El concepto de jurisdicción universal —solamente utilizado en materia penal— surge del afán de combatir la impunidad de ciertos crímenes considerados los más graves. Se trata de una jurisdicción que ejerce un tribunal nacional sin importar el lugar donde se cometió el delito o la nacionalidad del inculpado o de la víctima, ni ningún otro vínculo o punto de conexión con dicho tribunal.

Las legislaciones nacionales que admiten tal jurisdicción imponen límites a sus alcances, por ejemplo que la víctima sea un nacional (en contradicción restrictiva al concepto doctrinario) y que el presunto responsable no sea un gobernante que goce de inmunidad.

Recientemente, la Audiencia Nacional de España dictó una orden de busca y captura contra Jiang Zemin y Li Peng, ex presidente y ex primer ministro chinos respectivamente, y otros líderes, por el delito de genocidio contra habitantes de Tíbet.

La denuncia fue presentada por una de las víctimas, un hombre oriundo de Tíbet que se nacionalizó español con posterioridad a los hechos denunciados. El denunciante narra la práctica de abortos forzados, cientos de muertes por fatiga o inanición en campos de trabajo, más de un centenar de personas de diferentes edades —desde niñas de 13 años hasta monjes— que han pasado hasta 40 años en prisión sometidos a tortura.

Una delegación de la Asamblea Nacional Popular china se reunió con miembros de la Comisión de Exteriores del Congreso español para expresar su perplejidad e incomprensión por la orden de detención.

Es previsible que si continúa el procedimiento, el gobierno chino no dudará en adoptar represalias económicas contra España. China es el segundo tenedor de la deuda española en manos extranjeras (sólo después de Francia), con 20% del total, unos 80,000 millones de euros, y un importante socio comercial. Decenas de miles de turistas chinos visitan España cada año. En China hay unas 600 empresas españolas.

Además, es altamente improbable que los dirigentes chinos pudieran ser detenidos, por lo que la orden de aprehensión seguramente no tendría más que valor simbólico. Desde que Pinochet fue detenido en Londres, los ex gobernantes acusados de graves delitos han puesto sus barbas a remojar.

Por tales razones, el Ministerio de Justicia español presentará una iniciativa de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de acuerdo con la cual se exigiría que la víctima fuese española en el momento de los hechos. El argumento es que la puesta en marcha de la Corte Penal Internacional hace innecesario que la justicia española intervenga en estos asuntos. Sin embargo, ni Estados Unidos ni Rusia ni China reconocen la jurisdicción de esa Corte. De aprobarse la reforma, el procedimiento contra los dirigentes chinos tendría que ser sobreseído, pues en materia penal la ley se aplica retroactivamente si favorece a los inculpados.

Como advierte Mara Gómez en Los jueces y los derechos humanos, la jurisdicción universal es fácil de comprender pero considerablemente difícil de aplicar.