México es un país de grandes retos; cada día enfrentamos situaciones que obligan a implementar nuevos y mejores mecanismos para garantizar los derechos humanos y fortalecer la paz, la democracia y la pluralidad. Por ello, a partir de este número se dará cuenta de los principales temas y efemérides relacionadas con los derechos humanos en el ámbito universitario y en el contexto nacional.

• Violencia de género.

Frente a las grandes asignaturas pendientes en materia de defensa y protección de los derechos humanos, como la erradicación de la violencia contra la mujer,  se requiere de una fuerte voluntad y compromiso social para sumar esfuerzos y trabajar con una visión renovada y fortalecida en la que la dignidad de las personas y la realización plena de sus derechos sean la máxima prioridad.

            Evidencias de investigaciones y estudios revelan la alta incidencia de violencia de género y estamos conscientes que se trata de una problemática compleja, en la que están inmersas prácticas, costumbres, estereotipos, discriminación, desconocimiento, falta de oportunidades, legislación no congruente con el nuevo paradigma de protección a la no violencia contra la mujer, y otros elementos que derivan en acciones u omisiones que atentan contra su dignidad humana.

            A guisa de ejemplo, de acuerdo con información dada a conocer por el INEGI en noviembre de 2019, de los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que hay en el país, 66.1% (30.7 millones) ha enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor, alguna vez en su vida; 43.9% ha enfrentado agresiones del esposo o pareja actual a lo largo de su relación y está más acentuado entre las mujeres que se casaron o unieron antes de los 18 años (48.0%), que entre quienes lo hicieron a los 25 o más años (37.7%); en 2018 se registraron 3,752 defunciones por homicidio de mujeres, el más alto registrado en los últimos 29 años (1990-2018), lo que en promedio significa que fallecieron 10 mujeres diariamente por agresiones intencionales.[1]

            Nuestra Universidad Nacional no es ajena a estas demandas; como instancia del Estado está llamada a atender el reclamo justo y legítimo de la comunidad universitaria de implementar las acciones necesarias que favorezcan un cambio cultural que entienda y comprenda la importancia de generar un ambiente de no violencia y una cultura de respeto a la legalidad.

            Los cambios estructurales anunciados por el Rector de la Universidad Nacional, entre ellos, la ampliación del Tribunal Universitario con perspectiva de género; la existencia de un organismo que atienda los casos de violencia de género; las eventuales modificaciones al Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios para el fortalecimiento de esta instancia universitaria, la eventual incorporación de asignaturas con perspectiva de género y las recientes modificaciones al Estatuto General para establecer como causa especialmente grave de responsabilidad universitaria “La comisión de cualquier acto de violencia y en particular de violencia de género que vulnere o limite los derechos humanos y la integridad de las personas que formen parte de la comunidad universitaria”, es un paso importante para enfatizar lo inadmisible de cualquier forma de violencia, particularmente la violencia de género, sin soslayar que en la última sesión del Consejo Universitario se destacó la continuación del análisis para la implementación de otras medidas.

            No se debe politizar el movimiento de las mujeres, sino sensibilizarse del abuso del que son objeto y que en muchos casos concluye en un feminicidio. Es indispensable generar lo más pronto posible una transformación cultural y una justicia de género, que se traduzca en hacer realidad la igualdad entre hombres y mujeres.

            Para ello, es necesario seguir impulsando el enfoque de género como política de Estado, que sea capaz de identificar, atender y transformar los factores estructurales que han ocasionado discriminación, prejuicios y sesgos que limitan a las mujeres el acceso pleno al ejercicio de sus derechos humanos.

• 6 de febrero, Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina (A/RES/67/146, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de diciembre de 2012).

La Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de esta resolución exhorta a los Estados Nacionales a generar políticas y normativas que aseguren la aplicación efectiva de  los marcos legislativos nacionales sobre la eliminación de la discriminación y la violencia contra las mujeres y las niñas, en particular la mutilación genital femenina. Esta práctica deleznable, de acuerdo con datos de Naciones Unidas, se presenta en 30 países de África, Oriente Medio y Asia meridional e Indonesia, este último en Oceanía y algunas pequeñas comunidades de Latinoamérica, por lo que es necesaria su erradicación mediante la difusión y sensibilización sobre temas de derechos humanos, erradicación de la violencia de género, particularmente sobre igualdad de género, educación sexual y atención a las víctimas de la ablación, toda vez que son  más de 200 millones de mujeres y niñas las que han sufrido mutilación de sus genitales.

            A través de esta conmemoración se hace patente el rechazo absoluto a una práctica que representa una violación grave a los derechos humanos y un abuso irreparable e irreversible a las mujeres y niñas, por la alteración o lesión de los genitales femeninos por motivos no médicos.

• 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia (A/RES/70/212, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 22 de diciembre de 2015).

