Hablar de los derechos humanos no significa únicamente el análisis del contenido de una serie de declaraciones o manifestaciones plasmadas en la Constitución General de la República e instrumentos internacionales que, a veces, parecieran alejadas de la complejidad de nuestra realidad social; hablar de los derechos humanos implica conocer y comprender que su reconocimiento conlleva obligaciones concretas para todas las autoridades del Estado mexicano cuyo cumplimiento es ineludible para impulsar el desarrollo de nuestro país.
El progreso y bienestar económico, social y político, así como la democracia y la paz, no serán realizables si no se garantiza primero que todas las personas tengan cubiertas sus necesidades básicas y existan las condiciones institucionales, financieras y de seguridad idóneas que les permitan desarrollar sus proyectos de vida conforme a sus aspiraciones y convicciones individuales.
Tal afirmación implica que, mientras existan violaciones y transgresiones a la dignidad humana, no será posible que nuestro país acorte las enormes brechas de desigualdad e inequidad que limitan el potencial humano, es decir, mientras no se respeten, satisfagan y defiendan los derechos humanos, la vida de las personas sufrirá importantes déficits en términos de calidad. Lo anterior adquiere especial relevancia, cuando se analiza la situación particular de ciertos grupos de población que, por múltiples causas, ven limitadas sus oportunidades para ejercer plenamente sus derechos; sectores poblacionales que son discriminados o marginados por patrones culturales, estereotipos o prejuicios.
La conmemoración del Día Internacional (8 de marzo) es una fecha para intensificar las acciones a partir de la escucha activa de las problemáticas de las mujeres, niñas y adolescentes, para generar conciencia y prevenir la violencia contra ellas, para visibilizar sus derechos, para insistir en la necesaria transversalización de la perspectiva de género, la no discriminación, la igualdad entre mujeres y hombres, el trato digno, la generación de entornos de no violencia y el empoderamiento de mujeres, niñas y adolescentes. Por ello todas y todos debemos unir nuestros esfuerzos para contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas y potenciar las actividades que los diferentes sectores público, privado y sociedad civil llevan a cabo para sensibilizar a todas y todos sobre la importancia de erradicar prácticas violatorias de su dignidad y generar alianzas en el ámbito institucional, familiar, laboral y escolar, entre otros, que permitan materializar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
Para 2023, ONU Mujeres ha elegido el tema “Por un mundo digital inclusivo: Innovación y tecnología para la igualdad de género”, a fin de alcanzar la igualdad de género a través de la tecnología transformadora y el acceso a la educación digital que coadyuven en el empoderamiento de mujeres y niñas, incorporando la perspectiva de género en la innovación, la tecnología y la educación digital a fin de sensibilizar la importancia del conocimiento de sus derechos y potenciar su ejercicio.
Con ese objetivo, se realizan diversos ejercicios de debate académico, culturales, artísticos, encuentros, eventos de promoción y difusión de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, lo que permite la articulación de esfuerzos para evidenciar lo grave de la situación y hacer un llamado a las instancias de gobierno y del Estado para la programación y asignación de partidas presupuestarias que posibiliten el desarrollo e implementación de estrategias integrales, eficaces y eficientes, para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres niñas y adolescentes.
El trabajo a realizar es arduo, y se vuelve apremiante cuando se trata de quienes se encuentran en condiciones de especial vulnerabilidad, por matrimonio forzado, embarazo temprano, explotación, mujeres en centros de reclusión, indígenas, migrantes, con discapacidad, que viven con VIH, adultas mayores, en situación de calle, pobreza extrema, entre otras.
Las grandes asignaturas pendientes en materia de protección y defensa de los derechos humanos hacen indispensable una decidida voluntad política y un compromiso social ineludible para sumar esfuerzos y trabajar con una visión fortalecida en la que la dignidad de las personas y la realización plena de sus derechos sean la máxima prioridad. Para ello, es oportuno recordar la importancia de las acciones de los gobiernos, sociedad civil, organizaciones de mujeres, jóvenes, sector privado, medios de comunicación, hombres y mujeres, niñas y niños, para alzar la voz y sumar esfuerzos para generar acciones que posibiliten el fortalecimiento de una CULTURA DE GÉNERO basada en el respeto a sus derechos.
Para replantear la forma más adecuada de fortalecer de cultura de género y combatir la violencia contra las mujeres y las niñas, es indispensable incorporar el enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género a toda estrategia, medida, programa, plan y política pública sobre la materia, a efecto de asegurar un análisis centrado en las víctimas, en las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres que prevalecen en nuestra sociedad, y las obligaciones constitucionales, convencionales y legales que deben cumplir las autoridades del Estado para su protección y cumplimiento.
Solamente a través del trabajo conjunto de los sectores público, social y privado, basado en el respeto a la dignidad humana, en la educación en y para los derechos humanos, podremos lograr una sociedad mayormente incluyente, tolerante, que elimine estereotipos, y que privilegie la esencia de las personas por encima de cualquier tipo de prejuicio, y en donde se garantice el libre desarrollo de la personalidad.
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