8 de junio de 2020
Comunicado 129/20

Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su más enérgica condena por el cruel asesinato de George Floyd a manos de la policía, la violencia sistémica contra las personas afrodescendientes, la impunidad y el uso desproporcionado de la fuerza policial contra manifestantes en Estados Unidos, en particular cuando se trata de personas afrodescendientes. La Comisión insta al Estado a combatir y erradicar la discriminación racial histórica y otras formas de discriminación a las que han sido sometidas las personas afroamericanas en ese país, y adoptar medidas urgentes para garantizar la igualdad; así como a poner fin a la violencia y a la impunidad policial como elemento sintomático de la persistencia de esta discriminación basada en el origen étnico-racial. La CIDH recuerda que estos patrones fueron expuestos oportunamente en su informe temático Afrodescendientes, violencia policial, y derechos humanos en los Estados Unidos (2018).

La CIDH reafirma que el asesinato de George Floyd (Minessota, 2020), así como los de Trayvon Martin (Sanford, 2012), Michael Brown (Missouri, 2014), Eric Garner (Nueva York, 2014), Tamir Rice (Ohio, 2014), Alton Sterling (Los Angeles, 2016), Philando Castile (Minesota, 2016), Terence Crutcher (Oklahoma, 2016), Breonna Taylor (Kentucky, 2020), así como todos los demás asesinatos de personas afrodescendientes a causa de violencia racial policial, no son hechos aislados de violencia, sino que hacen parte de un proceso histórico y estructural de discriminación basado en el origen étnico-racial en los Estados Unidos, que se manifiesta de manera sistemática. La Comisión observa que estos graves delitos se enmarcan en un contexto de impunidad histórica y de insuficiente o nula rendición de cuentas por parte del sistema de justicia penal y de las instituciones policiales, respectivamente.

La CIDH entiende que la abolición de la esclavitud no acabó con la estigmatización y el tratamiento diferenciado y de exclusión hacia las personas afrodescendientes. En este sentido, el fin de esta práctica inaceptable no llevó la realización plena de los derechos de los afroamericanos –sin distinción de raza, color u origen étnico–, a la igualdad y la no discriminación para estas personas; este proceso sólo puso fin al trabajo forzoso al que estaban sometidas, en tanto que las medidas positivas adoptadas en algunos períodos históricos no han sido suficientes para ayudar a superar las estructuras socioeconómicas y culturales, las cuales configuran la actual situación de discriminación estructural, así como todas y cada una de las doctrinas de superioridad basadas en diferencias raciales que son socialmente injustas, peligrosas y moralmente reprobables.

En distintas oportunidades, la Comisión ha advertido sobre el racismo que permea las instituciones del Estado y se manifiesta en el incremento de casos relacionados con abusos policiales y la práctica de perfiles raciales; la militarización de las fuerzas policiales; la impunidad en los casos de homicidios cometidos por agentes policiales; y el uso excesivo de la fuerza por órganos de seguridad frente a los ciclos de protesta que se ponen de manifiesto por esta razón.

Las consecuencias de la discriminación estructural promueven las disparidades raciales en la práctica de arrestos penales, juzgamiento y condenas a penas de prisión de manera desproporcionada; afectando de manera diferenciada derechos tales como la libertad personal, el acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva y la igualdad ante la ley de las personas afroamericanas.

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http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/129.asp
(26/06/2020)