El Covid-19 representa no solo una amenaza sanitaria mundial, sino también económica, social y de derechos humanos que ha generado miles de decesos y enfermos, miedo y sufrimiento, desempleo y preocupación, estrés y daño psicológico, confinamiento y violencia en los hogares.

            La Organización Mundial de la Salud ha destacado que la pandemia mundial se ha caracterizado por su rápida propagación que ha rebasado los sistemas sanitarios más resilientes; por su gravedad toda vez que, en términos generales, el 20% de los casos son graves o críticos, con una tasa de mortalidad de los casos hospitalarios que supera el 3%, lo que es mayor tratándose de personas en edad avanzada y aquellas con ciertas patologías prexistentes, y por la perturbación social y económica traducida en las afectaciones a los sistemas sanitarios y las acciones adoptadas para contener su transmisión, lo que ha representado profundas consecuencias socioeconómicas.^[1]

            Los pronósticos sobre la pandemia en países donde la práctica de pruebas de detección representa un porcentaje mínimo, nos lleva a la incertidumbre y el temor de los efectos y consecuencias que la enfermedad puede representar, por lo que es necesario replantear la estrategia e incrementar los recursos para pruebas de detección del virus y su tratamiento. 

            El respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos económicos y sociales, resulta el eje fundamental de respuesta de salud pública. En efecto, el progreso y bienestar económico, social, político, así como la democracia, la solidaridad y la paz, no serán realizables si no garantizamos primero que todas las personas tengan cubiertas sus necesidades básicas y existan las condiciones institucionales, económicas, financieras y de seguridad idóneas que les permitan desarrollar sus proyectos de vida conforme a sus aspiraciones y convicciones personales, lo que implica que mientras existan transgresiones a la dignidad humana, será difícil que nuestro país acorte las ingentes brechas de desigualdad e inequidad que limitan el potencial humano de sus habitantes.

            La insuficiencia de infraestructura e insumos médicos en el país para la atención de la pandemia, ha propiciado que las autoridades sanitarias implementen acciones que permitan atender al mayor número de personas enfermas, sin embargo, diversas unidades médicas federales y locales presentan graves deficiencias en infraestructura e insumos tanto para personal médico y de enfermería responsable de la atención de casos, como para la atención de los pacientes.

            Dicha situación nos debe llevar a la reflexión sobre la conveniencia de un sistema de salud unificado que tenga como objetivo primordial la construcción de un nuevo modelo de atención a la salud que garantice el acceso universal de la población, y que esté basado en la atención primaria de la salud con enfoque preventivo, haciendo uso óptimo de los recursos económicos y sanitarios disponibles, bajo premisas de planeación integral.

            También la pandemia ha ocasionado el inicio de una crisis económica caracterizada por la interrupción abrupta de las cadenas de producción y distribución de bienes y servicios; el concomitante desplome de los mercados cambiario, bursátil y energético; las complejas condiciones productivas y económicas internacionales con motivo del cierre parcial o total de fronteras; la afectación al comercio formal y a los sectores más vulnerables y de mayor desigualdad social; la afectación de los ingresos derivados de la actividad turística, así como el desempleo^[2] y subempleo derivado de cierre de empresas.

            Ante tal situación, los Estados nacionales han respondido mediante la generación de planes de respuesta económica ante el Covid-19, caracterizados por la canalización de recursos económicos para apoyo directo a trabajadores y empresas, así como para satisfacer las necesidades de liquidez de estas últimas a través de estímulos fiscales como el diferimiento del pago de impuestos. Sin tener certeza sobre qué medidas de política económica son las mejores, lo cierto es que todas las que se implementen deben salvaguardar las relaciones de trabajadores y empleadores, productores y consumidores, prestamistas y prestatarios, a fin de que los sectores de la micro, pequeña y mediana empresa puedan resistir los embates de la emergencia médica hasta en tanto reanudan plenamente sus actividades productivas.

