Los gnósticos sostenían que el mundo no había sido creado por Dios sino por un demiurgo esencialmente malo. Podría pensarse que un demiurgo similar creó en México al Ministerio Público, pues parece diseñado perversamente para  funcionar mal: su actuación suele ser lenta, ineficaz y plagada de corruptelas. El Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM (PUDH-UNAM) ha propuesto medidas precisas para profesionalizar a esa institución en todo el país con base en un riguroso estudio que realizó sobre su funcionamiento.

            El vía crucis para los denunciantes se inicia con la llegada a la agencia investigadora, donde tienen que esperar varias horas para ser atendidos. Una vez presentada la denuncia se exige que sea ratificada, lo que absurdamente posterga el inicio de la investigación. Los agentes del Ministerio Público suelen proceder con amplia y caprichosa discrecionalidad, lo que se ve fomentado por la falta de control eficiente por parte de sus superiores jerárquicos. La ausencia de supervisión facilita la desidia y las prácticas corruptas, lo cual influye decisivamente en que el trámite de las indagatorias se realice con graves deficiencias técnicas y con lentitud exasperante. No es raro que entre una y otra diligencias transcurran varios meses, y que la integración del expediente dilate años sin que el grado de dificultad justifique la demora.

La ineficacia del órgano de la acusación es escandalosa. En un delito tan grave como el homicidio doloso, por ejemplo, de cada diez averiguaciones previas abiertas en el país no llegan a tres los presuntos responsables puestos a disposición de un juez. A la ineptitud se suma la vileza: no es infrecuente que se acuse tergiversando o inventando pruebas, o sin tenerlas.

A fin de lograr un Ministerio Público de alta calidad profesional, el PUDH−UNAM propone la autonomía de la institución acompañada con la instauración de un Consejo que tenga como función principal supervisar que el órgano de la acusación actúe con apego a la ley, honestidad y profesionalismo; la supervisión en línea de la averiguación previa por parte del denunciante, que deberá tener las puertas abiertas para quejarse con el superior jerárquico; la profesionalización auténtica mediante procedimientos estrictos de formación, ingreso y evaluación; salarios y prestaciones dignos y acordes con la importancia de la función (a los agentes del Ministerio Público, salario equivalente al 50% de lo que gana un juez de distrito; a los peritos y a los policías de investigación, el 75 y el 50% respectivamente del monto del salario de los agentes ministeriales); jornadas laborales de ocho horas; recursos materiales y tecnológicos adecuados y suficientes; un análisis profundo que permita establecer cuántos agentes ministeriales, policías de investigación y peritos requiere la carga de trabajo, la cual debe distribuirse razonablemente; espacios idóneos para llevar a cabo las labores, y establecimiento de áreas de innovación que permanentemente propongan mejoras conforme a los avances científicos y tecnológicos.

La propuesta está motivada en el deseo de reformar al Ministerio Público para convertirlo en una institución ágil y eficaz, que abata la impunidad, atienda con calidad a las víctimas y deje de recurrir a la infamia de fabricar culpables.