• La desigualdad de ingresos en México es una de las más altas en los países de la OCDE y ha aumentado de nuevo en años recientes. Si bien la desigualdad bajó en la década previa a 2005, en la reciente recesión económica aumentó de nuevo. En 2012 el ingreso promedio de la población en el 10% superior de la escala de ingresos fue 30.5 veces más alto que el del 10% inferior, arriba de una proporción de 22 a 1 a mediados de la década de 1980, pero menor que la de 33.5 a 1 a mediados de los años 1990. En comparación, el promedio de la OCDE fue de 9.6 a 1 en 2013 (véase la Gráfica 1).
• El ingreso familiar real disponible bajó vigorosamente en el periodo posterior a la crisis financiera global. En 2010, el ingreso familiar promedio fue 11% más bajo que en 2008. Entre 2010 y 2012, el ingreso familiar total creció ligeramente; sin embargo, sólo los ubicados en el extremo superior se beneficiaron (+7%), en tanto que los ingresos entre el 40% en el extremo inferior se redujeron en un 3%. De forma preocupante, este fenómeno no ocurrió sólo durante la crisis, sino que se trata de una tendencia de largo plazo. Durante las últimas tres décadas, el crecimiento de los ingresos medios de los más ricos fue mucho más alto que el de la media y el de los pobres. De hecho, en términos reales, el ingreso promedio del 10% en el extremo inferior en 2012 es menor que el de 1984.
• La pobreza de ingresos relativa (población que se encuentra debajo del 50% del ingreso medio) en México es casi el doble que el promedio de la OCDE y, tras una baja continua desde 1996, comenzó a elevarse de nuevo en 2007. Usando como punto de referencia el umbral de pobreza medido antes de la crisis, la pobreza aumentó en 3.5 puntos porcentuales. A la inversa de la mayoría de los países de la OCDE, la pobreza entre los ancianos también aumentó durante el mismo periodo y los ancianos se mantienen como el grupo de edad con las tasas de pobreza más altas. Al mismo tiempo, la pobreza entre los niños es también alta, la segunda mayor después de Turquía.

En el pasado, la redistribución a través de las transferencias de efectivo y los impuestos sobre la renta personal en México sólo redujeron ligeramente la desigualdad: 4% en 2010. Sin embargo, si se incluyen los impuestos indirectos y el valor de transferencias públicas en especie (educación y salud), la reducción de la desigualdad resulta mucho mayor. El gasto público social aumentó en gran medida, pero aún es comparativamente bajo: en 2012, México gastó cerca del 8% del PIB en salud y educación, más que Perú pero menos que Brasil y el promedio de la OCDE de 11%. En fechas más recientes, el gobierno comenzó a revisar varios programas sociales con el fin de aumentar la protección de los ingresos y resolver la desigualdad en éstos (65 y más, SinHambre y Prospera).

¿Por qué es importante para México?

Los programas sociales focalizados han contribuido de manera importante a reducir la pobreza absoluta (población que vive con menos de 2.50 USD de PPA al día), desde finales de la década de 1990 hasta el principio de la crisis global. Las políticas fiscales en términos de transferencias de efectivo e impuestos directos e indirectos reducen la pobreza significativamente, lo cual no siempre sucede en otros países de la región. Además, las familias pobres reciben transferencias netas de efectivo y la mayor parte de éstas se destina a los deciles con ingresos más bajos.

            No obstante, las familias de bajos ingresos son aún vulnerables a las adversidades económicas y a la pérdida de ingresos, dado que el monto de las transferencias de efectivo representa únicamente un apoyo modesto al presupuesto familiar. Programas sociales adicionales que ayudan a las personas que carecen de alimentos, como el programa Cruzada Nacional Contra el Hambre, que arrancó en 2013, podrían también sacar a la gente de la pobreza, en particular los más afectados por la crisis económica.

