Human Rights Watch

El alto costo de la tortura en México

Daniel WIlkinson

Este mes la tortura estará en la agenda del Congreso mexicano. Combatir esta práctica generalizada debería ser una prioridad urgente para todos los poderes del Estado. Su impacto en México ha sido devastador, no sólo para las numerosas víctimas de tortura, sino además para la credibilidad del propio sistema de justicia penal.

            Consideremos, a modo de ejemplo, el caso de Taylin Wang y de “Pedro Salazar”, una víctima de secuestro para quien empleamos un seudónimo con el fin de proteger su identidad y privacidad.

            Wang llegó a México desde su Perú natal hace siete años, en busca de un futuro mejor para sus hijos. Encontró trabajo vendiendo ropa, y luego abrió un restorán peruano. Se casó con un ciudadano mexicano, y juntos estaban criando a sus dos niñas de 7 y 9 años, y a su hijo de 16. Cuando agentes de la Policía Federal allanaron su domicilio en febrero de 2014, Wang estaba embarazada de siete semanas. Sigue leyendo

Debe proscribirse el matrimonio infantil en el estado de Nueva York

(New York) – Los legisladores y el gobernador del estado de Nueva York deberían respaldar un proyecto legislativo que contribuiría a terminar con el matrimonio infantil en el estado, señaló hoy Human Rights Watch en una carta enviada a los congresistas de Nueva York. En el período entre 2001 y 2010, hubo 3.850 niños y niñas menores de 18 años que contrajeron matrimonio en el estado de Nueva York.

            El matrimonio infantil es todo aquel en el que la persona tiene menos de 18 años. Conforme al derecho vigente, la edad mínima para contraer matrimonio en Nueva York es de 18, pero la ley prevé excepciones y permite que niños y niñas de 16 y 17 años se casen con el consentimiento de los padres, y que aquellos de 14 y 15 años lo hagan si obtienen la autorización de un juez además del permiso de sus padres. La gran mayoría de los estados de EE. UU. permiten el matrimonio antes de los 18 años en algunas circunstancias. Sigue leyendo

Conceder nuevas facultades a los agentes
de migración de Estados Unidos
atenta contra el estado de derecho

Clara Long

Un memorando del Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS) de Estados Unidos que reglamenta uno de los decretos del presidente Donald Trump sobre inmigración aumenta de manera exponencial la cantidad de personas alcanzadas por las deportaciones por vía rápida, o expulsión acelerada. Es probable que acelere las expulsiones de inmigrantes desde todo el territorio de EE. UU. y aumente las oportunidades de que los agentes inmigratorios incurran en conductas indebidas y abusos. Sigue leyendo