El importante papel de la Mujer y la Niña en la ciencia y tecnología, su empoderamiento y la igualdad de género es destacado en esta resolución como condiciones indispensables para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y lograr un mundo pacífico, próspero y sostenible.

            También, se reconoce “la importante contribución que hace la comunidad científica y tecnológica al desarrollo sostenible y a la promoción del empoderamiento, la participación y los aportes de las mujeres y las niñas en la ciencia, la tecnología y la innovación”.

            Entre 2014 y 2016, según datos de la UNESCO, “solo alrededor del 30% de todas las estudiantes escogen estudios superiores dentro del campo de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y matemáticas (STEM). En todo el mundo, la matrícula de estudiantes femeninas es particularmente baja en el campo de la tecnología, la información y las comunicaciones (TIC), con un 3%; ciencias naturales, matemáticas y estadísticas, con un 5%, y en ingeniería, manufactura y construcción, con un 8%”.

            Es necesario superar los prejuicios de género que han ocasionado que niñas y mujeres se mantengan distantes de los sectores relacionados con la ciencia.

• 20 de febrero, Día Mundial de la Justicia Social (A/RES/62/10, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 2007).

Hoy en día resulta importante que los Estados Nacionales asuman el compromiso de promover sistemas económicos nacionales y mundiales basados en los principios de la justicia, la equidad, la democracia, la participación, la transparencia, la rendición de cuentas y la inclusión. Así lo reconoce la Asamblea General en esta resolución, al mismo tiempo de generar estrategias de reducción de la pobreza para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

            Sin duda alguna, el desarrollo y la justicia social “son indispensables para la consecución y el mantenimiento de la paz y la seguridad en las naciones y entre ellas”, consolidando los esfuerzos de la comunidad internacional para erradicar la pobreza y promover la inclusión laboral, la igualdad de género y el acceso al bienestar social.

• 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna (A/RES/61/266, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 16 de mayo de 2007).

Esta efeméride tiene como finalidad promover el multilingüismo y la diversidad cultural. De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas: “al menos el 43% de las 6 000 lenguas que se estima se hablan en el mundo están en peligro de extinción. Tan solo unos pocos centenares de idiomas han tenido el privilegio de incorporarse a los sistemas educativos y al dominio público, y menos de un centenar se utilizan en el mundo digital”.

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            El uso de las lenguas maternas en el marco de un enfoque plurilingüe es un componente esencial de la educación de calidad, que es la base para empoderar a las mujeres, a los hombres y a sus sociedades. Debemos reconocer y promover el potencial de las lenguas para no dejar a nadie rezagado y construir un futuro más justo y sostenible para todos, como se recoge en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

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            Las sociedades multilingües y multiculturales existen a través de sus lenguas, que transmiten y preservan los conocimientos y las culturas tradicionales de manera sostenible. Por eso, debemos cuidar de todas las lenguas.

• 27 de febrero, Día Nacional de la Inclusión Laboral (A/RES/70/212, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 22 de diciembre de 2015).

El 12 de febrero de 2013, el Senado de la República instauró el Día Nacional de la Inclusión Laboral a celebrarse cada 27 de febrero, reconociendo así el fomento a la diversidad, la solidaridad y la inclusión en el mercado laboral de todos los sectores de la sociedad, entre otros: mujeres, jóvenes, personas mayores, indígenas y a los integrantes de las poblaciones LGBTI.

• Decreto promulgatorio de la Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia, adoptada en La Antigua, Guatemala, el 5 de junio de 2013.

Este instrumento internacional que fue firmado por el Gobierno de México el 13 de noviembre de 2018, ratificado por el Senado mexicano el 11 de noviembre de 2019, promulgado y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de febrero de 2020, tiene por objeto establecer compromisos del Estado mexicano en defensa y promoción de los derechos humanos en su lucha contra la discriminación y la intolerancia en nuestro país.

• Autonomía universitaria

La iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México presentada recientemente para proponer la elección de rector y directores de las facultades, escuelas e institutos por voto libre y secreto, preocupa e indigna a la comunidad universitaria por atentar contra la autonomía universitaria y representa una injerencia en la vida interna de la Universidad Nacional, al mismo tiempo que permite recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación la ha definido como una garantía institucional del derecho a la educación superior con que cuentan las universidades públicas autónomas por ley para darse su propia organización y funcionamiento, designar a sus órganos de gobierno, fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de profesores y selección de personal no docente, admisión de estudiantes, fijación de programas de estudios y disposición de su patrimonio e ingresos.

            Finalmente, la Universidad Nacional, los organismos públicos de derechos humanos, los integrantes de los poder judiciales, las autoridades administrativas, los medios de comunicación, el sector privado, las familias y la comunidad deben reforzar el principio que establece que los derechos humanos y sus mecanismos de garantía requieren de atención prioritaria.

Los Editores