            La prestación de servicios públicos es un importante instrumento de política en México. Pero puede hacerse más para mejorar la progresividad de los servicios públicos. Si bien el gasto total per cápita en educación pública tiende a ser más alto para las familias más pobres, en lo que a gastos en salud se refiere, el beneficio per cápita es aproximadamente el mismo en toda la escala de ingresos.

            Prevalecen grandes desigualdades en educación. La mejora de la calidad de la enseñanza y la promoción de una mejor transición de la escuela al trabajo para grupos desfavorecidos son elementos de importancia. Un nuevo programa, Prospera, complementará las transferencias de efectivo condicionadas con políticas activas del mercado laboral, y se espera que mejore la ubicación en el empleo idóneo.

            Debido a la gran informalidad del mercado laboral (más de la mitad del empleo total es informal), y a la falta de un seguro de desempleo, el riesgo de tener un salario bajo es alto en México. Esto, a su vez, aumenta los riesgos de pobreza y la dispersión salarial, y limita la capacidad de recaudar ingresos gubernamentales para la redistribución. El nuevo régimen fiscal mexicano para pequeñas empresas (RIF), que empezó a operar en enero de 2014, deberá contribuir a reducir la informalidad al inducir a las empresas informales a regularizar su situación.

            Muchos trabajadores en México no tienen o tienen pocos derechos de pensión, ya que los trabajadores informales no están cubiertos por el sistema de pensiones y muchos trabajadores sólo hacen aportaciones en forma irregular. Una pensión social para combatir la pobreza durante la vejez (65 y más) proporciona ingresos a quienes no están cubiertos por la pensión relacionada con los ingresos, pero el nivel de beneficios se encuentra muy por debajo del umbral de pobreza extrema.

¿Qué pueden hacer los encargados del diseño de políticas?

Para superar la desigualdad y fomentar oportunidades para todos, los países podrían adoptar un paquete completo de políticas, centrado en cuatro áreas principales: promover una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral; propiciar oportunidades de empleo y empleos de buena calidad; fortalecer la calidad de la educación, así como el desarrollo y adaptación de competencias durante la vida laboral, y diseñar mejor los sistemas fiscal y de prestaciones para una redistribución eficiente. En México, esto incluiría iniciativas como las siguientes:

• Incrementar las medidas para garantizar que los programas de transferencias de efectivo condicionadas estén respaldados por una prestación apropiada de servicios adecuados de apoyo en salud y educación de calidad.
• Considerar las medidas para dirigir mejor el foco de las transparencias de efectivo hacia las necesidades de los grupos más vulnerables: mujeres, ancianos, niños y grupos indígenas. En este contexto, podría darse prioridad a la expansión de la cobertura del Programa de Estancias Infantiles para Madres Trabajadoras (PEIMT) en el nivel nacional, debido a los múltiples dividendos que ofrece en términos de la capacidad para alentar la participación de las mujeres en el mercado laboral, reducir los riesgos de pobreza y mejorar la igualdad de género.
• Estimular a un número mayor de mujeres a integrarse a la fuerza laboral formal, al mejorar el acceso a servicios de atención infantil de calidad y ampliar las políticas activas del mercado laboral.
• La nueva Ley Federal del Trabajo, promulgada en noviembre de 2012, puede fortalecer la creación de empleos formales, pero aún hay más por hacer al respecto. Avanzar hacia un Sistema de Seguridad Social Universitario e implementar el seguro de desempleo, medidas que ya han sido propuestas al Congreso por la actual Administración, pueden mejorar los incentivos (para trabajadores y empleadores) para permanecer o integrarse al sector formal de la economía.
• La puesta en marcha de la Ley de Pensión Universal permitirá a los mexicanos mayores de 65 años que no tienen derecho a recibir beneficios de pensión, calificar para recibir una pensión mínima.

Fuente (260515):

http://www.oecd.org/centrodemexico/medios/Nota%20pais%20Nexico%20FINAL.pdf