La administración del presidente Trump ha mostrado cuáles son sus intenciones en materia de políticas contra el delito mediante una serie de decretos firmados durante sus primeros meses de gobierno[2]. Estos decretos revelan una incongruencia entre esa política administrativa y la ciencia establecida acerca de las causas y consecuencias del delito. Cuatro aspectos generales son especialmente emblemáticas en cuanto a este problema.

I. Los inmigrantes no cometen la mayoría de los delitos en Estados Unidos

Un siglo de descubrimientos valiosos sobre inmigración y delito en Estados Unidos enseña que la concentración de inmigrantes hace que los delitos disminuyan en los vecindarios y en las ciudades, aseveración conocida como ‘tesis de revitalizacion’[3]. Esa inmigración es un factor de protección social contra el delito que también funciona a nivel individual; los inmigrantes como un todo son menos propensos a cometer delitos que los no inmigrantes[4]. Los casos recientes de delitos cometidos por inmigrantes ilegales no son representativos de las tendencias nacionales, estatales, municipales, o incluso individuales, de los delitos violentos[5], aunque el presidente y su gobierno los presenten como si fueran la norma. Esta opinión errónea sirve de base a los decretos, que consideran que los inmigrantes son delincuentes, y amenazan a las ciudades que los reciben (es decir, las ciudades santuario) con retirarles fondos si no cooperan con las autoridades federales de inmigración, y también está reflejada en el desarrollo de la nueva Oficina de Atención a Víctimas de Delitos Cometidos por Inmigrantes (VOICE).

II. La prohibición de viajar propuesta no está justificada empíricamente y se refiere a países equivocados

No hay evidencia empírica que apoye la decisión del presidente Trump de que, para prevenir la infiltración terrorista, se prohíba a los ciudadanos de seis países de mayoría musulmana que viajen a Estados Unidos. Ningún delincuente terrorista de Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria o Yemen —a cuyos nacionales se les prohíbe viajar a Estados Unidos mediante el decreto de Trump de marzo de 2017— se ha visto involucrado en algún ataque terrorista letal desde el 11 de septiembre de 2011[6]. Todos los yihadistas que han cometido ataques letales en Estados Unidos desde el ‘9/11’ han sido ciudadanos estadounidenses o residentes legales, mientras que los tres países de los que han venido los terroristas más mortíferos son Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Egipto, ninguno de los cuales está incluido en el decreto prohibitorio.

III. Estados Unidos no está en medio de una ola nacional de delitos

La tasa de delitos violentos y contra la propiedad ha disminuido en EE. UU. al menos en los últimos 25 años[7]. Muchos criminólogos se han referido a este periodo posterior a 1990 como “la gran disminución delictiva”. Es cierto que algunas ciudades tuvieron un gran aumento de homicidios en 2015, pero esto no corresponde a un patrón nacional porque las tasas generales de homicidio permanecen significativamente por debajo de los picos de 1990[8]. En cuanto a los delitos violentos en general, las proyecciones recientes muestran que aumentarán ligeramente el próximo año en las 30 ciudades más grandes de Estados Unidos, pero de todas maneras se mantendrán cerca de los mínimos de las últimos 3 décadas[9]. El hecho de que nuestro país y nuestras ciudades son más seguros ahora que, al menos, en la década de 1990, ha sido ignorado por un decreto que comprometería al gobierno federal a tener como alta prioridad el combate a una inexistente ola de delitos.

IV. El gobierno de EE. UU. juega un importante papel en la reforma de la policía

El gobierno federal ha jugado un papel crítico en las décadas recientes en cuanto a la reforma de los departamentos de policía. Muy recientemente, el expresidente Obama convocó a un grupo de trabajo para diseñar políticas para combatir la violencia policial contra afroamericanos. El informe elaborado por este grupo de trabajo adelanta algunas soluciones con base empírica que apuntan a mejorar a la policía, reconstruir la confianza de la comunidad en ella y garantizar la seguridad y el bienestar de los agentes policiales[10]. Además, el gobierno federal ha intervenido mediante decretos consensuados en ciudades estadounidenses con patrones de discriminación y abuso policiales. Estos decretos consensuados están diseñados para elaborar programas de largo plazo, que abarcan todo el sistema, para la reforma policial y que incluyen los recursos presupuestales para llevarlos a cabo. El llamado del Fiscal General Jeff Sessions para revisar a fondo estos decretos consensuados podría significar, tanto para la policía como para los ciudadanos, que él considera que los problemas de discriminación y abuso policiales no son sistémicos sino simplemente el resultado de que hay “unas cuantas manzanas podridas[11]”. Los estudios revelan que éste no es necesariamente el caso[12]. Si se elimina los decretos consensuados, podrían socavarse los esfuerzos para la reforma policial y revertirse el progreso difícilmente ganado que muchos jefes de policía apoyan.

