¿Por qué motivo los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron llevados a la ciudad de Iguala el 26 de septiembre de 2014? ¿Quién los llevó? ¿Por qué precisamente a los alumnos de primer grado?

            A diez meses de la noche triste de Iguala estas preguntas no han sido respondidas por la Procuraduría General de la República (PGR), no obstante que resultan de la mayor relevancia porque el origen de los hechos terribles que tuvieron lugar entonces es precisamente la presencia injustificada de los normalistas en esa ciudad.

            La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha presentado un informe preliminar sobre ese suceso, y entre las insuficiencias de la indagatoria señaladas en el documento la más inquietante es la falta de respuesta respecto de las razones que llevaron a los estudiantes a Iguala, cómo se conformó el grupo, quiénes los organizaron, por qué era marcadamente mayor el número de educandos de primer año y si las autoridades de la escuela tuvieron injerencia en ese viaje.

            Los alumnos no tenían que haber sido enviados a Iguala ni a ninguna otra parte. La escuela en la que estudiaban es un internado. No iban a una práctica académica ni a un día de campo. Todo mundo sabía en el estado de Guerrero que el alcalde de Iguala y su esposa no eran hermanas de la caridad, que tenían vínculos personales no muy recomendables y que habían tenido ya conflictos con estudiantes de la normal.

            La PGR descubrió aspectos cruciales de los hechos, pero omitió aclarar esos puntos que son igualmente relevantes. Los alumnos fueron mandados a un lugar en el que se sabía que podían correr riesgo. En la reticencia del procurador para indagar acerca de ese enigma quizá influyó una consideración políticamente correcta: si quienes tomaron la decisión probablemente estaban motivados por el afán de que se llevara a cabo una protesta social, ni siquiera debía averiguarse quiénes eran ni si además de ese motivo tenían algún otro menos respetable, pues tal indagación podría dar lugar a que los celosos centinelas de la corrección política clamaran al cielo —¡vive Dios!— que se estaba criminalizando la protesta social.

            La CNDH no desmiente la versión de la PGR, sino que, por el contrario, la está avalando al menos parcialmente al instarla a que cumpla con los mandatos judiciales pendientes de ejecutar, pues tales mandatos se sustentan en la investigación de la propia PGR. Lo que sí hace la CNDH es indicar las diligencias que faltan por desahogar para aclarar hasta donde sea posible los detalles de los acontecimientos y agotar los intentos de encontrar el paradero de los desaparecidos.

            La PGR debe, entre otras cosas —sugiere el documento de la CNDH—, integrar las fichas de identificación de los estudiantes ausentes, en las que se incluyan datos tan importantes para su localización como características físicas, posible uso de un aparato terapéutico o señas particulares; investigar las versiones que apuntan a la ubicación de supuestos sobrevivientes; obtener la georreferenciación de las líneas de los teléfonos móviles desde los cuales los jóvenes hicieron llamadas previas a su desaparición; solicitar al Servicio Metereológico Nacional y a la NASA información sobre las condiciones climatológicas prevalecientes del 25 al 28 de septiembre de 2014 en el basurero de Cocula para dilucidar si era viable la incineración de cadáveres en ese sitio, y comparar la tierra de la bolsa recuperada del río San Juan con la de ese basurero.

            Una propuesta sumamente importante es la de que comparezcan los militares que en Iguala y Cocula eran los encargados de recibir información del acontecer cotidiano relacionado con la seguridad en la vía pública y los que con posterioridad acudieron a los lugares en que ocurrieron los hechos.

            La CNDH ha elaborado un análisis riguroso y exhaustivo, con base en el cual propone acciones pertinentes para el mayor esclarecimiento posible del crimen colectivo. Creo que sólo faltó que indicara plazos razonables y perentorios para que la PGR lleve a cabo las diligencias sugeridas. Pero es obvio que la gravedad del caso amerita que tales diligencias se lleven a cabo con la mayor celeridad y el mayor profesionalismo.