La llegada de la pandemia global del Covid-19 nos sorprendió y nos orilló al confinamiento sin estar preparados para afrontar diversos temas de la vida pública, económica y social que han tenido efectos negativos en el ejercicio pleno de los derechos humanos, entre ellos, el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes. Lo anterior sin desconocer, desde luego, las grandes brechas de desigualdad social que caracterizan a los países de la región (América Latina y el Caribe) y que inciden en los ámbitos familiar, personal, escolar y socioeconómico como “factores determinantes de los resultados educativos” que afectan el desarrollo y bienestar integral de las personas.

Para poner en contexto la afectación -en mayor o menor medida- que sufrieron millones de estudiantes en el mundo, vale la pena referir que, de acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), a mediados de mayo de 2020 más de 1,200 millones estudiantes de todos los niveles de enseñanza, dejaron de tener clases presenciales en la escuela. De ese total, más de 160 millones eran estudiantes de América Latina y el Caribe.[1]

La suspensión de clases presenciales ante la pandemia ha significado la adopción de medidas urgentes e inmediatas -sin que podamos hablar de la existencia en diversos países de una política pública al respecto-, para atender la enseñanza mediante la utilización de diversos formatos y plataformas a distancia independientemente de que muchos sectores sociales no cuentan con conectividad o soporte tecnológico.

En México, de acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), de los estudiantes de 15 años que tenían acceso a dispositivos digitales en el hogar durante 2018, 57% tenían computadora, 68% conexión a internet y el 29% a un software educativo.[2] En consecuencia, la desigualdad en el acceso a los servicios educativos por vía digital hizo patente las brechas en el proceso enseñanza aprendizaje y, por tanto, en la recepción del conocimiento y la inclusión social.

La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2019, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México hay 80.6 millones de usuarios de internet, lo que representan el 70.1% de la población de seis años o más, y 20.1 millones el número de hogares que disponen de internet (56.4%), en tanto que hay 86.5 millones de usuarios de teléfonos celulares; el 76.6% de la población urbana es usuaria de internet, en tanto que en la zona rural es del  47.7%; de los hogares del país, 44.3% dispone de computadora y 92.5% cuenta con al menos un televisor.[3] Es clara la desigualdad educativa puesto que a partir del momento en que se suspendieron las clases presenciales, las niñas, niños y adolescentes de los hogares sin conectividad o tecnología no pudieron tomar clases.   

A lo anterior se sumaron la urgente necesidad de replantear el proceso educativo en cuanto a su metodología, diseño curricular, materiales educativos y plataformas; la implementación de formas aprendizaje alternativas mediante el uso de la tecnología, enfrentar el analfabetismo digital en maestros, padres y alumnos, así como atender los problemas que representa el proceso de evaluación y supervisión del aprendizaje.

En este contexto, el pasado 24 de agosto dio inicio en México, bajo la modalidad a distancia, el nuevo ciclo escolar 2020-2021 para todos los alumnos, profesores y planteles que integran los tres niveles de la educación básica (preescolar, primaria y secundaria). Para atender la obligación del Estado mexicano de impartir educación básica y media superior, las autoridades educativas federales diseñaron un plan de acción que en lo fundamental se centra en la impartición de los contenidos curriculares de las diferentes materias a través de canales del sistema de televisión abierta digital y de estaciones del sistema de radiodifusión. El acuerdo de concertación con los representantes de cuatro televisoras -además de los canales del sistema público de radiodifusión- es congruente con el contexto en el que se presenta y contribuirá a la impartición de contenidos educativos para 30 millones de estudiantes de 16 grados escolares de educación básica y media superior. Se justifica por el imperativo de evitar un escenario de contacto social masivo que potencialmente podría derivar en un aumento exponencial de los casos activos de coronavirus entre la población.

Sin embargo, cabe preguntarse ¿cuáles han sido los efectos negativos más sobresalientes de la crisis sanitaria y qué desafíos representan para los derechos humanos en México, específicamente en lo relativo al derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes? ¿Qué obstáculos presenta la situación para que la política implementada por el gobierno federal resulte eficaz? ¿Qué otras directrices son posibles de imaginar para robustecer esta política y multiplicar sus efectos positivos?

Algunos analistas han considerado que la medida es insuficiente pues no contempla el desigual acceso a los recursos electrónicos existente entre diferentes sectores de la población, según su nivel socioeconómico y cultural, toda vez que si bien es cierto que el 92.5 % de los hogares mexicanos cuenta con al menos un televisor, en cambio sólo el 44.3 % tiene acceso a una computadora y el 56.4 % tiene acceso a internet, también lo es que los recurso electrónicos  son necesarios para mantener la comunicación entre profesores y alumnos, dar seguimiento a los procesos de aprendizaje y establecer mecanismos de evaluación de los logros educativos. Por tanto, la estrategia empleada no es por sí misma garantía de resultados óptimos frente a la desigualdad entre estudiantes de comunidades urbanas y aquellos de comunidades rurales.

En estas condiciones, los efectos adversos de la crisis se concentran en aquellos grupos que, por diversos motivos, se encuentran en situación de vulnerabilidad social (personas en situación de pobreza, personas con discapacidad, comunidades indígenas, entre otros) al carecer de dispositivos electrónicos (televisión, celular, tableta o laptop) y de acceso a internet dando paso no solo a una desigualdad educativa sino también a una “brecha digital”.

Ante un panorama de incertidumbre y profunda ocupación, es pertinente recordar el compromiso de la comunidad internacional con el plan de acción a favor de las personas, el planeta, la prosperidad, el fortalecimiento de la paz universal y la erradicación de la pobreza como el mayor de los desafíos a los que se enfrentan los Estados Nacionales y que constituye un requisito indispensable para el desarrollo sostenible. En efecto, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en su objetivo 4 se expresa el compromiso de la comunidad internacional de garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todas las personas. Precisamente en la Declaración de Incheon para la Educación 2030,[4] los Estados Miembros se comprometieron “…a hacer frente a todas las formas de exclusión y marginación, las disparidades y las desigualdades en el acceso, la participación y los resultados de aprendizaje. Ninguna meta educativa debería considerarse lograda a menos que se haya logrado para todos.”^[5]

Son los sectores sociales que se encuentran en una situación de vulnerabilidad quienes deben constituir la prioridad de las políticas públicas, que deben estar orientadas a hacer valer para todos el derecho a la educación, reduciendo las brechas de desigualdad. Estas políticas deben ser integrales y articular los esfuerzos de las dependencias de los diferentes sectores de la administración pública.

Los editores

---