La elección del ombudsman es un asunto de la mayor importancia, pues la función del defensor público de los derechos humanos es la promoción de estos derechos y el combate a las arbitrariedades de los servidores públicos. El ombudsman debe ser la conciencia jurídica y moral de las autoridades, a tal punto que cuando un servidor público sienta la tentación de incurrir en abuso o negligencia (aunque, bien visto, la negligencia es también una forma de abuso) lo reconsidere diciéndose a sí mismo: “el ombudsman me mira”.

Desde luego, el ombudsman no es un enemigo de las autoridades sino del abuso de poder, el cual debe no sólo señalar siempre que ocurra sino demostrar con pruebas y argumentos. Y si el proceder de la autoridad fue correcto, el ombudsman así ha de reconocerlo. Sus resoluciones no deben basarse jamás en cálculos de conveniencia política. Es un deshonor que el defensor público de los derechos humanos resuelva un expediente en cierta forma para quedar bien con el gobierno en turno, pero también es un desdoro que quiera complacer a un partido político o a algunos medios de comunicación o a determinado sector de la opinión pública. Lo único que el ombudsman debe buscar, con la mayor objetividad y con un trabajo profesional de calidad impecable, es la verdad de los hechos de que conoce. La autonomía, sin la cual no se es realmente un ombudsman, no sólo se ejerce frente a los gobernantes sino frente a todo grupo de presión. El ombudsman no debe asumir jamás banderías partidarias, ceder a sectarismos ni basar sus actos en motivos ajenos a la causa.

Estoy convencido de que esta vez el Senado de la República tomó la mejor decisión al nombrar al nuevo ombudsman nacional. Luis Raúl González Pérez, destacado académico, fue abogado general de la UNAM y formó parte del equipo fundador de la CNDH, en la cual desempeñó brillantemente, entre otros, los cargos de primer visitador general, director general de asuntos indígenas, y director general del programa de agravios a periodistas y defensores civiles de derechos humanos. Su entrega, su capacidad y su entusiasmo le permitieron conocer profundamente la institución y contribuyeron a que ésta conquistara la confianza de la ciudadanía.

Además de sus tareas en la CNDH, no puede dejar de mencionarse entre sus méritos más notables su trabajo como fiscal del caso Colosio, en el que dio una vez más muestra de su profesionalismo y su honestidad. No cedió a la presión de un grueso segmento de la opinión pública que clamaba por que se mantuviera aun sin elementos probatorios una teoría conspirativa, sino que en todo momento exhibió los resultados de su análisis riguroso, desprejuiciado y objetivo de las pruebas. No lo guió la suposición de lo que políticamente le sería más provechoso sino su afán de veracidad. Exploró todas las hipótesis imaginables, recabó todas las probanzas que era posible recabar, hizo declarar a decenas de testigos, y su informe acerca del caso es de tal contundencia que nadie ha podido refutarlo seriamente. Toda su trayectoria lo muestra como un profesional capaz y esforzado, pero sobre todo esa actuación lo presenta como un amante de la verdad, un hombre honesto, capaz de resistir presiones y de decidir sin dejarse influir por el entorno pasional en el que frecuentemente se exige guillotina para chivos expiatorios en vez de esclarecimiento de los hechos.