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Las recientes órdenes ejecutivas presidenciales y otras decisiones administrativas están en contra de pruebas establecidas en la criminología y la justicia penal[13]. Las políticas de control del delito deben basarse en la ciencia, y los funcionarios electos de todos los niveles del gobierno tienen la responsabilidad de respaldar las políticas públicas basadas en pruebas y que promueven la equidad, la igualdad y la justicia. La Junta Ejecutiva de la Sociedad Estadounidense de Criminología está preocupada por las acciones de la administración del presidente Trump porque difunden información falsa y promueven iniciativas de política pública infundadas. Dichas iniciativas no son solamente acientíficas sino que probablemente generan cinismo y descontento adicionales acerca del sistema de justicia penal perjudiciales para los ciudadanos, las fuerzas policiales y otras instancias de seguridad pública y justicia[14]. En lugar de brindar mayor seguridad a los estadounidenses, estas iniciativas pueden agravar los problemas de delincuencia porque aumentan el riesgo de victimización, al mismo tiempo que disminuyen la probabilidad de denuncia y empeoran la marginación y la discriminación.

            Instamos a la administración del presidente Trump a aprovechar la evidencia científica[15] y las investigaciones especializadas de los académicos que estudian el delito[16] como apoyos para su agenda de políticas contra el crimen, y estamos dispuestos a brindarle nuestra ayuda. Específicamente alertamos a la administración del presidente Trump contra la reposición de las políticas de endurecimiento de la Guerra contra las Drogas y de otras medidas de “orden público”, que podrían empeorar las ya tensas relaciones entre la policía y las comunidades, especialmente las de color, y de las políticas desiguales para el arresto, enjuiciamiento y encarcelamiento de miembros de estas comunidades. La evidencia ha demostrado que tales políticas generan muchos problemas no deseados para las familias, los niños, los servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley y otras instituciones en todo nuestro país. Además, abogamos por un sistema de justicia que reconozca el impacto adverso de los castigos excesivos y que busque dar prioridad a los programas benéficos de reinserción e integración social[17] que responsabilicen a los infractores y los haga reparar los daños mientras les permita mantener vínculos con sus familias y comunidades. A través de los años, la criminología ha aprendido mucho[18] acerca de cómo disminuir los delitos, hacer más efectiva la vigilancia policial y lograr que las sanciones sean más eficaces. Instamos a la administración del presidente Trump a aprovechar este aprendizaje para avanzar en políticas que preserven y protejan los derechos del debido proceso para todos y que promuevan la justicia en el país y en el extranjero. Ω

James Lynch, Universidad de Maryland, Sociedad Estadounidense de Criminología (ASC)

Karen Heimer, Universidad de Iowa; Presidenta Electa de la ASC

Ruth D. Peterson, Universidad del Estado de Ohio; Presidenta Anterior de la ASC

Jody Miller, Universidad Rutgers; Vicepresidenta de la ASC

Christina DeJong, Universidad del Estado de Michigan; Vicepresidenta Electa de la ASC

Gaylene Armstrong, Universidad de Nebraska; Consejera Ejecutiva de la ASC

Delores Jones-Brown, Colegio de Justicia Penal John Jay; Consejera Ejecutiva de la ASC

Natasha Frost, Universidad del Noreste; Consejera Ejecutiva de la ASC

Charis Kubrin, Universidad de California-Irvine; Consejera Ejecutiva de la ASC

Cynthia Lum, Universidad George Mason; Consejera Ejecutiva de la ASC

Ineke Marshall, Universidad del Noreste; Consejera Ejecutiva de la ASC

Hillary Potter, Universidad de Colorado; Consejera Ejecutiva de la ASC

Claire Renzetti, Universidad de Kentucky; Consejera Ejecutiva de la ASC

María B. Vélez, Universidad de Nuevo México; Consejera Ejecutiva de la ASC

Chris Eskridge, Universidad de Nebraska; Directora Ejecutiva de la ASC

Bonnie Fisher, Universidad de Cincinnati; Tesorera de la ASC

Amanda Burgess-Proctor, Universidad de Oakland; Miembro del Comité Especial de la ASC para las ‘Declaraciones de la Junta Ejecutiva de la Sociedad Estadounidense de Criminología acerca de las políticas del gobierno de Trump relativas a la delincuencia y la justicia’

Gary LaFree, Universidad de Maryland; Member, Miembro del Comité Especial de la ASC para las ‘Declaraciones de la Junta Ejecutiva de la Sociedad Estadounidense de Criminología acerca de las políticas del gobierno de Trump relativas a la delincuencia y la justicia’

Sheldon X. Zhang, Universidad de Massachusetts-Lowell; Miembro del Comité Especial de la ASC para las ‘Declaraciones de la Junta Ejecutiva de la Sociedad Estadounidense de Criminología acerca de las políticas del gobierno de Trump relativas a la delincuencia y la justicia’