(Palabras del Procurador
Dr. Raúl Cervantes Andrade)

(Resumen)

Buenas tardes. Saludo con absoluto respeto a Alberta Alcántara Juan, Jacinta Francisco Marcial y Teresa González Cornelio. A quienes, a pesar de no haberse podido probar su participación en los delitos que les fueron imputados, se determinó su culpabilidad y fueron privadas de su libertad durante un tiempo que ningún acto público podrá regresarles. Posteriormente, les fue negada por parte de la Procuraduría General de la República, una indemnización por el daño causado.

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            Alberta, Jacinta y Teresa, al exigir lo que por justicia y por derecho les corresponde, dieron un mensaje de verdadera democracia a nuestro país y movilizaron al Estado hacia su verdadera función: cumplir con lo que mandata la Constitución.

            Sus casos rebasaron la esfera personal, por tratarse de bienes que, como Estado democrático constitucional, nos interesa preservar, como es el debido proceso.

            Tal y como lo señaló el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la Procuraduría General de la República contravino en el pasado, el principio de presunción de inocencia en agravio suyo, interfiriendo injustificadamente en su proyecto de vida.

            Dicho órgano jurisdiccional determinó que ustedes tuvieron la razón. Que la Procuraduría hizo mal su trabajo, lo que les ocasionó daño moral.

            Por lo tanto, resulta un deber ineludible en términos constitucionales y de las sentencias emitidas con motivo de la negativa de indemnización solicitada, cuyo cumplimiento nos reúne en este momento, reparar el daño moral causado en relación a la difusión que en su momento se diera a través de los medios informativos, del señalamiento de responsabilidad de los delitos que les fueron indebidamente imputados por la autoridad.

            Derivado de esas manifestaciones, la PGR incurrió en una actividad indebida y generó con ello una afectación a su honor, a su propia imagen y a la percepción generada en su comunidad respecto de ustedes; por ello, sirva este acto para ofrecerles públicamente una disculpa, en español y en hñähñu como medio de reparación del daño.

Reconocimiento de inocencia a Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio

En este contexto, en mi carácter de titular de la Procuraduría General de la República y en cumplimiento de las sentencias dictadas el 20 de noviembre de 2013, por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; a ustedes: Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, reconozco públicamente su inocencia respecto de los delitos que se les atribuyeron y por los que de forma injusta, fueron privadas de su libertad.

            Lo anterior, en estricto apego a lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver que las pruebas en su contra no resultaban suficientes para demostrar la existencia de las conductas que les fueron atribuidas de manera infundada.

Reconocimiento de inocencia y disculpa pública a Jacinta Francisco Marcial

A usted Jacinta Francisco Marcial, en cumplimiento a la sentencia de 28 de mayo de 2014, emitida por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y en concordancia con la determinación del Tribunal Unitario del Vigésimo Segundo Circuito, en la que acreditó la existencia de violaciones flagrantes al debido proceso; reconozco públicamente su inocencia respecto de los delitos de los que se le acusó y por los que fue privada de su libertad.

            Asimismo, en plena observancia a su demanda, sirva esta acto para ofrecerle, Jacinta Francisco Marcial, una disculpa pública por haber sido sujeta a un proceso penal por delitos que no se acreditaron, tal y como lo ordenó el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Conclusión

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Alberta, Jacinta y Teresa:

Si bien es cierto que el acto que, de forma dolorosa nos reúne en este día, se apega estrictamente a los términos determinados por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en las sentencias correspondientes. También lo es que la razón que lo motiva es el firme compromiso de la Procuraduría General de la República de acatar de forma cabal el deber que impone el artículo primero, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a todas las autoridades del Estado de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; y en consecuencia prevenir, investigar, sancionar y, ante todo reparar, las violaciones a los mismos.

            En este sentido, la Procuraduría General de la República se compromete a continuar instrumentando garantías efectivas que aseguren que hechos como éstos no vuelvan a repetirse, como lo es el diseño de una nueva arquitectura institucional al interior de la Procuraduría General de la República, que asegure una justicia incluyente y efectiva.

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            Esa es nuestra primordial aspiración: proteger y garantizar la dignidad humana, la autonomía y la inviolabilidad personal, máxime de aquellas que por el devenir histórico presentan condiciones de vulnerabilidad en el ejercicio cabal de sus derechos humanos, como son las mujeres indígenas.

            El mandato constitucional es que no debe haber una sola persona inocente en la cárcel, ni una sola persona culpable impune.

            Se busca justicia y verdad.

            Mil gracias.