• Seguridad Nacional devuelve a sabiendas a solicitantes de asilo a contextos de peligro

(Washington, DC) – El gobierno de Estados Unidos debería iniciar una investigación interna sobre el programa “Permanecer en México” de la administración Trump, señaló hoy Human Rights Watch tras haber presentado una queja formal al Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS). El departamento debe responder por no haber protegido a los solicitantes de asilo en el marco del programa de Protocolos de Protección de Migrantes (PPM) contra las acciones sistemáticas de las que son blanco en el estado mexicano de Tamaulipas.

La queja se presentó ante la Oficina del Inspector General y la Oficina de Derechos y Libertades Civiles del DHS. Ambos organismos velan por que el departamento cumpla con lo establecido en la ley y en sus propias políticas.

“En el contexto del programa de ‘Permanecer en México’, el Departamento de Seguridad Nacional ha enviado, con conocimiento de la situación, a decenas de miles de solicitantes de asilo vulnerables al otro lado de la frontera, donde desde hace mucho tiempo hay organizaciones delictivas que victimizan a los migrantes”, explicó Ariana Sawyer, investigadora sobre la frontera estadounidense de Human Rights Watch. “El inspector general del DHS debe investigar y actuar en consecuencia, dado que el Departamento de Seguridad Nacional ha avasallado el derecho federal e internacional al enviar de regreso a los solicitantes de asilo a contextos donde sufren daños”.

Conforme al programa PPM –conocido como “Permanecer en México”–, se envía a solicitantes de asilo en Estados Unidos que no son ciudadanos mexicanos a ciudades en México, mientras esperan que se celebren audiencias de asilo en los tribunales inmigratorios estadounidenses. El programa ha tenido graves consecuencias en términos de derechos para los solicitantes de asilo retornados. Human Rights Watch ha instado en reiteradas ocasiones al gobierno de EE. UU. a actuar de inmediato para poner fin al programa, cesar el retorno de solicitantes de asilo a México y, en vez de esto, asegurar que puedan acceder a la asistencia humanitaria, a seguridad y a garantías de debido proceso en los procedimientos judiciales migratorios.

Las organizaciones delictivas que tienen como práctica habitual secuestrar a migrantes dan por hecho que la mayoría de los solicitantes de asilo en el programa PPM tienen familiares estadounidenses, a quienes pueden extorsionar para obtener miles de dólares. El programa ha generado un auge de las situaciones de explotación, que ha convertido en bienes de cambio a los solicitantes de asilo regresados que tienen familiares en Estados Unidos y ha generado enormes ingresos para los cárteles. Un solicitante de asilo que fue secuestrado contó que uno de sus captores le dijo que el cartel había estando reclutando a nuevos miembros. “Desde que Estados Unidos deporta a tantas personas por aquí, las estamos capturando y eso ha significado más trabajo”, le contó su captor. “Estamos saturados”.

La pandemia de Covid-19 ha agravado los peligros para estos solicitantes de asilo, que se ven obligados a esperar en campamentos y albergues atestados mientras se demoran sus audiencias, con acceso limitado a instalaciones sanitarias precarias, en las cuales es imposible cumplir las pautas de distanciamiento social.

Los solicitantes de asilo expulsados al estado mexicano de Tamaulipas en el marco del programa son blanco sistemático de acciones violentas que ponen en riesgo su vida, como secuestros, extorsión y agresiones sexuales, apuntó Human Rights Watch. Esto era previsible, si se consideran los antecedentes ampliamente documentados  de persecución de migrantes en esa región por parte de organizaciones delictivas y agentes de seguridad pública mexicanos, así como las alertas de viaje que emite desde hace mucho tiempo el Departamento de Estado con respecto a la situación de “criminalidad y secuestros” que ocurren con impunidad casi absoluta en ese estado.

Tan solo en Tamaulipas, Human Rights Watch identificó:

• Al menos 32 casos de secuestro o intento de secuestro de solicitantes de asilo en el programa PPM —en su mayoría perpetrados por organizaciones delictivas— entre noviembre de 2019 y enero de 2020.
• Estos casos afectaron al menos a 80 solicitantes de asilo secuestrados; y otros 19 refirieron intentos de secuestro.
• Entre estos, al menos 38 niños fueron secuestrados o fueron blanco de intentos de secuestro.
• Señalamientos realizados por cuatro mujeres sobre agresiones sexuales durante secuestros.
• Cinco incidentes breves de secuestro y extorsión por policías mexicanos, una práctica que se conoce como “secuestro exprés”.

Para continuar leyendo el comunicado:
https://www.hrw.org/es/news/2020/06/02/ee-uu-debe-investigar-el-programa-permanecer-en-mexico
(25/06/2020)