Los derechos humanos, la seguridad pública, el acceso a la justicia, el fortalecimiento de las instituciones y el respeto al Estado de derecho son, sin duda alguna, temáticas de suma importancia frente a los acontecimientos cotidianos de violencia, inseguridad, corrupción e impunidad que se viven en distintas regiones del país.
En diversas ocasiones se ha insistido en que los derechos humanos enfrentan en México una de sus etapas más críticas y desafiantes, a lo que se suma el contexto de emergencia sanitaria que se vive y la necesidad de hacer efectivos los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) por estar directamente vinculados con la dignidad y el desarrollo humano, la igualdad de oportunidades, el crecimiento económico y social de los países, y con otros derechos humanos como la alimentación, la vivienda, el trabajo, la educación, la no discriminación, la igualdad de género, la seguridad social y el acceso a la información, entre otros.
Si bien es cierto que a nivel formal los derechos humanos no habían alcanzado el grado de reconocimiento que a partir de la reforma constitucional de junio de 2011 tienen en nuestro país, los hechos que cotidianamente se presentan ponen en evidencia una desvinculación o falta de conformidad entre lo que disponen las normas y nuestra realidad.
La impunidad que la sociedad advierte y los altos niveles de violencia e inseguridad que se viven, ocasionan que los derechos humanos sean vistos más como una situación puramente discursiva que como un aspecto práctico, real y tangible. Ejemplo de lo anterior, lo es el hecho de que los organismos de defensa y protección de los derechos humanos han conocido y conocen de diversos tipos de violaciones a derechos fundamentales que comprenden desde cuestiones vinculadas al incumplimiento de formalidades o procedimientos administrativos por parte de la autoridad, hasta prácticas o conductas que por su naturaleza y características son preocupantes en sí mismas; conductas tales como desaparición de personas, tortura, ejecuciones arbitrarias, detenciones ilegales, trata de personas, abusos a migrantes, ataques a periodistas y defensores de derechos humanos, discriminación, deficiencias e irregularidades en el sistema penitenciario, así como insuficiencia en el ejercicio pleno de los DESCA, entre otras, precisan de soluciones oportunas y congruentes con una decisión jurídico política fundamental como lo es el respeto y protección de los derechos humanos.
El fortalecimiento de las capacidades de las instancias defensoras de derechos humanos y no su desaparición es la alternativa; el éxito de cualquier política pública de derechos humanos debe partir de la genuina y necesaria convicción de consolidar instituciones fuertes y planes estratégicos que garanticen su implementación. Es importante conocer y entender el por qué de una instancia del Estado o de gobierno, de un organismo especializado y/o constitucionalmente autónomo; comprender el sentido y alcances de sus funciones y su importancia en el fortalecimiento de una cultura de la legalidad y de respeto a los derechos fundamentales.
En un Estado democrático y constitucional de derecho las libertades fundamentales legitiman y fundamentan al Estado mismo, de ahí la necesidad que el poder público las garantice acotando su actuación a los límites establecidos en el orden jurídico nacional, de tal forma que exista un equilibrio entre el legítimo ejercicio del poder por parte de las autoridades y el respeto a los derechos fundamentales de las personas como condición básica para la convivencia pacífica y el fortalecimiento institucional en el marco del respeto a la ley. Es decir, el ejercicio de las atribuciones que corresponden a las autoridades para garantizar la seguridad y las condiciones de convivencia armónica y respetuosa entre las personas debe hacerse en el marco de respeto a los derechos humanos y observancia del Estado de derecho.
Del mismo modo, el ejercicio de todo derecho y el planteamiento de cualquier protesta, reclamo o inconformidad debe realizarse invariablemente de manera pacífica, con respeto a los derechos de terceros, sin afectar el orden público, infringir la ley o atentar contra sus instituciones; la legitimidad de los reclamos sociales debe estar demostrada con la legalidad de sus actos.
En consecuencia, el imperativo de cumplir en todo momento con el Estado democrático y constitucional de derecho, implica: i) el respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución General de la República y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, bajo los principios de enfoque basado en derechos humanos, perspectiva de género, igualdad y no discriminación, enfoque diferencial y especializado, así como acceso a la información y rendición de cuentas; ii) el cumplimiento por parte de autoridades y gobernados de lo establecido en la norma constitucional, en los estándares internacionales derivados de los tratados, declaraciones, resoluciones y jurisprudencia internacional, particularmente la interamericana, y en las normas generales de carácter secundario; iii) la observancia del ámbito de competencia de los poderes constituidos (ejecutivo, legislativo y judicial) y los organismos constitucionales autónomos, con los correspondientes pesos y contrapesos; iv) la existencia de un control judicial de los actos de autoridad y, en general, el respeto a la estructuras jurídicas y políticas vigentes en el país, así como v) la prudencia en la presentación, discusión y aprobación de una serie de iniciativas de reformas, a fin de respetar la legalidad y los ámbitos de competencia de los poderes constituidos.
