La Academia Mexicana de Ciencias Penales manifiesta su preocupación a propósito de diversos temas cuya reciente regulación se aparta de los principios y las reglas propios del sistema penal democrático y del orden constitucional que pretendemos conservar y engrandecer.
El motivo “oficial” para la emisión de las disposiciones que cuestionamos es la inseguridad prevaleciente y la necesidad de adoptar medidas adecuadas para contener la criminalidad. Por supuesto, no negamos las alarmantes características de la inseguridad que nos aqueja. Sin embargo, es indispensable que las medidas que se utilicen para enfrentarla sean aceptables en el marco del Estado de Derecho. Si éstas carecen de legitimidad ––y además de eficacia–– se atacan tanto los derechos de los ciudadanos como el buen orden social.
Los temas a los que ahora nos referimos con gran preocupación son los siguientes:
- Guardia Nacional. La seguridad pública se ha militarizado, contrariamente a los ofrecimientos y compromisos formulados por las autoridades. Hemos dejado de atender la buena marcha de la policía civil.
- Prisión preventiva oficiosa. Se ha extremado en reformas constitucionales recientes.
- Extinción de dominio. Ha tomado una extensión inadmisible. Se aplicará en centenares de casos a partir de meras sospechas y pruebas insuficientes. Esto pone en grave riesgo o lesiona frontalmente los derechos de personas inocentes.
- Colonia Penal de Islas Marías. El Congreso de la Unión decidió el destino del archipiélago como colonia penal. El Ejecutivo cambió ese destino sin intervención del Legislativo.
- Restricción penal de libertades diversas. En Tabasco se adoptó una normativa penal conocida como “ley garrote”, que quebranta derechos constitucionales de los individuos.
- Reformas al Código Penal de la Ciudad de México. El Congreso de esta entidad aprobó reformas que establecen figuras penales e incrementan desmesuradamente diversas penas. Su fundamento es la creciente inseguridad en la Ciudad de México, que se debiera enfrentar a través de medidas compatibles con el Estado de Derecho.
La Academia Mexicana de Ciencias Penales impugna la adopción de normas y medidas penales que carecen de legitimidad y agravan los problemas que padecemos.
Ciudad de México, septiembre de 2019