            En México, el banco central dio cuenta de una serie de acciones para dar liquidez al sistema financiero y a las empresas, mediante la inyección a la economía de 750,000 millones de pesos, lo que representa unos 30,000 millones de dólares aproximadamente, para dar acceso a créditos a las pequeñas y medianas empresas afectadas por la suspensión de actividades derivada de la pandemia. Incluso, un amplio sector de la población ha esperado infructuosamente del gobierno, un plan de reactivación económica que haga frente a los estragos derivados del Covid-19, sin embargo, las medidas anunciadas mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril del año en curso, solo se caracterizan por una mayor austeridad en el servicio público, continuidad de programas sociales y proyectos de interés gubernamental, otorgamiento de 3 millones de créditos a trabajadores formales e informales, se proyecta la creación por decreto de 2 millones de empleos, desaparición formal de 10 subsecretarías, además de posponer gastos de gobierno en servicios generales, materiales y suministros. Nada nuevo, no existe un apoyo directo a las miles de micros, pequeñas y medianas empresas que se ven en la necesidad de cerrar sus negocios con la correspondiente pérdida de miles de empleos. 

            Inclusive, con motivo del reciente programa crediticio por 12,000 millones de dólares para apoyar a cerca de 30,000 micros, pequeñas y medianas empresas, alcanzado por el Consejo Mexicano de Negocios y el Banco Interamericano de Desarrollo, con el visto bueno de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en su calidad de accionista del referido organismo internacional, no tardó en llegar la crítica del gobierno derivada de una premisa equivocada sobre un supuesto “aval financiero” que pudiera traducirse en deuda para el Estado mexicano, lo cual no es así, toda vez que no implica aval crediticio ni endeudamiento del gobierno. 

            Derivado de las emergencias sanitaria y económica, se presenta una crisis social caracterizada por la situación de marginación y desventaja en que se encuentran ciertas personas o grupos de población que, por múltiples causas, ven limitadas sus oportunidades de adoptar medidas preventivas para evitar la transmisión del virus o el acceso a tratamientos de calidad que permitan su recuperación y supervivencia en caso de enfermarse por COVID-19, así como para ejercer plenamente sus derechos, entre ellas personas mayores, con discapacidad, en reclusión y que viven con VIH; poblaciones LGBTI; niñas, niños y adolescentes; indígenas, migrantes y desplazadas, los que se encuentran en una situación de pobreza y marginación, entre otros, quienes en razón a sus características requieren de medidas especiales de protección que equilibren la relación de desventaja en la que se les ha colocado. Una buena política pública en materia de derechos humanos, parte de una buena política social.

            No se puede soslayar el incremento de la violencia familiar derivada, entre otras razones, del confinamiento a que nos ha obligado el Covid-19, así como las correspondientes alteraciones emocionales y psicológicas muchas veces acompañadas de un estrés postraumático, lo que ha llevado al Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, a señalar que “para muchas mujeres y niñas, la amenaza es mayor donde deberían estar más seguras, en sus propios hogares“.^[3]

            A lo anterior habría que agregar una serie de iniciativas de reforma constitucional y legal presentadas bajo el argumento de hacer frente a la emergencia sanitaria y económica que ha ocasionado el Covid-19, situación que debe llevarnos a la reflexión en su análisis, prudencia en su discusión, respeto a la legalidad y a los ámbitos de competencia de los poderes constituidos.

            Todos ellos son factores que, aunados a la violencia, inseguridad e impunidad que se presentan en diversas regiones del territorio nacional, han propiciado e incidido en la crisis de derechos humanos que enfrenta el país, particularmente en momentos de emergencia sanitaria, crisis económica y desaliento y temor social. La pandemia nos ha recordado tener presente en todo momento nuestra vulnerabilidad.  

            México es un país de grandes retos. Cada día enfrentamos situaciones que nos obligan a implementar nuevos y mejores mecanismos para garantizar los derechos humanos y fortalecer la paz, la tranquilidad social, la democracia y la pluralidad. En ese escenario, la articulación entre instancias públicas resulta crucial para responder de manera más efectiva a las legítimas demandas de la sociedad. Se requiere una fuerte voluntad y compromiso político para sumar esfuerzos y trabajar desde una óptica renovada en la que la dignidad de las personas y la realización plena de sus derechos sean la máxima prioridad. Requerimos de unidad nacional, solidaridad social, fortaleza de Estado, receptividad a la diversidad de opiniones y necesidad de cambio basado en el respeto irrestricto de los derechos humanos y el Estado de Derecho.