El paradigma de los derechos humanos, base de nuestro actual sistema jurídico, no se colma con el reconocimiento constitucional y legal de las prerrogativas inherentes a la persona, sino que exige la realización de acciones de los poderes públicos que posibiliten el desarrollo social de cada una de ellas, de manera que todas las personas cuenten con idénticas oportunidades de conducirse conforme a sus convicciones, valores y aspiraciones, así como realizar sus proyectos de vida.
Si bien una de las tareas de los organismos de protección de los derechos humanos es investigar todo abuso de poder por parte de la autoridad que trasgreda el citado equilibrio (ejercicio de poder y respeto a derechos humanos), la prevención de las violaciones a los derechos fundamentales es una de las labores que requiere de la máxima atención de las instancias del Estado y de gobierno, así como de la sociedad en general. Por ello, es necesario insistir en un nuevo paradigma cultural que nos haga más responsables y conscientes de la importancia y necesidad de proteger, respetar y hacer vigentes los derechos humanos.
Generar una renovada cultura de derechos humanos fortalece la cultura de la legalidad, vigoriza la seguridad pública, propicia un mejor y más eficiente acceso a la justicia y ejercicio efectivo de los DESC, así como la aplicación de la ley al momento de sancionar a quienes se apartan de la misma pues éstos deben asumir las consecuencias jurídicas de los delitos cometidos y comprobados conforme lo dispongan las leyes.
También se debe buscar la protección integral de las víctimas y sus derechos, por ello, es tan grave una irregularidad o cualquier abuso cometido por personas servidoras públicas como aquellas acciones u omisiones que afectan los procesos legales de los presuntos responsables de un delito, al propiciar que los mismos queden impunes y que las víctimas permanezcan en una situación de indefensión y sin justicia. El Estado mexicano debe garantizar que la verdad, la justicia y la reparación del daño lleguen a cada caso en que ha existido una violación a derechos humanos.
Cualquier conducta que evite o impida que las víctimas y la sociedad en sí misma hagan efectivo su derecho a la verdad y que las personas a quienes se imputan violaciones a derechos humanos respondan de sus actos en el marco de la ley, debilita a las instituciones, afecta su credibilidad, aumenta la percepción de impunidad y falta de un acceso real a la justicia.
El cumplimiento de los derechos humanos y de la norma es la única vía para lograr la justicia, el combate a la delincuencia y la erradicación de la impunidad. La prevención y defensa de la dignidad humana es tarea de todas y todos, desde luego incluidos los organismos de protección de los derechos humanos, puesto que, desde su origen, su propósito ha sido de apoyo y servicio a la sociedad mexicana, pero también de colaboración con las demás instancias del Estado mexicano.
La determinación de violaciones a derechos humanos no descalifica la tradición de servicio u honorabilidad de institución alguna; se señalan conductas precisas e indebidas de ciertas personas servidoras públicas que al ser investigadas y sancionadas fortalecen el papel de la institución frente a la sociedad al evidenciar su compromiso con la legalidad y la justicia. Por ello, entre las instituciones que integran el Estado mexicano no deben existir diferendos ni confrontaciones, sino respeto y equilibrio, ya que lo contrario debilita al propio Estado. Toda persona servidora pública debe observar esa premisa constitucional en el desempeño de sus funciones a fin de proteger a toda persona en su entorno y su dignidad.
La seguridad pública y el acceso a la justicia en nuestro país deben ser baluartes y símbolos de profesionalismo, integridad, servicio y respeto a la ley, de ahí que estén llamadas a proporcionar a la sociedad las condiciones de convivencia pacífica, paz pública y justicia.
México, en su afán de consolidarse como Estado democrático y constitucional de derecho, se obliga a través de su Constitución y de los tratados internacionales de los cuales es parte, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas. Comprender, entonces, que la seguridad pública implica trabajar para garantizar los derechos humanos, es reconocer que todas y todos caminamos hacia un mismo objetivo, en el que las instituciones del Estado y de gobierno, en el ámbito de su competencia, realizan lo que normativamente les es señalado, evitando con ello excesos que puedan derivar en trasgresiones a los derechos fundamentales.
De igual forma, la interpretación de los derechos humanos por parte de los órganos de impartición de justicia, además de tomar en cuenta los estándares del derecho internacional de los derechos humanos, debe reconocer el contexto social, económico y cultural de los justiciables, de forma que consideren las situaciones de vulnerabilidad y desventajas de grupos que sistemáticamente han sufrido violaciones a sus derechos, con el objetivo de garantizar la igualdad sustantiva en el acceso a la justicia. Estos grupos denominados de atención prioritaria son aquellos que, debido a la desigualdad estructural, enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales.
