Actualización (25 de octubre 2014): Esta mañana, el Gobierno Iraní ahorcó a Reyhaneh Jabbari en Teherán. Tenía 26 años.
(24 de octubre 2014) Los funcionarios de prisiones han contactado a la madre de Reyhaneh Jabbari, Sholeh Pakravan, invitándola a que se despida de su hija. La madre de Jabbari habló por teléfono con Human Rights Watch informando que ella estaba en camino de ver a su hija, posiblemente por última vez.
(Beirut, 01 de octubre 2014) – La autoridad judicial iraní debería desechar la sentencia de muerte de Reyhaneh Jabbari y asegurarse de que reciba un juicio justo. Reyhaneh Jabbari fue declarada culpable de asesinar a un hombre mayor bajo justificación de defensa propia. El 29 de septiembre de 2014, las autoridades penitenciarias transferieron a Jabbari a una prisión al oeste de Teherán sin explicación alguna, incrementando los temores de la inminencia de su ejecución, aunque posteriormente fue devuelta a su celda.
Jabbari fue arrestada en 2007 y condenada a muerte en 2009 por un tribunal penal de Teherán por el asesinato de Morteza Abdolali Sarbandi, un médico y ex empleado del Ministerio de Inteligencia. Más tarde ese año, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia de muerte. Jabbari admitió haber apuñalado a Sarbandi en el cuello, argumentando que él trató de atacarla sexualmente. También dijo que una tercera persona en la habitación podría haber causado la muerte de Sarbandi. Los abogados de Jabbari sostienen que la autoridad judicial no investigó adecuadamente la causa de muerte y privó a su cliente de un juicio justo.
“A la luz de las graves cuestiones de fondo y de procedimiento planteadas en este caso, y el hecho de que sigue siendo objeto de examen, los funcionarios se arriesgan a ser cómplices de un daño irreversible si se ejecuta a Jabbari”, dijo Joe Stork, Director Adjunto para Oriente Medio y África del Norte de Human Rights Watch. “El poder judicial de Irán debe revertir de inmediato la sentencia de muerte que permita un juicio justo.”
Sholeh Pakravan, la madre de Jabbari, dijo a Human Rights Watch que el 28 de septiembre de este año, las autoridades penitenciarias le permitieron a ella y a su abogado reunirse con Jabbari. Se encontraron en la cárcel de Gharchak, también conocida como prisión del Rey Shahre, en Varamin, a 55 kilómetros al sur de Teherán. Pakravan dijo que un día más tarde se enteró de que las autoridades penitenciarias habían transferido a su hija a la prisión de Rajai Shahr de Karaj, y que planeaban ejecutarla la mañana del 30 de septiembre. Pakravan dijo a Human Rights Watch que la oficina del fiscal de Teherán había estado revisando el expediente de su hija, y que las autoridades no le habían informado ni a ella ni a su abogado que planeaban ejecutar a Jabbari. La legislación iraní obliga a las autoridades judiciales a informar a los abogados y miembros de la familia antes de una ejecución.
Pakravan dijo que ella y otros familiares, entonces viajaron a la prisión de Rajai Shahr para conocer el paradero y estado de Jabbari. Medios oficiales y privados de prensa dijeron, sin dar nombres que “autoridades judiciales” negaron que los funcionarios hubieran transferido a Jabbari a la prisión de Rajai Shahr, o que planearan ejecutarla.
Una fuente familiarizada con el caso dijo a Human Rights Watch la mañana del 30 de septiembre que Jabbari había contactado a su madre unas horas antes desde la cárcel de Gharchak para decirle que ella estaba bien, y que el plan previsto para ejecutarla había sido detenido por el momento. Otra fuente dijo que las autoridades presentaron documentos a la familia mostrando que habían transferido a Jabbari de nuevo a la cárcel de Gharchak el 29 de septiembre.
Pakravan dijo que ningún funcionario le ha informado a ella o a su familia de que la orden de ejecución se haya detenido, y que la madre consideraba que la vida de su hija estba aún en peligro inminente. El Poder Judicial de Irán había detenido previamente la ejecución de Jabbari en abril de 2014 para revisar la sentencia de condena y muerte.
Mohamed Ali Jedari Foroughi, abogado de Jabbari hasta hace poco, dijo a Human Rights Watch que durante los seis meses que estuvo a cargo del caso de Jabbari, las autoridades penitenciarias sólo le permitieron visitarla en dos ocasiones. Dijo que los funcionarios judiciales le impidieron examinar el expediente de Jabbari mientras que la oficina del fiscal de Teherán estaba revisándolo, a pesar de las serias dudas y ambigüedades sobre la causa de la muerte de Sarbandi. Según otros informes, los funcionarios pusieron a Jabbari en confinamiento solitario inmediatamente después de su detención durante dos meses y se le negó el acceso a verla a su abogado y a su familia.
Según la legislación iraní, en los casos de asesinato, los sobrevivientes de la víctima se reservan el derecho a reclamar la retribución en especie o el perdón para el presunto asesino, o aceptar una compensación a cambio de renunciar a su derecho a reclamar la retribución. La familia de Sarbandi se ha negado hasta el momento a perdonar a Jabbari. En lo que va de este año, el Poder Judicial de Irán ha ejecutado al menos a 500 presos, muchos de ellos por cargos de asesinato, según grupos de derechos humanos.
Human Rights Watch ha llamado al Poder Judicial de Irán a imponer una moratoria sobre todas las ejecuciones en el país debido a serias violaciones al debido proceso que conducen a la aplicación en Irán de la pena de muerte. Human Rights Watch se opone a la pena de muerte en todas las circunstancias, ya que es un castigo inhumano intrínsecamente irreversible.
“Es inconcebible que, además de soportar el dolor de tener a su hija en el corredor de la muerte, los padres de Jabbari también deban hacer frente a un Poder Judicial que se niega a jugar sus propias reglas y a no proporcionarles información suficiente y clara con respecto a la condición de su hija”, dijo Stork.
Fuente: http://www.hrw.org/news/2014/10/25/iran-reyhaneh-jabbari-executed
(28/10/2014)