(La Recomendación 1/94 se envío al Procurador General de Justicia del Distrito Federal y al Secretario General de Protección y Vialidad del Departamento del Distrito Federal, y se refiere al caso de la tortura infligida al señor Enrique Daniel Palma Guzmán, en donde las evidencias recabadas permiten considerar que hubo violación a sus derechos humanos, independientemente de que el agraviado haya cometido o no los delitos que se le imputan.

            El documento reviste considerable importancia no sólo por su carácter primigenio, sino por dos razones jurídicas y morales a la vez: a) se solicita que se ejerza acción penal precisamente por tortura, para evitar que la consignación se realice por un delito menor tal como abuso de autoridad, cuya sanción es sumamente baja, y b) se pide ese ejercicio del ius puniendi no únicamente contra los agentes que infligieron dolores o sufrimientos graves al agraviado, sino también contra los servidores públicos que, teniendo el deber de hacerlo, no evitaron el tormento. Esta última es una hipótesis novedosa de nuestra Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, ausente en el texto de su antecesora.) Sigue leyendo →

Luis de la Barreda Solórzano

Era el mediodía del 30 de septiembre de 1993, muy lejano ya en los almanaques pero siempre presente en el alma. En ese instante en que la Asamblea de Representantes —hoy Asamblea Legislativa— me tomaba protesta como presidente fundador, nacía la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. La institución veía su primera luz sin contar con presupuesto, ni plazas laborales, ni sede, ni una sola oficina o siquiera un escritorio provisional. Así que, no por vanidad ni por egocentrismo sino en estricto apego a la realidad, podía haber afirmado entonces, parafraseando a aquel rey francés: “La Comisión soy yo”. Se requerían, para mi designación, las dos terceras partes de los votos, y 80% de los asambleístas votó por mí. Sólo votaron en contra, en protesta por mi postura ante la interrupción voluntaria del embarazo —formulada en el libro El delito de aborto: una careta de buena conciencia, publicado dos años antes—, los seis representantes varones del PAN, pues las cinco legisladoras mujeres de este partido se abstuvieron después de que a unos y otras les expliqué en dos largas conversaciones que no era partidario del aborto sino de que se despenalizara, ya que su penalización siempre ha sido contraproducente. (Cuatro años después, en cambio, todos los diputados, aun los panistas, votarían por mi reelección).

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