Nadie puede poner en duda que el crimen de la noche triste de Iguala es uno de los más crueles y repugnantes de la historia del país, aun cuando, lamentablemente, no han escaseado en nuestra historia otras atrocidades monstruosas.
Todos los esfuerzos por seguir descubriendo los detalles de lo que sucedió aquella noche están plenamente justificados, pero una cosa es buscar la verdad a través de las evidencias y otra, muy distinta, influir para acomodar “la verdad” a determinados intereses o a una visión prejuiciada de los hechos. La verdad se modifica con el hallazgo de nuevas pruebas; el acomodo de “la verdad” cambia de acuerdo con los intereses estratégicos.
Si en la investigación sobre lo sucedido con los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa se obtuvieron confesiones por medio de la tortura, esas declaraciones son inválidas y, desde luego, los servidores públicos que presuntamente ordenaron, realizaron o consintieron ese abuso deben ser sometidos al procedimiento penal correspondiente.
Pero de ahí no se sigue que toda la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) tenga que desecharse, lo que ocasionaría que todos los inculpados, más de 120, quedaran en libertad. Se cuenta con pruebas sólidas que fortalecen la versión oficial, como los registros de los teléfonos celulares que se hallaron en poder de sicarios de Guerreros Unidos y los mensajes de Blackberry exhibidos en un juicio en Chicago a miembros de esa organización que confirman que los estudiantes fueron confundidos con integrantes del grupo rival Los Rojos.
Recordemos que se identificaron plenamente los restos de una de las víctimas ––fue imposible identificar con precisión a otros–– y que el equipo de forenses argentinos dictaminó que “la mayoría de los restos óseos de la retícula del basurero de Cocula presentan uno o varios tipos de fracturas asociados a alteración térmica”. El dictamen señala el hallazgo de restos humanos quemados.
Cuando Sergio Sarmiento le preguntó a Mercedes Doretti, del equipo forense argentino, si se pudo haber registrado la quema de cadáveres, ella respondió: “Es importante no cambiar las hipótesis por como venga la evidencia” (sic). ¡Increíble! Es exactamente al revés: las hipótesis deben cambiar según las pruebas que se vayan obteniendo. Así funciona la ciencia y así se debe procurar justicia.
La resolución del Primer Tribunal Colegiado del XIX Circuito, radicado en Reynosa, Tamaulipas, ordena la creación de una comisión de la verdad para reponer íntegramente la investigación del caso, la cual estaría integrada por representantes de las víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y le daría instrucciones al Ministerio Público, ya que “lamentablemente no contamos —se duele el fallo— con una fiscalía independiente”. ¿Tenía facultad legal el Tribunal para ordenar tal cosa? Ya ha respondido la PGR que no es posible ni jurídica ni materialmente cumplir esa sentencia.
En lugar de hacer del Ministerio Público un mero seguidor de las instrucciones de la comisión de la verdad, privándolo así de la facultad que le otorga la Constitución de perseguir delitos, y suponiendo que un tribunal pueda darle indicaciones sobre cómo mejorar su tarea, ¿no hubiera sido más adecuado que le sugiriera qué nuevas diligencias tendría que realizar? ¿No hubiera sido mejor que le aconsejara contratar a los mejores investigadores?
¿No atenta contra la autonomía de la CNDH ordenarle que participe en una comisión que investigaría delitos? Si alguien considerara que esa comisión está violando sus derechos, ¿cómo podría quejarse ante la CNDH, ya que ésta sería parte de esa comisión? ¿No se estarían desnaturalizando las funciones del ombudsman?
¿La comisión de la verdad actuaría motivada por el afán de aclarar exhaustivamente lo sucedido o predominarían los intereses de quienes desde un principio sentenciaron que “fue el Estado” para imponer una versión que les fuese políticamente conveniente?
Si la investigación no va a ser conducida por investigadores expertos independientes —no sólo del gobierno sino de toda visión prejuiciada— esa comisión de la verdad, paradójicamente, nos alejaría de la verdad.