2 de junio de 2023

• Millones de mujeres y niñas de todo Estados Unidos han sufrido un alarmante deterioro del acceso a la atención de la salud sexual y reproductiva, tras la decisión del Tribunal Supremo estadounidense de anular el derecho constitucional al aborto en junio de 2022, afirmaron expertos independientes en derechos designados por la ONU.

Desde principios de año, el aborto ha sido prohibido en 14 estados del país, y las consecuencias de la decisión del Tribunal Supremo han repercutido en todo el sistema legal y político, señalaron expertos designados por el Consejo de Derechos Humanos* en un comunicado este viernes.

“La posición regresiva adoptada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos… al desmantelar esencialmente 50 años de precedentes que protegían el derecho al aborto en el país, pone en grave peligro a millones de mujeres y niñas”, afirmaron.

Los expertos** declararon que esta decisión histórica, que anula la sentencia Roe vs Wade de 1973, viola el derecho internacional de los derechos fundamentales.

Servicios inaccesibles

Los expertos sostuvieron que las prohibiciones han hecho que los servicios de aborto sean en gran medida inaccesibles y han negado a mujeres y niñas sus derechos humanos fundamentales a una atención integral de la salud, incluida la salud sexual y reproductiva.

Esto podría dar lugar a violaciones de los derechos de las mujeres a la intimidad, la integridad y la autonomía corporales, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, conciencia, religión o creencias, la igualdad y la no discriminación, y el derecho a no sufrir tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes y violencia de género, explicaron.

“Las mujeres y niñas en situaciones desfavorecidas se ven afectadas de forma desproporcionada por estas prohibiciones”, afirmaron los expertos. Se refieren a mujeres y niñas de comunidades marginadas, minorías raciales y étnicas, migrantes, con discapacidad, o que viven con bajos ingresos, en relaciones abusivas o en zonas rurales.

Excepciones inviables

Los expertos señalaron que las excepciones existentes en algunos casos, para salvar la vida de la madre, o concepciones resultantes de violación o incesto, aunque estrechas, han resultado inviables en la práctica.

“Las condiciones de las excepciones a menudo no reflejan el diagnóstico médico y a veces excluyen afecciones que ponen en peligro la salud”, señalaron. “Incluso en los casos en que los médicos determinan que el aborto puede seguir adelante, se encuentran con dificultades para reunir un equipo completo ante la reticencia de otros profesionales sanitarios”.

Advirtieron de que la decisión del Tribunal Supremo también tenía un efecto amedrentador sobre los médicos y el personal sanitario, que podrían enfrentarse a consecuencias legales por sus decisiones asistenciales, incluidas las relativas a abortos médicamente necesarios o que salvan vidas, o a la extracción de tejido fetal de mujeres con abortos incompletos.

Amenazas de muerte

“Estamos especialmente alarmados por las crecientes denuncias de amenazas contra la vida de prestadores de servicios de aborto en todo el país”, afirmaron los expertos.

La amenaza de criminalización en muchos Estados ha disuadido a mujeres y niñas de acudir al sistema de salud y buscar atención prenatal, señalaron los expertos. “Es especialmente alarmante que algunas clínicas se estén absteniendo de prestar servicios relacionados con el aborto, incluso en Estados donde sigue siendo legal”, señalaron.

Según los expertos, las prohibiciones estatales han ido acompañadas de una erosión constante y rápida del derecho a la intimidad, ya que la policía y otros investigadores criminales se basan cada vez más en los datos para rastrear a quienes solicitan abortos o a quienes los ayudan e instigan. Gran parte de estos datos son accesibles sin orden judicial.

“Instamos tanto al gobierno federal como a los gobiernos estatales a que actúen para invertir la retórica regresiva que se filtra a través del sistema legislativo y promulguen medidas positivas para garantizar el acceso al aborto legal y seguro”, concluyeron los expertos independientes.

*Los relatores especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.

**Los expertos son: Reem Alsalem, relatora especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sus causas y consecuencias; Dorothy Estrada Tanck (presidenta), Ivana Radačić (vicepresidenta), Elizabeth Broderick, Meskerem Geset Techane y Melissa Upreti, Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas; Nazila Ghanea, relatora especial sobre la libertad de religión o de creencias; Alice Jill Edwards, relatora especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; Felipe González Morales, relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes; Olivier De Schutter, relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos; Ana Brian Nougrères, relatora especial sobre el derecho a la intimidad; Gerard Quinn, relator especial sobre los derechos de las personas con discapacidad; Ashwini K.P., relator especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia.

Fuente:
https://news.un.org/es/story/2023/06/1521632
(21/6/23)