4 de junio de 2020
Comunicado 127/20
Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publica el informe de país “Situación de Derechos Humanos en Cuba”. La Comisión presenta un panorama general de la situación de derechos humanos en el Estado cubano durante el periodo 2017 a 2019, en el que identifica la falta de participación política y elecciones libres por la persistencia de un partido único, así como la falta de disposiciones para asegurar la separación de los poderes, mediante una Asamblea Nacional que sigue detentando varias potestades, y la falta de condiciones que brinden garantías para la independencia judicial. Asimismo, la CIDH releva la situación de especial riesgo que enfrentan algunos grupos situacionales, en particular las personas defensoras de derechos humanos, activistas y opositores, quienes serían víctimas de detenciones arbitrarias de corta duración, procesos de criminalización y persecución judicial. La CIDH formula una serie de recomendaciones al gobierno en la materia.
La CIDH ha dado seguimiento constante a la situación de los derechos humanos en Cuba, en virtud del mandato que le otorga la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre. La Comisión ha monitoreado la situación de derechos humanos en Cuba a través de sus diferentes mecanismos de protección. Desde 1960 hasta 1983 la CIDH publicó siete informes de país. Desde 1985, la CIDH ha incluido a Cuba ininterrumpidamente en el Capítulo IV B de su Informe Anual por considerar que en el país no existen los elementos fundamentales e instituciones inherentes a una democracia representativa, no hay independencia judicial, existen limitaciones a la separación de poderes y se registran constantes restricciones al ejercicio de los derechos políticos y a la libertad de expresión, además de violaciones graves, masivas y sistemáticas a derechos enunciados en la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre.
La CIDH destaca que hace 37 años no elaboraba un informe de país bajo el artículo 60 de su Reglamento. La Comisión realiza este informe ante la falta de anuencia del Estado cubano para que la misma pueda realizar una visita de observación y por la preocupante información recibida sobre la grave situación de derechos humanos en ese país. Para la elaboración de este informe, la CIDH ha sistematizado y analizado la información recibida respecto a la situación de los derechos humanos en Cuba entre el 2017-2019. La Comisión se ha valido de las investigaciones realizadas de oficio, los insumos provenientes de los diferentes mecanismos a través de los cuales la CIDH ha dado seguimiento a la situación en el país tales como audiencias públicas, medidas cautelares; peticiones y casos; notas periodísticas, incluyendo la prensa oficial cubana, decisiones y recomendaciones de organismos internacionales especializados, entre otros. En particular, el informe incluye la información obtenida de 55 entrevistas a personas cubanas que habitan o han vivido en la isla en algún momento de los últimos tres años.
En su informe, la Comisión destaca la inexistencia de espacios plurales de participación política. La existencia de un régimen de partido único constituye una seria restricción a la participación de las personas con convicción política diferente para participar en los asuntos públicos y cargos representativos. Además, autoridades como la Asamblea Nacional del Poder Popular siguen dotadas de amplias facultades para la toma de decisiones públicas que desdibujan los elementos característicos de un sistema de separación de poderes. Asimismo, persisten la falta de condiciones que brinden garantías para la independencia judicial, en especial en casos de activistas y opositores.
La CIDH enfatiza que Cuba sigue siendo el único país del Hemisferio en el cual no existe ningún tipo de garantías para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y mantiene su preocupación por las graves afectaciones a la libertad de opinión, expresión y difusión.
En el informe la Comisión analiza el proceso de reforma constitucional. Si bien la CIDH saluda la inclusión de varios derechos humanos y garantías en la Constitución, resalta la importancia de su efectiva implementación. Asimismo, observa con preocupación la jerarquía que se le otorga a la Constitución por encima de los tratados internacionales. El proceso de reforma constitucional representó además una oportunidad única para proscribir la pena capital como sanción penal, pero ésta no fue contemplada y si bien no está proscrita per se en la Declaración Americana, la Comisión ha indicado que eso no exime a los países de los estándares y protecciones de la Declaración.
Para seguir leyendo el comunicado:
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/127.asp
(26/06/2020)