Los derechos humanos enfrentan actualmente en México una de las etapas más críticas y desafiantes. La debilidad del Estado de Derecho conlleva a que se genere una noción débil de justicia en nuestra sociedad.
“Hemos sido testigos de crímenes y situaciones sumamente graves, ante las cuales no debemos volvernos tolerantes o indiferentes, lo cual hace que en apariencia perdonemos lo imperdonable o que olvidemos lo que necesariamente tendríamos que tener presente”.
Existe un desencanto en la sociedad que no encuentra respuesta a sus demandas de civilidad, seguridad, transparencia, respeto a la ley y efectividad en los sistemas de justicia, percepción que también se ha generado a nivel internacional. Lo que está en juego en este momento no son solo intereses de individuos o grupos, sino México y su futuro.
El reto es revertir esta situación con la participación responsable de la CNDH, cuya función no es criticar para destruir sino para construir.
Esta es la visión de Luis Raúl González Pérez, quien propone doce políticas de actuación institucional que articuladas entre sí darían consistencia, organización y cohesión a la promoción, respeto y protección de los derechos humanos en México.
1.- Rediseñar la actividad institucional de la CNDH con miras a la creación del Estado Humanista del Siglo XXI a través del ejercicio efectivo de su autonomía y facultades constitucionales y legales.
2.- Contribuir en la implementación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011 e incidir en la armonización del marco jurídico. Entre otras, se harán propuestas de creación o modificaciones legislativas.
3.- Fortalecer la política de comunicación, coordinación y colaboración con organismos públicos nacionales e internacionales y organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos. Con los organismos internacionales se deben establecer protocolos de investigación de violaciones graves de derechos humanos que den origen a la estandarización de criterios y principios.
4.- Generar una Convocatoria Nacional por los Derechos Humanos. El contexto nacional obliga a las autoridades públicas, la iniciativa privada, las organizaciones de la sociedad civil y en general, a todos los ciudadanos a participar conjuntamente en la promoción y respeto de estos derechos como forma de vida y parámetro cotidiano del comportamiento de los involucrados.
5.- Establecer un Programa Nacional de Prevención de Violaciones a Derechos Humanos a fin de eliminar prácticas inadecuadas que generen esas violaciones y reforzar las políticas públicas de capacitación de los servidores públicos en la materia.
6.- Redefinir la estrategia de difusión de los derechos humanos a fin de prevenir su violación, promoviendo su respeto y garantizando su protección, mediante la construcción de una cultura de respeto al orden jurídico nacional y a los derechos humanos, así como fortalecer una conciencia social de respeto recíproco entre los miembros de la sociedad.
7.- Propiciar e impulsar el rediseño de políticas de Estado en materia de lucha contra la inseguridad pública, la impunidad, la corrupción y la injusticia que incidan en la promoción, respeto y protección de los derechos humanos. El fenómeno delictivo tiene su origen en diversos factores, por lo que la lucha contra este flagelo requiere de estrategias de amplio espectro que logren la recuperación de espacios públicos, la promoción del empleo y la regeneración de las instituciones encargadas de esta tarea e insistir en la compatibilidad de los derechos humanos con sus actividades de seguridad.
8.- Creación de un área de políticas públicas encargada de realizar diagnósticos temáticos de aspectos sensibles en el ámbito social, que generen nuevas políticas de Estado en materia de prevención, promoción y respeto de los derechos humanos.
9.- Actuación inmediata ante casos de violaciones graves a derechos humanos. El ombudsman debe actuar frente a esos casos de forma proactiva no solamente reactiva. Con prontitud y apoyo con todos los instrumentos a su alcance a las víctimas.
10.- Impulsar una política de defensa de los derechos sociales y de grupos en situación de vulnerabilidad con un enfoque transversal de los derechos humanos. La CNDH no solo deberá dar prioridad a la protección y defensa de los derechos humanos civiles y políticos, sino que también deberá atender aquellos a los que les han sido conculcados sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
11.- Establecer una relación respetuosa y firme con autoridades públicas de todos los órdenes de Gobierno, a través de espacios y mecanismos de interlocución permanentes.
12.- Consolidar la política de transparencia y rendición de cuentas así como la divulgación permanente de actividades y resultados como postulado fundamental de la actuación del ombudsman nacional.
Fuente (25/11/2014):
http://www.oem.com.mx/elsoldetoluca/notas/n3606881.htm
