Absurda e infructuosa estrategia
de cerrar los ductos

Alejo Martínez Vendrell[1]

Haciendo un esfuerzo por descubrir algún rasgo de racionalidad a la desconcertante medida asumida por nuestro Presidente a fin de combatir el cada vez más alarmante saqueo de gasolinas, mediante la decisión de cerrar los ductos para en adelante transportarlas por pipas, aun cuando el costo de tan ilógico cambio fuera entre 10 y 15 veces mayor que por los ductos ya existentes, se tiene que recurrir a apoyarse en algunas ideas que nuestro mandatario ha venido esgrimiendo con alguna frecuencia.

            AMLO ha sido muy enfático en sostener que no se van a “confrontar” con las poblaciones en donde roban combustibles y asegura que no va a haber “represión”. Nuestro Presidente padece una grave confusión: él está convencido de que utilizar la fuerza pública para impedir la flagrante comisión de delitos que atentan contra la sociedad, como el robo de gasolinas por grupos sociales o el vandalismo de la CNTE o de otras agrupaciones equivale estrictamente a odiosa represión y ello le repugna porque en cierta forma siente que le distancia del pueblo, de ese pueblo que él considera bueno por naturaleza, el cual sólo cuando se encuentra asediado por graves carencias para su subsistencia, es que se ve obligado a incurrir en actos delictivos a fin de sobrevivir.

            Pero en su concepción, si el pueblo tiene resueltas sus necesidades básicas, ya no tendrá necesidad de delinquir. Sobre el asunto del huachicoleo declaró: “La decisión que se ha tomado en todo lo que tiene que ver con la política de seguridad es atender primero las causas que originan los hechos ilícitos. No se resuelven con medidas coercitivas, por eso se agravó la situación en el país. Nosotros vamos a seguir convenciendo, persuadiendo a la gente”.

            Renuncia así por completo, en las declaraciones y en los hechos, al uso legítimo de la fuerza pública aun ante la comisión de flagrantes acciones delictivas, como la que se presentó con el excesivamente pernicioso y prolongado bloqueo de la CNTE a las vías del ferrocarril en el puerto Lázaro Cárdenas. AMLO está plenamente convencido tanto de la magia del diálogo, aun con quienes actúan de mala fe, como de que el pueblo bueno, con sus necesidades de subsistencia resueltas, no volverá a incurrir en actos delictivos.

            Por ello tiene absoluta confianza en que con el reforzamiento de los problemas sociales que ya se han venido aplicando y con la implantación de sus nuevos programas de apoyo, el pueblo ya tendrá resueltas sus necesidades básicas y con ello se superará el problema del saqueo de gasolinas o al menos el solidario apoyo que muchos pueblos están brindando a los huachicoleros. Así ya no será necesario recurrir al uso legítimo de la fuerza pública.

            Es este encadenamiento de ideas lo único que pudiera imprimirle algún rasgo de racionalidad a la sumamente costosa y contraproducente estrategia de cerrar los ductos esperando que la derrama de beneficios sociales sobre las comunidades vinculadas al huachicoleo revierta el comportamiento de las poblaciones que ahora lo protegen e impulsan. Sólo así se podría explicar la desmesuradamente costosa idea de considerar provisional el uso de las pipas, de las que, en tal esquema, se podría prescindir cuando sus intensivos programas sociales rindan ya los moralizadores frutos esperados.

            Se calcula que diariamente se consumen en nuestra República unos 121 millones de litros de gasolinas y 55 millones de diésel y que para transportarlos, prescindiendo de los ductos, se requerirían unas 12 mil pipas. Para darse una idea de lo descabellado de la estrategia de cerrar los ductos, consideremos que Pemex posee unas 1,600 pipas, incluyendo las 671 de reciente compra que atípicamente estarán a cargo de la SEDENA. El déficit sería de casi 10 mil autotanques. Algunos consideran la existencia de unas 4,400 en uso por empresas privadas, pero se encuentran precisamente utilizadas para otros fines, y aun así, en el caso hipotético de que todas se pudieran ocupar, habría un déficit de más de la mitad de las pipas requeridas.

