Órgano garante obliga a transparentar inmuebles del gobierno

El pasado 13 de marzo de 2019 el pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México resolvió un recurso de verificación en contra de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT), en el que se constató que no cumplía con la obligación de tener una lista de los inmuebles que utiliza para brindar sus servicios.

El procedimiento de verificación fue sobre la obligación de la PAOT de publicar en internet un catálogo de los inmuebles que usa, así como del título por el cual los utiliza. Es decir; se requirió que la PAOT indicara si los edificios, como el ubicado en Medellín 202, Colonia Roma Sur, son rentados o si son de su propiedad. Esta información debe estar disponible y actualizada en la Plataforma Nacional de Transparencia. Sin embargo, existe una práctica preocupante en el que las dependencias de gobierno omiten actualizar esta información, por lo que deja las personas en una situación de incertidumbre y no existe claridad respecto a la manera en que son comprados o arrendados estos edificios.

Esta situación es preocupante porque los inmuebles que ocupa el gobierno son lugares públicos donde acuden muchas personas diariamente. De tal forma que tener información sobre ellos es importante para conocer sus condiciones de seguridad. Aunado a lo anterior debe ser posible reconocer si en la adquisición de estos inmuebles se siguieron los procedimientos establecidos por la ley o en prácticas internacionales en la materia.

Desde el sismo del 19 de septiembre de 2017, la Clínica de Acción Legal del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM ha emprendido estrategias para que las instituciones gubernamentales hagan públicos los documentos relacionados a los inmuebles que ocupan. Tener esta información es fundamental para que las personas que hayan sufrido algún daño físico o en su patrimonio, como un sismo u otro tipo de emergencia, puedan emprender acciones legales para solicitar una reparación.

Hacemos un reconocimiento al Pleno del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México por contribuir al ejercicio del derecho de acceso a la información pública. En la Clínica de Acción Legal estamos convencidos de que una buena gestión pública es aquella que respeta y promueve los Derechos Humanos y allega a las personas de la información necesaria para el ejercicio de sus derechos.

Aún existen muchos retos para lograr un pleno acceso a la información en el marco de la gestión pública, pero consideramos que a través de la transparencia proactiva con un enfoque de Derechos Humanos es posible construir una cultura que ponga en centro a la persona.

La Clínica de Acción Legal del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM es un espacio de formación multidisciplinario, donde estudiantes de diversas áreas del conocimiento ponen al servicio de la comunidad estrategias que contribuyen a la defensa de los Derechos Humanos.

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