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Comunicado de prensa de la Clínica Jurídica del PUDH de la UNAM ante la disculpa pública a 4 personas mexicanas por parte del Instituto Nacional de Migración.

A principios de septiembre de 2015, cuatro personas mexicanas, dos hombres y dos mujeres, una de ellas adolescente, todos indígenas tseltales de Chiapas, iniciaron un viaje al norte del país para trabajar en la cosecha de temporada. El 3 de septiembre de ese año, en la caseta de “Palmillas” ubicada en San Juan del Río, Querétaro, agentes del Instituto Nacional de Migración les pidieron identificarse pues, según los agentes “parecían extranjeros centroamericanos”.
Tres de ellos presentaron sus actas de nacimiento y uno también presentó su credencial para votar, pero los agentes migratorios insistieron en que parecían de Guatemala. Sin ninguna prueba, determinaron que las actas eran falsas, por lo tanto, trasladaron a quienes sólo presentaron su acta de nacimiento -un hombre y las dos mujeres- a la estación migratoria de Querétaro para iniciarles procedimientos de deportación.

Los procedimientos duraron más de una semana, durante todo ese tiempo estuvieron detenidos en la estación migratoria, nunca tuvieron acceso a un intérprete que conociera su lengua, la adolescente no recibió un trato acorde con su edad y el hombre recibió golpes y choques eléctricos para que aceptara su supuesta nacionalidad guatemalteca.

Estudiantes universitarios pertenecientes a la Clínica Jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM y el Instituto para las Mujeres en la Migración, A.C. (IMUMI), asumieron la defensa de estas cuatro personas e iniciaron las siguientes acciones legales:

  • Juicio de amparo que pugna por que se declaren inconstitucionales las disposiciones de la Ley de Migración que facultan al Instituto Nacional de Migración para realizar revisiones migratorias en puntos distintos a los oficiales de entrada internacional, permitiendo la detención y deportación de personas mexicanas porque "parecen extranjeras”.
  • Queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que derivó en la recomendación 22/2016, por violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, libertad de tránsito, libertad personal, seguridad e integridad personal, no discriminación y acceso a la justicia.
  • Queja ante el Órgano Interno de Control del Instituto Nacional de Migración.
  • Denuncia penal a la que da seguimiento IMUMI.

 

 


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