Entre estos grupos se encuentran niñas, niños y adolescentes; personas mayores, personas con discapacidad, personas LGBTI, personas que viven con VIH o sida, personas privadas de la libertad, mujeres, personas en situación de calle, pueblos indígenas, migrantes, personas desplazadas y personas afrodescendientes, entre otras. y que viven con VIH; poblaciones LGBTI; niñas, niños y adolescentes; indígenas, migrantes y desplazadas, los que se encuentran en una situación de pobreza y marginación, entre otros, quienes debido a circunstancias específicas requieren de medidas especiales de protección que equilibren la relación de desventaja en la que se les ha colocado.
En la medida que en materia de seguridad pública, acceso a la justicia, y fortalecimiento de las instituciones, se incorporen los estándares de cumplimiento y protección de los derechos humanos y la perspectiva de género establecidos en los instrumentos internacionales y los criterios de los organismos de los sistemas de protección de los que nuestro país forma parte, se estará abonando hacia un Estado de derecho fortalecido y vigoroso en el que todas las autoridades se sometan a los mandatos que los derechos humanos imponen como exigencia para lograr la plena protección de los intereses individuales y colectivos de los gobernados; un Estado que busque el máximo potencial y desarrollo de todos sus integrantes.
También, romper la inseguridad e impunidad mediante el ejercicio efectivo de la seguridad pública, el acceso a la justicia en un marco de respeto a los derechos fundamentales y la transversalización de género en todas las políticas públicas a partir de la aplicación del principio de igualdad de trato, oportunidades y no discriminación, es un paso importante para consolidar un verdadero Estado de derecho que supere un entorno en donde la pobreza, los niveles de desigualdad social y los problemas de violencia e inseguridad, son realidades que transgreden toda lógica de un Estado democrático y constitucional de derecho. Por ello, el reconocimiento, defensa y promoción de los derechos humanos constituye el eje y parámetro que debe regir toda actuación de la autoridad.
El ejercicio de los derechos humanos como podemos constatar, ha sido a lo largo del tiempo, la historia de luchas inacabadas: una lucha, porque los derechos humanos son el resultado de movimientos sociales para lograr su reconocimiento, respeto y aplicación e, inacabadas, porque todos los días alrededor del mundo estos movimientos continúan para no retroceder en su pleno ejercicio. En este mismo sentido, es que la Organización de las Naciones Unidas conmemora cada mes, días internacionales que nos ayudan en la promoción, respeto y mejora en el ejercicio de estos derechos.
Este mes de junio, la ONU conmemora entre otros, cuatro días importantes: 5 de junio, Día Internacional del Medio Ambiente; 12 de junio, Día Mundial contra el Trabajo Infantil; 15 de junio, Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez; 20 de junio, Día Mundial de los Refugiados y; 26 de junio, Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura.
El día 5 de junio, se conmemora a nivel internacional el Día del Medio Ambiente. ¿Cuál es la importancia del medio ambiente para el pleno ejercicio de los derechos humanos? La respuesta es simple pero su solución compleja y exige de todos los habitantes de la Tierra un esfuerzo adicional. Sin un hábitat sano, libre de contaminación y que sea aprovechado bajo una visión de sustentabilidad, ningún derecho humano puede estar garantizado. Conforme han evolucionado los derechos humanos, el derecho a un ambiente sano es considerado como un derecho de tercera generación, que se reconoce como un derecho de los pueblos del mundo. Esto significa por otro lado, que el derecho a un medio ambiente sano es exigible ante organismos internacionales y ante los propios gobiernos del mundo, pero a la vez se convierte en una responsabilidad compartida. Todos vivimos en este planeta, que nos proporciona oxígeno para respirar, agua que mantiene la vida, tierra que produce alimentos, así como todos los recursos naturales de los que la humanidad se sirve para alcanzar cierta calidad de vida. Pero poco hemos reparado como especie en el cuidado de este espacio. Día a día, miles de toneladas de basura y desechos de todo tipo, muchos de ellos tóxicos o no degradables, se vierten sin control alguno en basureros al aire libre y ríos, que a la postre contaminan irreversiblemente tierra y océanos; transformamos áreas naturales en beneficio de la sociedad pero sin reparar en los efectos que esto tiene en los animales y en el equilibrio natural que el mismo planeta ha logrado durante millones de años. Esto, ha traído serias consecuencias para la viabilidad y sobrevivencia de la especie humana, provocando el deshielo de los polos y glaciares, el incremento en el nivel del mar, la desertización de extensas zonas de tierra, la deforestación de bosques y selvas, el incremento de la temperatura global y con ello el recrudecimiento de fenómenos naturales como tornados, huracanes, tormentas y sequias. En este Día Internacional del Medio Ambiente, la Organización de las Naciones Unidas pone el acento en la preservación de la biodiversidad, pues una sociedad que no respeta la vida, pasando por un uso adecuado de sus recursos naturales y ecosistemas, hace cada vez más difícil la sobrevivencia no solo para animales y plantas, sino para la vida misma de los más de 7,500 millones de seres humanos que habitamos en este rincón del Universo.
