellos, que sopesara sus razones, que se diera a sí mismo una oportunidad de recapacitar y, si los argumentos de los firmantes de la carta resultaban convincentes, rectificara.

            Pero la carta, lejos de obtener la atención deferente que ameritaba, recibió respuestas insolentes, insidiosas y mendaces de parte de diversos funcionarios del gobierno.

            Se aseveró que quienes suscriben la misiva no cuentan con la información pertinente. Pero todos ellos ocuparon el cargo de mayor responsabilidad en materia de salud y por lo menos uno de los firmantes, el doctor Julio Frenk, ha dedicado muchos años a estudiar los sistemas de salud de México y el resto del mundo.

            Se descalificó a los autores de la carta con el señalamiento de que han militado o militan en partidos políticos distintos del que ahora gobierna. Pero, por una parte, la militancia no desmiente los argumentos. Además, dos de los exsecretarios jamás han sido miembros de algún partido político. Por increíble que parezca, tal descalificación proviene del doctor Juan Ramón de la Fuente. Advierte Raúl Trejo Delarbre: “De la Fuente… tiene una trayectoria política en donde ha asumido compromisos con tanta o más disciplina (por lo visto, ahora más allá de razones y hechos) que la que exige la militancia partidaria” (La Crónica de hoy, 12 de agosto).

            Se ha dicho que hubo una alianza entre el Seguro Popular y el capital privado, pero no hay un solo indicio de que así sea. Por el contrario, la Organización Mundial de la Salud observa que el gasto privado como porcentaje del gasto total en salud ha disminuido desde que se instauró el Seguro Popular.

            En una de sus conferencias “mañaneras”, el Presidente, quien se ha solazado en la cantinela de que el Seguro Popular ni es seguro ni es popular, afirmó que este programa es lo más ineficiente que ha existido. Sin embargo, el más reciente informe del Coneval ofrece una evidencia irrefutable: la carencia por acceso a servicios de salud en México se redujo de 42.8 millones de personas en 2008 a 19.1 en 2016. Un logro espectacular: en ocho años esa carencia disminuyó en más de 50 por ciento.

            El Seguro Popular beneficia a 53 millones y medio de afiliados, de los cuales casi 30 millones se encuentran entre los mexicanos más pobres. Quienes viven en los hogares de ingresos más bajos, menos de ocho mil 900 pesos por familia, no pagan cuotas.

            Entre las enfermedades y trastornos graves y costosos que cubre el Seguro Popular se encuentran el cáncer, la hepatitis C, el VIH/sida, las malformaciones congénitas y el infarto agudo al miocardio en menores de 65 años. El fondo de protección contra gastos catastróficos otorga servicios médicos de alta especialidad a los beneficiarios del Seguro Popular que padecen enfermedades que, de no contarse con el seguro, acabarían con el patrimonio familiar, el cual incluso resultaría insuficiente.

            Pero ni los hechos constatables ni los conocimientos y las advertencias de los expertos importan al Presidente, quien siempre tiene otros datos y está dominado por la obsesión de destruir todo lo anterior a su gobierno.

El proceso a Rosario Robles presenta anomalías no sólo desde su inicio, sino antes aun de iniciarse. El juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de Dolores Padierna, debió excusarse de conocer del caso por su parentesco con una persona respecto de quien existen evidencias de todos conocidas de su animadversión por la inculpada.

            Es verdad, como lo ha señalado el Consejo de la Judicatura Federal, que Delgadillo Padierna fungió como juez de control y no podrá conocer del asunto en la etapa del juicio. Pero tuvo y ejerció una facultad que causó grave perjuicio a Robles: le impuso prisión preventiva, cuya vigencia “será por todo el tiempo que dure el proceso”.

            La razón para imponer esa medida cautelar fue que la inculpada “carece de arraigo” en la Ciudad de México, pues existe un informe del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) donde consta que recientemente tramitó una licencia de conducir “en (sic) un domicilio diferente. Lo que implica —colige el juez— mentir sobre su residencia y equivale a presunción de riesgo. Hay probabilidad de que pueda darse a la fuga, tiene los medios y los contactos”.

            La resolución es indefendible. Rosario Robles vive y ha vivido durante los últimos 24 años en esta ciudad. En su descuidada redacción, el juez no precisa a qué se refiere cuando dice que la licencia se tramitó “en” un domicilio diferente: ¿diferente a qué?

            El Consejo de la Judicatura Federal justifica al juez: la prisión preventiva procede, aduce, con fundamento en el artículo 168 fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales, “con motivo de haberse presentado dos domicilios distintos entre el declarado por la imputada y el que obra en poder de las autoridades”. Pero una persona puede residir alternadamente en dos o más domicilios.

            El código permite la imposición de la prisión preventiva en delitos para los cuales no es oficiosa (obligatoria) por “la falsedad sobre el domicilio”. No está acreditado que el domicilio del que la inculpada informó al juez sea falso. En todo caso, correspondía al juez acreditar la falsedad acudiendo al domicilio supuestamente falso a constatar, por ejemplo, que se trata de un lote baldío o que allí no se conoce a Rosario Robles.

            Además, el juez, al imponer la prisión preventiva, no invocó la disposición legal que le sirve de fundamento (el artículo 168 fracción I del código a que alude el Consejo de la Judicatura Federal), con lo cual incumplió con el deber de fundamentar un acto de autoridad como lo ordena el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, el juez dictó la más extrema de las medidas cautelares, la que consiste en privar de la libertad a la inculpada, sin fundamentar la resolución.

            Un punto de crucial importancia: Rosario Robles no fue aprehendida en un lugar en el que se encontrara oculta sino que compareció voluntariamente ante el juez, regresando del extranjero, lo que muestra su propósito de no darse a la fuga. La prisión preventiva, por tanto, resultaba inaplicable.

            Otro aspecto inadmisible: durante la audiencia, tanto los fiscales como el juez se dirigieron a la inculpada en términos humillantes, lo que es absolutamente inadmisible. ¿Un juez imparcial humilla al inculpado?

            Todas las anomalías aquí expuestas han vulnerado el principio de imparcialidad en el proceso a Rosario Robles. La resolución del juez debe revocarse a fin de que sea procesada en libertad.

            Hace dos décadas, cuando Rosario Robles era jefa de Gobierno y yo presidente de la Comisión de Derechos Humanos, ambos del Distrito Federal, le demostré en su propia oficina que la acusación contra los inculpados por el homicidio de Paco Stanley, animador de Televisión Azteca, era falsa. Punto por punto le expliqué las incongruencias de esa acusación. Me respondió que ella no permitiría que una muchacha inocente —Paola Durante— estuviera presa.

            Pero nuestra recomendación a la Procuraduría de Justicia de que desistiese de la acción penal molestó al procurador Samuel del Villar y, por no contrariarlo, la jefa de Gobierno dejó en prisión a esa muchacha inocente y a sus coinculpados. En aquel caso no eran sólo irregularidades de procedimiento sino una infamia que ella permitió. Quizá lo haya recordado en estos días en el reclusorio.