            Tomando en consideración la dispendiosa compra sin licitación de los 671 autotanques con un costo anunciado de 92 millones de dólares, nos encontramos con que cada pipa, calculando a un tipo de cambio de 19 pesos por dólar, tiene un costo de 2 millones 605 mil pesos. Pero no se trata sólo de un gasto de unos 1,748 millones de pesos; se trata de que utilizar las pipas aumenta desmesuradamente el costo de transportación, ya que éstas son mundialmente empleadas sólo para los últimos pocos kilómetros; por lo general de la terminal de almacenamiento a las gasolineras. Utilizarlas para dejar de transportar las gasolinas por los ductos ya existentes es una incomprensible irracionalidad, en especial si se tiene en cuenta que lo ideal, como sucede ya en otras partes del mundo, será que hasta para las distancias cortas de los depósitos de almacenamiento a las gasolineras se realice la distribución por ductos.

            La única alternativa razonable ha consistido y consiste en combatir de forma directa y tajante el robo de hidrocarburos en donde sucede el delito: en los ductos. Para ello se cuenta ya con instrumentos tecnológicos de vanguardia, como es el SCADA, en el que Pemex ha invertido varios cientos de millones de dólares con el propósito de detectar y evitar tanto fugas accidentales como robo de hidrocarburos. Este avanzado sistema, mediante el cual, a través de la detección de disminuciones de presión en los ductos, combinado con un programa de georreferenciación es posible ubicar el lugar de las fugas, ha probado en el mundo su eficiencia para detectar e impedir con suma rapidez pérdidas en los ductos. Su eficiencia en México no ha sido tan contundente debido en gran medida a la complicidad con la que contaron los huachicoleros al interior de Pemex. Pero ello es perfectamente superable con una verdadera de voluntad de combatir ese delito.

            Por otro lado, no deja de haber un evidente rasgo de deshonestidad cuando, a pesar de la multiplicación hasta por catorce de los costos de transportar las gasolinas mediante pipas, que implican equiparables quebrantos financieros, más las enormes pérdidas y trastornos sufridos por empresas privadas, automovilistas, taxistas y usuarios de transportes públicos, derivado de la escasez de combustibles, nuestro Presidente se atreva a presumir y difundir unos falaces ahorros por reducción en el robo de ductos. A ello habría que agregar las enormes pérdidas de Pemex al tener que pagar, entre otros, los costos por mantener largamente detenidos buques cargados de gasolinas, que no pudieron descargarlas por saturación en los sistemas de almacenamiento ocasionada por el incomprensible cierre de los ductos.

            Además, con dicho cierre lo que se propició fue que se les facilitara a los huachicoleros la instalación de nuevas y abundantes llaves de acceso que les permitirán extraer gasolinas cuando se reabran, ya que pudieron realizar tales instalaciones sin el grave riesgo de la enorme presión interna que vuelve considerablemente peligroso el perforar los ductos sin una avanzada técnica. A los huachicoleros, de cualquier forma, parece que no habrá fórmula para evitar el tener que enfrentarlos cuando se reabran los ductos. El cierre fue sólo un ilógico e infructuoso paliativo temporal.

            Resulta sumamente difícil comprender y tratar de explicar la lógica que pudo haber conducido a una decisión tan dispendiosa, improductiva, trastornadora y desorientada como fue la de comprar y rentar autotanques, en lugar de utilizar los avanzados instrumentos tecnológicos con los que ya se contaba y la disponibilidad de numerosas y poderosas fuerzas públicas para combatir el robo de combustible en donde tenía que hacerse: en los ductos.

            Transportar gasolinas mediante pipas, considerando que se tendrá forzosamente que regresar a los ductos, sólo puede explicarse por el injustificado miedo a recurrir al uso legal y legítimo de la fuerza pública, a la cual nuestro presidente considera como represión. En este esquema de pensamiento, considerando que nuestro AMLO está también convencido de la existencia de una bondad innata del pueblo, sólo le resta esperar a que la derrama de sus vastos programas de apoyo social, rindan frutos y cristalice la semi-mágica transformación, haciendo resurgir esa connatural bondad para que el pueblo no viéndose ya en la necesidad de robar ni huachicolear, ya no lo vuelva a hacer.

            Ojalá la estrategia le diera al Presidente los maravillosos resultados que espera, pero aquí nos arriesgaremos a adelantarnos al considerarla, aplicándole la máxima delicadeza posible, como una tierna y conmovedora ingenuidad.

La enorme derrama de gasto público en programas de apoyo social incondicionados ha probado ser de gran eficiencia para el clientelismo electoral, pero también ha comprobado estar muy lejos de poder transformar a nuestra sociedad. Ω

amartinezv@derecho.unam.mx   @AlejoMVendrell

[1] Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM.