Contexto

Amnistía Internacional lleva más de 50 años documentando el uso de la tortura y otros malos tratos en México. En las décadas de 1960, 1970 y 1980, las fuerzas de seguridad usaron la  tortura y otras violaciones graves de derechos humanos de forma generalizada y sistemática  contra presuntos grupos armados de la oposición y quienes consideraba adversarios políticos  en la “guerra sucia” (de 1964 a 1982). La tortura y otros malos tratos también se utilizaron abundantemente contra presuntos delincuentes. Casi todos los responsables de estos delitos cometidos en el pasado siguen gozando de impunidad total.

En los últimos años, la violencia ha aumentado vertiginosamente en México y la inseguridad suscita gran preocupación. Se calcula que desde 2006 han perdido la vida 80.000 personas en actos violentos relacionados con la delincuencia organizada, así como en operaciones del ejército y miembros de la marina, que han sido desplegados ampliamente para combatir a los carteles de la droga y otros grupos de la delincuencia organizada. Este despliegue de las fuerzas armadas para combatir la delincuencia organizada produjo un aumento marcado y sostenido de las denuncias de violaciones de derechos humanos, incluidos los informes sobre el uso de la tortura y otros malos tratos. En diciembre de 2012, el Comité de la ONU contra la Tortura señaló la existencia de “informes recibidos que se refieren al alarmante aumento del uso de la tortura durante interrogatorios de personas sometidas a detención arbitraria por efectivos de las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad del Estado”. Por su parte, en mayo de 2014, tras una visita a México, el relator especial de la ONU sobre la tortura observó: “Aún persiste una situación generalizada del uso de tortura y malos tratos”.

Finalidad

La tortura y los malos tratos se utilizan para diversos fines, como obtener confesiones o declaraciones que impliquen a otras personas, obtener información, obtener dinero mediante extorsión, inspirar temor, y humillar y castigar. En los últimos años, existen en algunas partes del país bandas de delincuentes bien armadas y organizadas, y carteles de la droga, que a menudo actúan en connivencia con funcionarios públicos y que representan un desafío especial. Con frecuencia las autoridades han ignorado, o incluso han permitido tácitamente, el uso de la tortura u otros malos tratos, al considerarlo “necesario” para que la policía y las Fuerzas Armadas pudieran atrapar a presuntos delincuentes y tranquilizar a la opinión pública.

De la información recabada en los casos que ha documentado Amnistía Internacional en este informe, la organización no puede determinar en cada caso las razones por las que las fuerzas de seguridad eligieron a estas personas concretas y las torturaron. La tortura es inaceptable y está prohibida en el derecho internacional y las leyes nacionales incluso cuando se emplea contra presuntos autores de delitos violentos y graves.

Métodos de tortura

“Te acostaban, tirado, te golpeaban y después te agarraban y entre tres, uno te echaba el tehuacanazo en las narices, te ponían un trapo y te echaban el tehuacanazo.” Juan Gerardo Sánchez describe cómo le introdujeron agua con gas en la nariz, método de tortura conocido como el “tehuacanazo”. Entrevista con Amnistía Internacional, febrero de 2014.

Los métodos de tortura y otros malos tratos más habituales en México que ha documentado Amnistía Internacional son:

• golpes con puños, botas, culatas de fusiles, palos;

• introducción de agua con gas o chile por la nariz del detenido;

• amenazas de muerte;

• descargas eléctricas en partes del cuerpo como los dedos de los pies y los testículos;

• simulacros de ejecución y amenazas de desaparición forzada;

• semiasfixia mediante bolsas de plástico o trapos mojados, y simulacros de ahogamiento;

• posturas en tensión;

• violación y otras formas de violencia sexual;

• amenazas contra las familias de los detenidos.

Escala

El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha intentado distanciarse de la explosión de violencia y violaciones de derechos humanos que se inició durante el mandato de su antecesor, el presidente Felipe Calderón (diciembre de 2006 a noviembre de 2012). Según las autoridades, las tasas de homicidios y de otros actos de violencia han disminuido. La CNDH ha manifestado asimismo que se ha reducido el número de quejas por tortura y malos tratos recibidas durante el mandato del nuevo gobierno. Sin embargo, la cifra de quejas registradas en 2013 (1.505) era aún un 600% superior a la registrada antes del estallido de violencia que se produjo a partir de diciembre de 2006. En 2003 la CNDH registró 219 quejas por tortura y otros malos tratos, y 273 en 2004.

 

 

El registro de quejas de la CNDH no es una medida exacta de los incidentes de tortura y otros malos tratos ocurridos en el país. Esto se debe en parte a que muchas personas no presentan denuncia y en parte a que la CNDH es responsable sobre todo de tramitar las quejas contra las agencias federales, pero no las dirigidas contra agentes estatales y municipales. Además, el reducido número de casos en los que se hacen recomendaciones públicas no refleja el nivel real de la tortura y los malos tratos, sino los defectos en la tramitación de los casos por parte de la CNDH (véase el capítulo 5).

Las Comisiones Estatales de Derechos Humanos (CEDH) son las encargadas de recibir las quejas por tortura u otros malos tratos contra funcionarios estatales o municipales, y existe una en cada uno de los 31 estados; el Distrito Federal cuenta con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Basándose en solicitudes formuladas en virtud de las leyes estatales de transparencia y acceso a información y en el análisis de la información pública de los sitios web de las CEDH, Amnistía Internacional halló que entre 2008 y 2013, 26 Comisiones Estatales de Derechos Humanos recibieron un total de 2.323 quejas por tortura y otros malos tratos que desembocaron en 392 recomendaciones (seis CEDH no facilitaron información sobre denuncias o recomendaciones). Sin embargo, esta es sólo una visión limitada de las denuncias recibidas, pues cada Comisión Estatal sigue procedimientos diferentes, a menudo defectuosos, y no existe ningún mecanismo nacional que reúna los datos de las 32 CEDH.

Otro indicador de los casos de tortura y otros malos tratos que llegan a los tribunales es el número de juicios de amparo solicitados en procesos judiciales estatales y federales en los que los detenidos piden protección de la justicia federal frente a la tortura. Según el Consejo de la Judicatura Federal, entre 2005 y 2013 se iniciaron 3.749 juicios de amparo indirecto en los que reclamaban actos relacionados con tortura. Se desconoce en cuántos casos se concedió el amparo.

En México hay más de medio millón de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que pertenecen a una de las 32 fuerzas de policía preventiva o policía judicial estatales (incluido el Distrito Federal) o de los cientos de fuerzas policiales municipales. Los relatos de los y las sobrevivientes de la tortura y de las ONG locales recogidos por Amnistía Internacional indican que la mayoría de las denuncias de tortura y otros malos tratos guardan probablemente relación con abusos cometidos por miembros de estas fuerzas. Sin embargo, esto no se refleja en los datos nacionales publicados.

Impunidad

La CNDH recibió 7.164 quejas por tortura y otros malos tratos entre 2010 y el final de 2013. Según la información de que dispone Amnistía Internacional, ninguna desembocó en una condena penal por tortura. De hecho, muy pocas quejas presentadas ante las comisiones de derechos humanos se traducen en enjuiciamientos penales, no digamos en condenas por tortura. Según datos del Consejo de la Judicatura Federal de enero de 2014, los tribunales federales habían tramitado 123 enjuiciamientos por tortura entre 2005 y 2013; siete desembocaron en condenas en aplicación de la legislación federal. Hasta 2013, sólo se habían registrado cinco condenas por tortura en el ámbito estatal, según el Instituto Nacional de Estadística.

En 2012, el gobierno mexicano informó al Comité contra la Tortura de que se habían dictado “únicamente seis sentencias por tortura desde 2005, además de 143 sentencias por abuso de autoridad, 60 por ejercicio abusivo de funciones y 305 por uso indebido de atribuciones”. Esto refleja una constante en la que los delitos de tortura se rebajan a infracciones menos graves que conllevan condenas más leves o, en algunos casos, son tratados como asuntos disciplinarios menores.

La actuación policial en las manifestaciones

La actuación policial en las manifestaciones desemboca a menudo en uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y tortura y otros malos tratos. Un factor clave que subyace en estas violaciones de derechos humanos es un marco legal inadecuado sobre el uso de la fuerza, así como el hecho de que la policía carece de capacitación, equipos y liderazgo que la ayuden a responder adecuadamente a las protestas pacíficas. La respuesta policial a incidentes aislados de violencia cometidos por una pequeña minoría de manifestantes suele desembocar en abusos contra transeúntes, manifestantes pacíficos, periodistas y defensores de derechos humanos que están observando la protesta. Lejos de adoptar medidas para proteger a los manifestantes de estos abusos, en los últimos meses al menos cuatro gobiernos estatales han tratado de imponer restricciones excesivas y arbitrarias al derecho a la protesta, aprobando incluso leyes que autorizan el uso de la fuerza contra los manifestantes.

Toletes eléctricos

Amnistía Internacional considera que los toletes paralizantes eléctricos de contacto directo y las pistolas paralizantes son armas abusivas por naturaleza. Es fácil que un funcionario use una de estas armas eléctricas para, apretando simplemente un botón, aplicar descargas sumamente dolorosas en partes muy sensibles del cuerpo de la persona bajo custodia, como el cuello, la garganta, las axilas, las ingles y los genitales, sin dejar señales físicas duraderas. Estas armas representan un riesgo sustancial de ser usadas para aplicar la fuerza de forma arbitraria y para infligir torturas y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes, y nunca deben ser empleadas para hacer cumplir la ley. Amnistía Internacional pide que se prohíban las armas de electrochoque en su modalidad de “contacto directo”.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Algunos abogados y abogadas de derechos humanos que han representado a víctimas de la tortura y defendido sus casos ante las autoridades han sufrido ataques y represalias a causa de su labor. Por ejemplo, Alba Cruz, abogada de derechos humanos de Oaxaca, recibió amenazas de muerte en 2010 y 2011, aparentemente como represalia por representar a Marcelino Coache, sindicalista que fue detenido arbitrariamente y torturado en Oaxaca en 2006. En junio de 2011, la Policía Federal allanó las oficinas del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, en Ciudad Juárez, actuación que muchos consideraron una represalia por representar a cinco hombres —Noé Fuentes Chavira, Rogelio Amaya Martínez, Víctor Manuel Martínez Rentería, Gustavo Martínez Rentería y Ricardo Fernández Lomelí (véase el capítulo 4)— torturados y acusados injustamente de delitos violentos.

Algunos defensores y defensoras de derechos humanos y activistas sociales también han sufrido tortura y malos tratos como represalia por su activismo. El 17 de junio de 2014, la policía judicial del estado de Guerrero detuvo al líder comunitario y activista Marco Antonio Suástegui Muñoz, que encabeza la oposición local a la construcción de la represa La Parota, en ese estado. Según su testimonio, la policía lo golpeó y lo amenazó mientras lo llevaba a Acapulco. Desde allí fue trasladado de inmediato a una lejana prisión federal en Tepic (estado de Nayarit), a más de 1.000 km de distancia, en circunstancias irregulares que le impidieron ver a sus abogados defensores. Posteriormente lo acusaron de cuatro delitos, aparentemente como respuesta a su papel de líder en la comunidad. Suástegui ha presentado una denuncia por tortura, pero no hay información sobre las medidas adoptadas para investigarla.

Las víctimas

La mayoría de las víctimas de los casos que ha documentado Amnistía Internacional son hombres de comunidades marginadas y grupos vulnerables, como los migrantes en situación irregular. La organización ha documentado también casos de mujeres víctimas de tortura, y ha sabido que, aunque las denuncias de tortura y otros malos tratos de mujeres y menores son inferiores en número, estos casos no son poco habituales. Los torturadores suelen escoger a personas que tienen menos posibilidades de denunciar y pedir una reparación.

Ya adentro, me decían que me iban a matar, que era un ‘pinche migrante’ por el que nadie se iba a preocupar. Me metieron agua mineral por la nariz, me amarraron con cinta adhesiva las manos y los pies. Me dieron de golpes en el estómago, en el pecho, me asfixiaban con una bolsa en la cabeza y me exigían que les dijera quién me vendía la droga, yo no sabía de qué me hablaban.

