1 de mayo de 2020
Organización de los Estados Americanos
La emergencia derivada del COVID-19 está provocando impactos específicos sobre las mujeres y profundizando las desigualdades de género existentes, tanto al interior de los hogares como fuera de ellos, en los hospitales y centros sanitarios, en el trabajo y también en la política. Esta realidad requiere que la participación igualitaria de las mujeres en las decisiones y el enfoque de género sean elementos centrales de las políticas de mitigación y recuperación de la crisis. Las lecciones que han dejado pandemias recientes (Ébola, Zika, SARS) han demostrado que la incorporación de las necesidades de las mujeres en el abordaje de la emergencia no es una cuestión menor. Al contrario, no considerar un enfoque de género profundizará las desigualdades con efectos que se prolongarán en el largo plazo y serán difíciles de revertir.
Las medidas de confinamiento buscan proteger la salud pública y evitar el colapso de los servicios de salud; sin embargo, su aplicación no es neutra desde el punto de vista de género. Los hogares se han convertido en el espacio donde todo ocurre: el cuidado, la educación de los niños, niñas y adolescentes, la socialización, y el trabajo productivo; lo que ha exacerbado la crisis de los cuidados. Se ha incrementado la carga de trabajo relacionada con el cuidado y la atención a las personas, cuya respuesta debería ser colectiva. Sin embargo, la realidad es que esta no se distribuye equitativamente, sino que recae principalmente en las mujeres, y no está valorada ni social ni económicamente. Fuera de los hogares, las mujeres también constituyen el mayor contingente que está asumiendo los cuidados, en el sector de la sanidad, en el trabajo doméstico remunerado y en centros especializados de cuidado de menores, adultos/as mayores y personas con discapacidad, situación que conlleva impactos diferenciados sobre la salud de las mujeres y las expone a un mayor riesgo de contagio.
Globalmente, las mujeres son más pobres que los hombres y ya están sintiendo los efectos en el ámbito económico y en el mercado de trabajo, también segmentado por género. Las mujeres representan una gran proporción de la economía informal en todos los países y los datos indican que los sectores de la economía más perjudicados por las medidas de aislamiento social afectan de modo importante a las mujeres. Con independencia del sector, la efectiva participación de las mujeres en el trabajo remunerado que se recupere post COVID-19 será necesario para su empoderamiento económico y para la reactivación económica de los países.
Por otra parte, los indicadores dan cuenta de un aumento de la violencia de género, que se recrudece por el confinamiento y por el limitado acceso de las mujeres a los servicios públicos de atención, prevención y sanción de la violencia, que no son considerados como esenciales, y aunque la mayoría de gobiernos están adecuando las medidas al contexto de la emergencia, se requieren medidas extraordinarias para una situación que es extraordinaria. Adicionalmente, las mujeres están encontrando grandes limitaciones para acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva, como los partos hospitalarios, lo cual podría incrementar la mortalidad materna. La intersección del género con otras condiciones de vulnerabilidad agudiza el impacto negativo de la crisis, por ello, es prioritario prestar atención a los grupos de mayor vulnerabilidad como las mujeres migrantes, las trabajadoras domésticas, las mujeres privadas de libertad, las jefas de hogar, las mujeres del colectivo LGTBI, y las mujeres más desfavorecidas de las zonas rurales.
El enfoque de género cobra más importancia en esta crisis, especialmente cuando en el contexto internacional algunos sectores han cuestionado consensos básicos entorno a los derechos de las mujeres acordados hace más de 25 años, como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés, la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer celebrada en Beijing, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará) en la región. En este marco, es más necesario que nunca que los organismos internacionales y regionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA), así como sus Estados Miembros, fortalezcan el enfoque de género en sus análisis y decisiones, fortalezcan sus espacios de atención y defensa de los derechos de las mujeres como la CIM, los Mecanismos de Adelanto Nacionales, y aseguren la participación igualitaria de las mujeres en los gabinetes de respuesta a la crisis.
Igualmente, es crítico el liderazgo de los países de la región más comprometidos con la igualdad de género, que han incorporado los estándares de los tratados internacionales en materia de igualdad, que cuentan con una alta participación política y económica de las mujeres, con medidas de soporte al cuidado, que atienden la violencia contra las mujeres, que evolucionan con políticas feministas hasta en las relaciones exteriores, que incorporan nuevos paradigmas para medir y combatir la pobreza. Todo ello les hace ser menos desiguales y más competitivos.
El reto de los Gobiernos y de los organismos internacionales para encaminar políticas que busquen la igualdad en la mitigación y de recuperación de esta crisis, podrá abrir una oportunidad para que estas sean apropiadas y efectivas, en la medida en que respondan a las necesidades del conjunto de la población, incluyendo a las mujeres. La región tiene la oportunidad de nuevos pactos, nuevas alianzas y nuevas miradas que compensen las certidumbres que se caen avanzando con el paradigma de la igualdad.
En esta dirección, la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la OEA, con el objetivo de apoyar a los Estados Miembros, presenta este documento con información y argumentos sobre los impactos, retos y acciones para desarrollar políticas que respondan a las necesidades diferenciadas de la población, enfocándose en los impactos de género y en las necesidades de las mujeres. Este trabajo está basado en el conocimiento generado en emergencias sanitarias anteriores; en la evidencia y análisis disponibles sobre los im-pactos de género en la emergencia actual; así como también en la información recabada sobre la realidad de la región en las reuniones impulsadas por la CIM en las últimas semanas con las Ministras de la Mujer y Altas Autoridades de los Mecanismos Nacionales de la Mujer, con el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento a la Convención de Belém do Pará (MESECVI), y con organizaciones de la sociedad civil.
El documento se centra en los ámbitos de la toma de decisiones, la seguridad y la violencia contra las mujeres, los cuidados y los derechos económicos de las mujeres, y la salud de las mujeres, con especial énfasis en la salud sexual y reproductiva. También se refiere a los grupos que antes de la emergencia se encontraban en situación de vulnerabilidad y que ahora pueden ver incrementados los riesgos, así como a otras actuaciones que son indispensables para abordar la crisis adecuadamente, como la disponibilidad de datos desagregados por género. En suma, se ofrece información que avala la incorporación de las necesidades de las mujeres en las decisiones como una prioridad en los tiempos excepcionales que estamos viviendo.
Para leer el documento completo:
http://www.oas.org/es/cim/docs/ArgumentarioCOVID19-ES.pdf