San José, Costa Rica. 6 de septiembre de 2018- Los días 27, 29 y 30 de agosto de 2018 una delegación de la Corte Interamericana y su Secretaría efectuó una visita de supervisión de cumplimiento de la sentencia del caso de las Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador. Durante los referidos días se realizaron diversas diligencias para obtener información sobre el cumplimiento de las reparaciones ordenadas en la Sentencia emitida en el 2012. La delegación que se desplazó al Departamento de Morazán para efectuar la visita estuvo compuesta por el Juez Humberto A. Sierra Porto, Presidente en ejercicio para estas diligencias, y el Juez Eugenio Raúl Zaffaroni, así como el Director Jurídico, Alexei Julio Estrada y abogados de la Unidad de Supervisión de Cumplimiento de Sentencias de la Secretaría del Tribunal. En la diligencia efectuada el 27 de agosto en San Salvador, además de dicha delegación, también participó la Jueza Elizabeth Odio Benito.
El programa de actividades de la visita fue propuesto de manera conjunta por el Estado y los representantes legales de las víctimas (CEJIL y Oficina de Tutela Legal Dra. María Julia Hernández). Asimismo, la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores se encargó de los aspectos necesarios para su organización y de convocar la participación de las distintas autoridades estatales.
En la referida Sentencia la Corte, tomando en cuenta el reconocimiento efectuado por el Estado, declaró su responsabilidad internacional por las violaciones de derechos humanos perpetradas por la Fuerza Armada salvadoreña en las masacres cometidas del 11 al 13 de diciembre de 1981 en el caserío el Mozote, el cantón la Joya, los caseríos Ranchería, Los Toriles y Jocote Amarillo, así como en el cantón Cerro Pando y en una cueva del Cerro Ortiz, del Departamento de Morazán. En dichos lugares se perpetraron una serie consecutiva de ejecuciones masivas, colectivas e indiscriminadas de personas indefensas, dirigidas contra la población civil o no combatiente, en el marco de una supuesta operación de contrainsurgencia que formaba parte de una política de “tierra arrasada” planificada y ejecutada por el Estado. La mayoría de las víctimas eran niñas y niños. También fueron perpetradas violaciones sexuales por parte de militares en contra de mujeres en el caserío El Mozote. Se destruyeron núcleos familiares completos, los sobrevivientes fueron víctimas de desplazamiento forzado y se afectó profundamente el tejido social de la comunidad. Asimismo, la Corte determinó que El Salvador había incumplido su obligación internacional de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en las masacres.
I. Reunión sobre el pago de indemnizaciones a favor de las víctimas
En la noche del lunes 27 de agosto se celebró una reunión sobre la supervisión del cumplimiento de la medida de reparación concerniente al pago de indemnizaciones por concepto de los daños materiales e inmateriales a favor de las víctimas, la cual tuvo lugar en San Salvador. También se recibió información sobre la medida relativa a la identificación de víctimas a través del “Registro único de Víctimas y familiares de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos durante las Masacres de El Mozote y lugares aledaños”. Por parte del Estado participaron, entre otros, autoridades de: la Dirección General de Derechos Humanos de la Cancillería, el Consejo Directivo del referido registro de víctimas, y la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia. También participaron los representantes de las víctimas y una abogada de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
II. Diligencia en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco de Gotera
El miércoles 29 de agosto por la tarde se celebró una diligencia en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco de Gotera, cuyo objeto fue proveer a la delegación de la Corte información actualizada sobre el cumplimiento de la medida de reparación ordenada en el punto dispositivo tercero de la Sentencia, relativa a la obligación de “iniciar, impulsar, reabrir, dirigir, continuar y concluir […] las investigaciones de todos los hechos que originaron las violaciones declaradas en la […] Sentencia, con el propósito de identificar, juzgar y , en su caso, sancionar a los responsables”. En particular, dicha diligencia permitió recibir información de forma directa del Juez Segundo de Primera Instancia de San Francisco de Gotera, a cargo del proceso penal en trámite por los delitos cometidos en las masacres de El Mozote y lugares aledaños. El juez también expuso información relativa a las exhumaciones, identificación y entrega de los restos de las personas ejecutadas a sus familiares.