(Migrante en situación irregular de Honduras cuenta lo que le sucedió cuando la policía municipal le dio el alto en Saltillo —estado de Coahuila— en 2013.)

Las consecuencias de la tortura pueden ser profundas y duraderas. Muchos sobrevivientes sufren detención prolongada sin recibir tratamiento médico adecuado. Además de las lesiones y traumas inmediatos, algunas personas cumplen largas penas de prisión impuestas en juicios injustos en los que se admitieron como prueba declaraciones obtenidas bajo tortura. También para las familias el impacto puede ser enorme. Las repercusiones psicológicas duraderas de la tortura pueden afectar gravemente a la capacidad de la persona para llevar una vida normal. Para muchas personas, los obstáculos para demostrar su inocencia y salir de la pesadilla pueden ser insalvables.

Víctimas y familiares suelen ser objeto de amenazas e intimidación para que no denuncien la tortura y otros malos tratos. Muchas víctimas denunciaron amenazas contra sus familias. Existe un temor muy real a que estas amenazas de asesinato, violación y ataque se hagan realidad si la víctima presenta una denuncia oficial de tortura, lo que es un importante factor disuasorio para muchas víctimas.

Tortura sexual y violencia contra las mujeres

Al día de hoy estamos esperanzadas, seguimos firmes en la construcción de la justicia y de la memoria, para que estos hechos no vuelvan a ocurrir.

(Bárbara Italia Méndez, sobreviviente de tortura sexual a manos de la policía en San Salvador Atenco.)

En México, como en muchos países, existe una discriminación de género arraigada. Las mujeres y niñas son sometidas a menudo a discriminación, exclusión y abusos de poder. Para comprender realmente la violencia de género en la práctica de la tortura y otros malos tratos y combatirla, hay que reconocer la dinámica del poder y la cultura patriarcal de control del cuerpo de la mujer.

Las mujeres son especialmente vulnerables a la tortura sexual cuando están bajo custodia, y sin embargo las detenidas son recluidas en bases militares e instalaciones policiales a cargo de agentes varones sin que existan medidas efectivas que garanticen su seguridad física frente a los ataques y las humillaciones de carácter sexual. El trauma infligido a estas mujeres, combinado con la falta de acceso a una atención médica inmediata, imparcial y sensible al género, hace muy difícil que denuncien. El impacto psicológico de estas torturas suele verse exacerbado cuando exigir justicia como víctimas requiere a menudo ser sometidas a reiterados exámenes médicos durante varios años.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado a México que elabore protocolos y procedimientos sensibles al género para investigar la violencia sexual. Esto no se ha llevado a cabo y los casos que se documentan en este informe indican que las denuncias de violencia sexual contra mujeres bajo custodia no se investigan efectivamente.

En la mayoría de los casos de tortura sexual que ha documentado Amnistía Internacional las víctimas eran mujeres. Sin embargo, como demuestran varios de los casos incluidos en este informe, algunos detenidos varones también sufren violencia y humillaciones de carácter sexual bajo custodia policial. Los hombres también tienen que afrontar considerables barreras y el estigma para denunciar la tortura sexual y Amnistía Internacional no conoce ningún caso de funcionario público que haya rendido cuentas por estos actos.

Personas desaparecidas

Desde 2006, muchos miles de personas han desaparecido en México. Se cree que la mayoría ha sido sustraída a manos de bandas de delincuentes. Sin embargo, también se han denunciado muchas desapariciones forzadas a manos de la policía y el ejército, que a veces actúan en connivencia con bandas criminales. Las pocas víctimas de desaparición forzada y sustracción de persona cuyos restos se han hallado mostraban señales de haber sufrido tortura y otros malos tratos.

