Uno de los pasajes más oscuros de este año en la vida pública mexicana ha sido el ataque del gobierno federal a los organismos autónomos, en especial a los protectores de derechos humanos, señaló Kenia López, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, al rendir su primer informe de labores.
La legisladora lamentó que el Presidente de la República haya rechazado la recomendación 29/2019 relativa a la cancelación del apoyo a las estancias infantiles, a pesar de que, en diciembre pasado, se comprometió a cumplir todas las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y que los senadores del partido oficial desecharan la solicitud de Luis Raúl González, presidente de la CNDH, de llamar a comparecer a los servidores públicos que no la aceptaron.
“Cada golpe a la CNDH —advirtió Kenia López— es un golpe a la democracia y cada golpe a la democracia nos acerca más al autoritarismo”. La senadora fue contundente: un Poder Legislativo sin autonomía o independencia de gobiernos o autoridades, del corte ideológico que sean, no conviene a nadie, debilita la institucionalidad democrática y abre la puerta a decisiones autoritarias en las que aun los propios derechos humanos pueden desconocerse, relativizarse o dejarse de lado.
Por su parte, en el mismo acto, Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, citó a Montesquieu —todo estaría perdido si el mismo hombre, ya sea de nobles o de pueblo, ejerciera los tres poderes— y subrayó que, además de la división de poderes, es de gran importancia un sistema de instituciones y organismos autónomos para el funcionamiento del Estado y para la protección de derechos de sus ciudadanos.
A los gobiernos autoritarios se les indigesta que los defensores de los derechos les señalen sus arbitrariedades y los urjan a enmendarlas. Prefieren que todos sus actos sean objeto de aplausos incondicionales. Las críticas no les hacen la menor gracia, y quien no está dispuesto a escuchar las críticas es incapaz de ejercer la autocrítica. Entonces, los gobernantes autoritarios son como diosecillos seguros de que no tienen que rendir cuentas de sus actos ni rectificarlos por indefendibles que sean.
El ombudsman no es enemigo de las autoridades, sino de los atropellos perpetrados por las autoridades. Sus recomendaciones son una luz de bengala, una llamada de atención a los servidores públicos a fin de que corrijan sus actos u omisiones violatorias de derechos. Por tanto, un gobernante que simpatice con la causa de los derechos humanos tendría que ver al ombudsman como un aliado, pues le señala aquello que debe enmendarse.
Irritados porque la CNDH, actuando con profesionalismo y autonomía, señala las tropelías del gobierno actual —como lo hizo con los gobiernos anteriores—, los legisladores del oficialismo preparan el mazazo para terminar con una institución que presta un servicio invaluable a los gobernados, pero que a ellos, como al Presidente de la República y a sus colaboradores, les incomoda.
Existe una malhadada iniciativa conforme a la cual la CNDH y los organismos públicos locales de derechos humanos desaparecerían y en su lugar se crearía una Defensoría del Pueblo, de la que seguramente se esperaría una absoluta obsecuencia, tal como la institución del mismo nombre del régimen venezolano, esa abyecta tiranía reconocida por nuestro gobierno (¡agggh!). Pero un ombudsman es plenamente autónomo o no es un auténtico ombudsman.
Ninguna dictadura tolera a un ombudsman auténtico. Esta institución les resulta totalmente insoportable a dictadores de todo signo ideológico porque refleja —en sus recomendaciones— el rostro distorsionado de los abusos de poder para así paralizarlos, como hizo el escudo de Perseo con la Gorgona.
Son de enorme valor las palabras de la senadora Kenia López, pero hace falta más, mucho más en defensa de la CNDH y los organismos públicos defensores de derechos humanos de las entidades federativas. Los partidos de oposición —¡vive Dios, todavía existen! (o al menos eso creo)— y las ONG debieran convocar a una gran manifestación de apoyo a esas instituciones que promueven y defienden uno de los productos más valiosos del proceso civilizatorio, y de repudio a la iniciativa que busca aniquilarlos.
