¿Desaparecer la CNDH?

Cuando la inepcia, la ignorancia y el sectarismo se conjugan, el coctel resultante es un producto maloliente y venenoso, especialmente inadmisible si afecta a una de las conquistas más relevantes de nuestro proceso civilizatorio.

            El grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en el Senado anunció que presentará una iniciativa en virtud de la cual desaparezca la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que sería sustituida por una Defensoría del Pueblo. Recordemos, para empezar, que el PT es una agrupación que ostenta su admiración incondicional por la dictadura de Corea del Norte, en la que el régimen trata a los gobernados no como ciudadanos, sino como súbditos y en la que se desconocen todas las libertades propias de una democracia.

            Los motivos que los impulsores de la iniciativa han expuesto moverían a risa de no ser porque, de convertirse en derecho vigente, sus repercusiones afectarían gravemente al Estado de derecho y a la lucha —tan inacabable como el océano de Ulises y la tela de Penélope— contra los abusos de poder. Más que disparatado, el propósito es avieso. Sin embargo, ¡ay!, ninguno de los reporteros presentes en el anuncio lo cuestionó y, hasta donde sé, los editorialistas no han dicho nada al respecto y los ombudsman del país, asimismo, han guardado silencio.

            La bancada petista arguye una razón odontológica: la CNDH, afirma, carece de los dientes que requiere una institución de tal envergadura y, por tanto, es un organismo “prácticamente inútil”. La Defensoría del Pueblo que propugnan los senadores partidarios de la dictadura norcoreana, en cambio, tendría la dentadura apropiada, pues se le daría carácter vinculante a sus recomendaciones, es decir, los destinatarios se verían obligados a aceptarlas y su cumplimiento podría serles impuesto con el auxilio de la fuerza pública.

            Eso es desconocer la índole del ombudsman. En los países donde existe, sus sugerencias y recomendaciones no tienen esa naturaleza vinculatoria, con la cual se convertiría en juez —las sentencias judiciales son de cumplimiento obligatorio—. La eficacia del ombudsman depende de la calidad moral y profesional del titular y el personal de la institución; la idoneidad de las pruebas y la fuerza argumentativa en que se sustenten sus resoluciones; la cultura de derechos humanos que prevalezca en la sociedad y el apoyo que su actuación tenga de los medios, la academia, las organizaciones de la sociedad civil y el Poder Legislativo.

            Si las propuestas y las recomendaciones del ombudsman tienen las virtudes señaladas y el costo político para el funcionario que las desatienda es alto, la eficacia del defensor público de los derechos humanos irá in crescendo. En la primera etapa —los primeros ocho años— de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), la gran mayoría de sus sugerencias y recomendaciones fueron totalmente cumplidas.

            Propone la bancada petista que la designación del defensor del pueblo se ajuste a “un procedimiento de consulta pública”. ¡Líbrenos, Temis, diosa de la justicia! Si esa consulta fuere como la que acabamos de presenciar respecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, serán exclusivamente los adeptos al Presidente de la República los que tendrán en sus manos decisión tan importante. Propone, asimismo, que sea el Poder Legislativo el que haga la designación. La propuesta es inaudita, pues uno supondría que los legisladores saben que ya es el Legislativo (el Senado de la República) el que designa al titular de la CNDH.

            Acudí entusiasmado a Venezuela hace unos lustros a exponer la experiencia de los organismos públicos defensores de derechos humanos en nuestro país, particularmente el de la Ciudad de México, que tuve el honor de fundar y presidir. Los venezolanos tenían una gran ilusión por la próxima instauración del ombudsman. Pero el chavismo engendró una burda caricatura a la que le falta todo para ser considerada un auténtico ombudsman, básicamente la indispensable autonomía. El defensor del pueblo venezolano ha actuado acatando servilmente los designios de los dictadorzuelos. ¿Un engendro similar tienen en mente y el corazón los legisladores del PT?