En junio de 2014, diferentes altos cargos del gobierno hicieron varios anuncios contradictorios en relación con los resultados, largamente esperados, de la revisión de una base de datos que contenía los casos de alrededor de 26.000 personas desaparecidas o no localizadas cuya desaparición se denunció entre 2006 y 2012. Aunque las conclusiones distan de ser claras, parecen indicar que las autoridades consideran que hay 8.000 personas desaparecidas o en paradero desconocido desde el mandato de Calderón y otras 8.000 cuya desaparición o extravío se denunció después de diciembre de 2012, lo que da un total de unas 16.000 personas que siguen desaparecidas o en paradero desconocido. Sin embargo, el gobierno no aclaró la metodología empleada en la revisión ni determinó qué casos eran de desaparición forzada (es decir, casos en los que están implicados directa o indirectamente funcionarios públicos), cuáles constituían desapariciones cometidas por personas o bandas criminales que actuaban por su cuenta, y cuáles se referían a personas que se habían marchado por voluntad propia. El hecho de que no se hayan realizado investigaciones exhaustivas y efectivas en todos los casos ha menoscabado sistemáticamente el compromiso declarado del gobierno de esclarecer la suerte de las personas desaparecidas y hacer rendir cuentas a los responsables.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han declarado que los familiares de las personas objeto de desaparición forzada son víctimas de tortura o de un trato o pena cruel, inhumano o degradante por la angustia causada y la incertidumbre permanente que rodea la suerte y el paradero de sus seres queridos. Amnistía Internacional cree que el hecho de que las autoridades federales y estatales no hayan garantizado un recurso legal efectivo a los familiares de las víctimas de desaparición forzada, así como de desapariciones que no se han investigado exhaustivamente para determinar la posible implicación de agentes estatales, podría equivaler a una violación del derecho a no ser sometido a tortura o a tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Fuerzas armadas

En diferentes regiones del país se ha desplegado al ejército y a la marina para combatir la delincuencia organizada, incluidos los carteles de la droga. Estas fuerzas dirigen operaciones policiales y muchos mandos militares ocupan cargos de la seguridad pública civil. Este despliegue de las fuerzas armadas ha provocado un aumento de las quejas ante la CNDH por violaciones de derechos humanos cometidas durante el mandato del ex presidente Calderón. Según la CNDH, el número de quejas ha disminuido con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

Los soldados que realizan funciones policiales y de seguridad pública suelen carecer de la formación necesaria para desempeñar labores de orden público. Según la CNDH, el gobierno y las fuerzas armadas, la formación en derechos humanos ha aumentado, aunque no se ha realizado ninguna evaluación sustancial de su impacto. Sin embargo, el ejército sigue actuando en aplicación de reglas de enfrentamiento y uso de la fuerza, así como bajo estructuras de mando que aumentan la probabilidad de que se cometan violaciones de derechos humanos e impiden la rendición de cuentas efectiva. Continúa debatiéndose con el Comité Internacional de la Cruz Roja un proyecto de ley nacional sobre el uso de la fuerza, aunque aún no se ha hecho público ningún texto para su consulta general.

Hasta hace poco, miles de presuntas violaciones de derechos humanos en las que estaban implicados miembros de las fuerzas armadas de México eran tramitadas habitualmente por el sistema de justicia militar, cuyas actuaciones incumplen las normas internacionales sobre imparcialidad e independencia. El resultado era una impunidad casi total para los perpetradores. Sin embargo, en 2011, la Suprema Corte de Justicia la Nación reconoció la obligación de cumplir las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México. Estas resoluciones exigen que los casos sean investigados, procesados y juzgados por el sistema de justicia civil ordinario. Como consecuencia, según el gobierno, más de 400 casos de presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas han sido trasladados al sistema de justicia civil. No obstante, en algunos casos la aparente negligencia y/u omisión de los fiscales civiles, expertos forenses y policías, combinada con la falta de cooperación plena de las autoridades militares con las investigaciones civiles, sigue siendo una barrera para la justicia. En el momento de redactar este informe, Amnistía Internacional no tiene constancia de que se haya condenado por tortura a ningún miembro de las fuerzas armadas.

En abril de 2014, el Congreso aprobó finalmente la reforma del Código de Justicia Militar. Las reformas, que se promulgaron como ley en junio, exigen que todos los delitos, incluidas las violaciones de derechos humanos, cometidos contra civiles por personal militar sean investigados y juzgados en el sistema de justicia civil. Sin embargo, estas reformas no cumplen plenamente la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues los casos de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas contra otros miembros de dichas fuerzas siguen estando bajo la jurisdicción del sistema de justicia militar. Ω