En los años 1950s, la China de Mao Zedong incitó a las familias a tener hijos; las mujeres que dieron a luz más de diez niños recibieron el título de “madre de honor”. Este estímulo tuvo como consecuencia directa la explosión demográfica del país; la población aumentó en 25 años un 60%. De modo que las autoridades, asustadas por los efectos económicos que produciría una expansión tan rápida de la población, establecieron en 1979 la “política del niño único”, que obligaba a todas la familia a tener únicamente un hijo, bajo pena de multas y otras sanciones. Tiempo después, fue tolerado que las familias tuvieran un segundo hijo en caso de que la primera hubiera sido una niña. En esos momentos, las autoridades chinas aseguraron que los niños nacidos en segundo lugar o después no serían excluidos de la sociedad y que la situación de la mayoría de ellos podría ser regularizada sin problema.

La realidad es muy diferente. Los heihazi, literalmente “niños negros” o secretos, no pueden obtener el documento de identificación (hukou) necesario para una vida normal. Los niños —ahora adultos— nacidos en segundo lugar, o fuera de una unión matrimonial, son tratados como criminales. No pueden ir a la escuela, no pueden tener un empleo, no pueden tomar el tren, no pueden tener una cuenta bancaria, no pueden casarse o tener hijos… En definitiva, no poseen ningún derecho básico. Los padres deben pagar una multa para obtener el reconocimiento de su hijo “ilegal”; sin embargo, esa suma es a menudo más de lo que pueden recibir los padres en varios años de trabajo. En definitiva, el gobierno condena a los niños con padres que no pueden pagar; si los padres tienen mucho dinero pueden pagar una escuela privada, ir a clínicas privadas, etc.

Aunque la política del hijo único se ha suavizado desde 2013, China rechaza todavía el reconocimiento de los trece millones de heihazi ya nacidos.

En ese rígido sistema de control de natalidad, existe un organismo público con un poder esencial de planificación familiar. Cada tres meses, las mujeres casadas, incluso si son estériles, deben hacer una visita a las instalaciones de este organismo para ser sometidas a revisión médica. El objetivo del examen es verificar que las mujeres que ya tienen un hijo no queden embarazadas otra vez. Las mujeres que quedan embarazadas por segunda vez son forzadas, moral o físicamente, a abortar si no tienen el dinero para pagar la multa. Después del nacimiento del primer hijo, la institución de planificación familiar hace presión sobre las madres para que sean esterilizadas. Hay 13 millones de abortos cada año en China; más de la mitad de la mujeres ya han abortado al menos una vez.

Ese organismo ha cometido mucho abusos. A veces, el aborto se realiza solamente algunos días antes del fin de la gestación. En 2006, algunos agentes del organismo secuestraron de sus casas, con violencia, a 12 niños “ilegales” y los retuvieron hasta que los padres pagaron una multa. Hubo el caso de Feng Jianmei en 2012, una mujer que fue forzada a abortar, con siete meses de embarazo, por agentes del organismo de planificación, porque no pudo pagar la multa.

Además de la multa por tener un segundo niño, el organismo de planificación lleva a cabo chantajes sobre las familias para que las madres sean esterilizadas, poniendo ello como condición para que el segundo niño pueda obtener una identificación. Los oficiales del organismo de planificación son evaluados en función del número de esterilizaciones que consigan, por las que pueden obtener promociones o recompensas. Los abusos son más frecuentes en las zonas rurales, porque en las ciudades el acceso a un abogado es más fácil y la presión social menos fuerte. La región que soporta los abusos más frecuentes es el Tíbet, donde vive una etnia marginada en China. El organismo de planificación aprovecha la debilidad de la comunidad para aplicar una política drástica de control de los nacimientos.

Es preciso preguntarse por qué hay todavía tantos abusos y tantas presiones sobre el nacimiento de un segundo niño cuando la población china se hace vieja muy rápidamente, hecho que podría causar grandes problemas económicos al país principalmente por falta de trabajadores. La política es cada año más flexible, tiene más excepciones. ¿Entonces por qué la existencia de los heihazi es aun negada y mantenida como un tabú?

El abogado Wu Youshi ha intentado responder a esa interrogante durante años. No sin dificultades, él ha encontrado que el total de las multas vinculadas a las infracciones de la política del hijo único da al gobierno chino aproximadamente 2.5 millones de euros cada año. Las autoridades locales eligen discrecionalmente el monto de la multa en función de los salarios medios en la región. Puede ser del equivalente a 35,000, 12,000, o 1,000 euros, según lo decidan los oficiales. Es posible que la multa incluso se reduzca al equivalente a 600 euros, pero aun así es impagable para alguna de las muchas familias que ganan el equivalente a 8 euros cada mes. El monto de la multa depende igualmente de las relaciones de la familia: la corrupción ayuda mucho a reducirla o, incluso, suprimirla. Si la familia es cercana al partido comunista, puede tener los niños que quiera, sin pagar multa ni sufrir otros inconvenientes.

El señor Youshi ha constatado que en las regiones donde hay más dinero, la multa es pequeña y así es posible pagarla, por lo que las familias tienen casi siempre dos niños o más. En esas regiones ya no hay propaganda sobre el hijo único, solamente sobre la recolección del dinero. Por ese medio, los oficiales hacen mucho dinero, pero nadie quiere decir hacia donde va. La teoría del abogado es que el gobierno de China gana demasiado a causa de los nacimientos “ilegales” que ahora no es posible pararlos. En una China comunista, donde no hay muchos impuestos, el Gobierno necesita esos millones de euros.

El control de nacimientos en China es el más rígido y estricto del mundo; ha impedido 300 millones de nacimientos desde su creación en 1979. No obstante, esa política se flexibiliza poco a poco, pero eso no cambia el hecho de que los niños secretos quedan escondidos, no salen de su casa, no tiene compañeros de clase ni perspectivas futuras. Son 13 millones de niños sin derechos, totalmente excluidos de la sociedad china. Algunos casos han llegado ante la justicia, pero nada ha sucedido con ellos; los jueces han preferido ignorar el problema. Las voces que se alzan contra esta gran injusticia son raras frente a un régimen autoritario que busca intimidarlas. De modo que los heihazi no pueden entrever siquiera la luz tenue de mejores días.