Ginebra – En al menos ocho países, durante los últimos cinco años se han practicado exámenes anales forzados a mujeres transgénero y a hombres acusados de mantener relaciones consentidas con personas del mismo sexo, señaló Human Rights Watch en un informe difundido hoy. Estos exámenes carecen de valor probatorio y son una forma de trato cruel, inhumano y degradante que, en algunos casos, puede constituir tortura.
El informe de 82 páginas, “Ultraje a la dignidad: Exámenes anales forzados en procesos penales por homosexualidad”, se preparó a partir de entrevistas efectuadas a 32 hombres y mujeres transgénero que fueron sometidos a revisiones anales forzadas en Camerún, Egipto, Kenia, el Líbano, Túnez, Turkmenistán, Uganda y Zambia. En estos exámenes, cuyo supuesto objetivo es encontrar “pruebas” de conducta homosexual, los médicos y otro personal de salud a menudo introducen de manera forzada sus dedos, o a veces otros objetos, en el ano de las personas acusadas. Diversas víctimas de pruebas anales forzadas dijeron a Human Rights Watch que los exámenes fueron dolorosos y degradantes, y para algunas la experiencia había sido vivida como una forma de violencia sexual.
“Los exámenes anales forzados son una práctica invasiva, ultrajante y absolutamente denigrante, que viola claramente las obligaciones de derechos humanos de los gobiernos”, manifestó Neela Ghoshal, investigadora sénior del programa de derechos de lesbianas, gais, bisexuales y personas transgénero (LGBT) de Human Rights Watch. “En 2016, ninguna persona debería ser sometida a exámenes tortuosos y degradantes fundamentados en teorías desacreditadas de hace 150 años”.
Los exámenes se justifican apelando a teorías del siglo XIX totalmente desacreditadas, que sostenían que era posible identificar a homosexuales en función del tono del esfínter anal o la forma del ano. Los expertos internacionales en medicina forense han concluido que, además de crueles y degradantes, los exámenes no tienen utilidad alguna. Esta conclusión fue compartida incluso por varios profesionales médicos entrevistados por Human Rights Watch que habían efectuado estos exámenes anteriormente.
Las normas internacionales de derechos humanos prohíben la tortura, así como los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Estas prohibiciones se reflejan de manera expresa en las leyes internas de países que, sin embargo, han permitido que se llevaran a cabo exámenes anales forzados. El Relator Especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes ha concluido que los exámenes resultan “invasivos y degradantes” y son “carentes de valor médico”, además de constituir “tortura o maltrato”. El Independent Forensic Expert Group se refiere a estos exámenes como “una forma de agresión sexual y violación”.
El personal médico que practica voluntariamente exámenes anales forzados actúa en violación de los principios internacionales de ética médica, incluida la prohibición de que los trabajadores de la salud participen de cualquier modo en actos de tortura o tratos degradantes.
“Me sentí como un animal. Sentí que no era humano”, expresó “Mehdi”, un estudiante tunecino que, en diciembre de 2015, fue sometido a un examen anal. “Luego de vestirme, me esposaron, y al salir estaba completamente conmocionado. No podía asimilar lo que estaba sucediendo”.
“Louis”, quien fue sometido a un examen anal forzado en Camerún en 2007, cuando tenía 18 años, dijo nueve años después a Human Rights Watch: “Todavía tengo pesadillas sobre el examen. A veces, me quedo despierto durante la noche pensando en ello. Nunca creí que un médico podría hacerme algo así”.
Algunos países donde las autoridades han usado exámenes anales forzados anteriormente, en particular el Líbano, han tomado medidas para poner fin a esa práctica. Pero otros, como Egipto y Túnez, utilizan asiduamente estas prácticas en los procesos penales contra quienes mantienen relaciones consentidas con personas del mismo sexo. El uso de los exámenes anales forzados pareciera ser un fenómeno reciente en Kenia, Uganda y Zambia.
En Kenia, una lamentable decisión dictada por el Tribunal Superior en 2016 confirmó la constitucionalidad de estas pruebas. El juez determinó que los reclamantes —dos hombres que fueron detenidos por supuestos “ilícitos antinaturales” y sometidos a exámenes anales mientras se encontraban bajo custodia policial— habían prestado su consentimiento para estas revisiones. Los reclamantes afirmaron que no fueron informados sobre las pruebas y que dieron su consentimiento debido a coerción, mientras se encontraban bajo custodia policial. La decisión ha sido apelada.
Todos los países deberían prohibir la práctica de exámenes anales forzados, y las instituciones internacionales y nacionales de derechos humanos y de salud deberían oponerse a su uso de manera enérgica y vehemente, apuntó Human Rights Watch.
“Por empezar, nadie debería ser arrestado por su conducta sexual privada; por otra parte, cuando estas detenciones ocurren, los exámenes anales forzados añaden un nivel adicional de barbarie y abuso absolutamente sin sentido”, destacó Ghoshal. “Cada país debería garantizar los derechos fundamentales y la dignidad de las personas acusadas de conducta homosexual, y reconocer que la prohibición de la tortura se extiende a todas las personas, con independencia de su orientación sexual o su identidad de género”.
Fuente (27/07/2016):
https://www.hrw.org/es/news/2016/07/12/prohibir-los-examenes-anales-forzados-en-todo-el-mundo