El 12 de junio, Día Mundial contra el Trabajo Infantil, nos invita a reflexionar en la situación de aquellos infantes y adolescentes que alrededor del mundo por necesidad familiar, personal o explotación, trabajan largas jornadas en condiciones deplorables, a menudo sin pago o bien con sueldos miserables. Según datos del UNICEF, en el mundo trabajan 152 millones de niños, la mitad de ellos realizando trabajos peligrosos. En México, de acuerdo a la Cepal, se calcula que poco más de 2 millones de infantes trabajan en actividades tanto remuneradas como no remuneradas. Esta población trabajadora representa el 7.5% de la población infantil total en México, y se corre el riesgo muy alto de que se incremente ante los efectos económicos de la pandemia de Covid-19. Es un deber del Estado mexicano y de la sociedad en general, crear las condiciones necesarias para que estos niños dejen de trabajar y puedan alcanzar el pleno ejercicio de sus derechos como niños, niñas y adolescentes, entre ellos el estudio, una alimentación adecuada, el juego y la convivencia en paz y en familia.
El 15 de junio, Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez nos debe traer a una importante reflexión sobre el trato dado a todos nuestros adultos de mayor edad. Es cierto que una sociedad se conoce por el trato que le da a sus niños y a sus personas mayores y en México, como en muchos otros países del mundo, entre el 1 y el 10% de la población de personas mayores, reciben un trato que vulnera sus derechos humanos más elementales, entre ellos, servicios médicos inadecuados, ingresos deficientes que no les permite transitar sus años de vida con dignidad, el despojo de su patrimonio y maltrato por parte de sus familiares y sociedad en general. Estas circunstancias podrían también verse recrudecidas por la crisis actual de Covid-19. Por lo anterior, hacemos un llamado a reconocer el gran valor que tienen las personas mayores en la sociedad como individuos de pleno derecho y merecedores de respeto.
El 20 de junio, Día Mundial de los Refugiados nos recuerda que, por necesidad económica, política, social, alimentaria, sanitaria o bien por guerra o desastre natural, 80 millones de seres humanos alrededor del mundo tienen que abandonar sus posesiones, y lugares de origen, en busca de paz y sobrevivencia. A menudo estas personas, —hombres y mujeres de todas las edades—, que representan el 1% de la población mundial, son sometidos a los peores tratos en los lugares a donde migran, siendo una población altamente vulnerable a los abusos y a la comisión de delitos. Sobre ellos, penden profundos e injustos prejuicios que les dificultan su aceptación, adaptación y desarrollo en los lugares a donde migran; la discriminación y el racismo, por mencionar algunos. Es imperativo que para alcanzar un mundo más justo, inclusivo e igualitario, los gobiernos del mundo y su población global vean en las poblaciones migrantes no una amenaza, sino seres humanos que aportan a las economías locales y enriquecen el intercambio cultural entre los pueblos. Integrar las poblaciones migrantes a las economías receptoras es una medida eficaz para cumplir la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su protocolo de 1967, que enmarcan los derechos de todos los refugiados en el mundo y que obliga a los Estados involucrados a respetar los derechos humanos de estas poblaciones. Asimismo, terminar con las crisis políticas, económicas, guerras e inseguridad pública en los lugares de origen, significaría una reducción importante en los movimientos migratorios mundiales. En este sentido, la cooperación internacional y la voluntad política juegan un rol de gran trascendencia.
Finalmente, la Organización de las Naciones Unidas nos recuerda el 26 de junio, el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura. Cada día, en diversas partes del mundo, incluso en países desarrollados, miles de personas son sometidas a actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Estas acciones son violaciones flagrantes a la dignidad humana, por ello, son condenadas con toda su fuerza por el derecho internacional y penalizadas en todas las naciones del mundo, incluso en aquellas que no han firmado la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. En este problema que vulnera terriblemente la dignidad humana, la sociedad civil y la comunidad internacional tienen aún mucho trabajo por delante. En muchas partes del mundo subsisten, incluso admitidas por sus autoridades, prácticas de tortura como medio de castigo ante delitos. Más aún, la tortura se encuentra profundamente arraigada como práctica común entre policías y agentes investigadores para obtener información o coacción de detenidos. Trabajar en contra de la tortura para lograr su erradicación, nos hará una especie más justa, civilizada y humana.
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