            En este contexto mundial y nacional que nos plantea grandes interrogantes, este mes de abril nos recordó fechas de gran importancia en el campo de los derechos humanos a nivel internacional, entre ellos: el 7 de abril, Día Mundial de la Salud; el 22 de abril, Día Internacional de la Madre Tierra; el 26 de abril, Día Internacional de Recordación del Desastre de Chernóbil, y el 28 de abril Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

                        El  pasado 7 de abril conmemoramos una fecha de gran relevancia dadas las actuales circunstancias de crisis sanitaria a nivel mundial por el Covid-19. El Día Mundial de la Salud buscó este año, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), dar énfasis a la cobertura sanitaria universal. Lo anterior, favorecería que todo individuo en cualquier parte del mundo, tuviera garantizado el derecho a la salud, bajo condiciones mínimas de calidad estandarizadas, en cualquier momento y cerca de su comunidad.

            Sin embargo, la crisis de salud que atraviesa en este momento los sistemas sanitarios en el mundo, incluso en países desarrollados  que se han visto rebasados por la pandemia de Covid-19, ha desnudado una realidad que perfila cuán lejos estamos de alcanzar este objetivo. De acuerdo con datos de la OMS, se calcula que alrededor del 50% de la población mundial carece de servicios de salud esenciales. En nuestro país, esta cifra se ha reducido por fortuna en los últimos años hasta alcanzar el 20% de la población sin cobertura de servicios de salud. Diferencias sociales, económicas, culturales, geográficas, demográficas, políticas, raciales y religiosas son, alrededor del mundo y en México, los principales retos a vencer para alcanzar este objetivo necesario y urgente para superar futuras pandemias y brindar a todos los seres humanos, sin distinción ni condición alguna, el justo acceso a servicios de salud con calidad.

                        El 22 de abril, conmemoramos otra fecha particularmente importante también en el contexto actual de pandemia a nivel mundial. El Día Internacional de la Madre Tierra este año nos invita a reflexionar más que nunca, el maltrato que el ser humano ha dado a la naturaleza y a los ecosistemas a nivel global, importando solo el valor económico, utilitario y por necesidad de los recursos naturales existentes, dejando a un lado los efectos perversos sobre éstos y al mismo ser humano.

            Tras el periodo de aislamiento obligatorio que los gobiernos han implementado alrededor del mundo para contener el contagio por Covid-19, hemos sido testigos como la ausencia del ser humano por unas semanas, ha sido profundamente benéfica para los hábitats de animales y plantas en todos los ecosistemas. Según datos de la ONU, cada día desaparecen del planeta alrededor de 150 especies animales y de acuerdo con la Revista Science, se calcula que el 50% del reino vegetal se encuentra en peligro de extinción. A esto habremos de agregar la degradación a menudo irreparable que la actividad humana produce en océanos, ríos, lagos, tierras, bosques, selvas y atmósfera, contaminando y destruyendo el balance natural y la biodiversidad planetaria

            Ligado al tema anterior, este 26 de abril rememoramos como cada año el Día Internacional de Recordación del Desastre de Chernóbil. Nadie puede negar los grandes beneficios de la energía nuclear, al ser altamente productiva, limpia y renovable. A contrario sensu, también es obligado reconocer los grandes riesgos que entraña si no se da la debida importancia a su operación y a las medidas de seguridad. Recordar a los gobiernos del mundo y a la sociedad misma la elevada responsabilidad que significa contar con instalaciones nucleares es una tarea de todos, pues la gran mayoría de la población mundial es beneficiaria de ella. El desastre de la planta nuclear de Chernóbil, con más de 8 millones de personas afectadas directamente, miles de ellas expuestas a la radioactividad y un área de 150 mil kilómetros cuadrados contaminada por radiación, así lo constatan.

            Finalmente, Perseo recuerda el 28 de abril, el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Este año, la ONU ha querido poner el acento en los brotes de enfermedades infecciosas en instalaciones de trabajo, como el que hoy enfrentan los trabajadores de la salud por la pandemia de Covid-19. Gobiernos, empleadores, trabajadores y sus organizaciones son corresponsables en este esfuerzo para crear y propiciar las condiciones óptimas para reducir infecciones, enfermedades y otros riesgos de seguridad en el ámbito laboral, en cumplimiento de los derechos humanos laborales.

Los Editores

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