III. Visita a El Mozote
El 30 de agosto durante la mañana se recibió en la comunidad de El Mozote a la delegación de la Corte y su Secretaría. La referida visita tenía como objeto verificar, en terreno y de forma directa, el nivel de cumplimiento de las medidas de reparación ordenadas en la Sentencia correspondientes a “implementar un programa de desarrollo a favor de las comunidades del caserío El Mozote, del cantón La Joya, de los caseríos Ranchería, Los Toriles y Jocote Amarillo, y del cantón Cerro Pando”, y a “implementar un programa de atención y tratamiento integral de la salud física, psíquica y psicosocial con carácter permanente”
La visita fue inaugurada en el Monumento en memoria de las víctimas de las masacres. En primer lugar participó la señora María Dorila Márquez de Márquez, víctima y representante de la Asociación Promotora para los Derechos Humanos de El Mozote. También participaron la Comisionada Presidencial para los Derechos Humanos y la Ministra de Cultura. Seguidamente, los Jueces Zaffaroni y Sierra Porto expresaron algunas palabras. Luego el grupo artístico EJEKAT interpretó una canción alusiva a las violaciones perpetradas en este caso y, para finalizar, la Directora Ejecutiva del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer entregó a cada uno de los jueces y al representante de la Comisión Interamericana un kit de materiales producidos en cumplimiento de la Sentencia. La delegación de la Corte también efectuó un recorrido por el Monumento en memoria de las víctimas de las masacres y el “Jardín de los inocentes”
Con posterioridad a ello la delegación de la Corte y su Secretaría inició un recorrido por la Unidad comunitaria de salud familiar en El Mozote, la escuela en construcción en El Mozote y por un tramo de calle pavimentada. En dicho recorrido también participaron víctimas y sus representantes, quienes manifestaron sus observaciones con relación al cumplimiento de dichos extremos de la medida de reparación bajo supervisión. Similarmente, participó una amplia delegación estatal, integrada, entre otros, por el Ministro de Educación, el Vice Ministro de Salud, y el Vice Ministro de Obras Públicas.
Este tipo de diligencias en terreno tienen la ventaja de que permiten acercar al Tribunal a las víctimas para recibir la información directamente de ellas y sus representantes, conocer la situación en la que viven y las circunstancias que rodean al cumplimiento de las medidas de reparación. Asimismo, la visita permite que brinden explicaciones las autoridades y funcionarios del Estado a cargo de ejecutar tales medidas y facilita un contacto directo entre las víctimas y las autoridades estatales en aras de identificar obstáculos, brindar soluciones y expresar compromisos concretos para dar cumplimiento a las reparaciones.
IV. Reunión en Casa Comunal de Arambala
Con posterioridad a dicho recorrido se celebró una reunión en la Casa Comunal de Arambala, en la que la delegación de la Corte y su Secretaría recibió información sobre las medidas relativas a: la obligación de investigar, juzgar y sancionar graves violaciones a derechos humanos; el levantamiento de los restos mortales de las víctimas de la masacre, y sobre las medidas de naturaleza colectiva que fueron supervisadas a lo largo de la visita, al igual que aquellos otros extremos a los que no se hizo referencia en la misma. Durante dicha diligencia participó igualmente una amplia delegación estatal integrada por los funcionarios anteriormente mencionados y, adicionalmente, entre otros, por: la Magistrada Presidenta de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Directivo del Instituto de Medicina Legal, el Coordinador del Grupo Fiscal para la Investigación de Delitos Cometidos en el Conflicto Armado Interno de la Fiscalía General de la República, y el Jefe del Departamento de Antropología del Instituto de Medicina Legal. Asimismo, las víctimas y sus representantes expresaron sus preocupaciones, solicitudes y observaciones respecto al avance en el cumplimiento de las reparaciones.
Fuente:
http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_37_18.pdf
(06/09/2018)