Las niñas y las adolescentes poseen una enorme capacidad transformadora que genera impactos positivos en su desarrollo personal, en sus familias y en sus comunidades, los cuales indudablemente contribuyen al progreso de la sociedad mexicana en su conjunto. Los valores, conocimientos, habilidades y experiencias que adquieran durante la niñez las habilitarán para, progresivamente, tomar decisiones autónomas encaminadas a emprender y consolidar todos sus proyectos de autorrealización en condiciones de igualdad respecto a los demás sectores de la población.

Para posibilitar que niñas y adolescentes desplieguen su máximo potencial, es indispensable que el Estado y los sectores social y privado, respeten, promuevan, protejan y garanticen el acceso y ejercicio pleno de sus derechos humanos, teniendo siempre como base de su actuación, el interés superior de la niñez y adolescencia e incorporando un enfoque diferenciado que valore la diversidad de identidades, vivencias y opiniones de cada una de ellas, de acuerdo a su edad, la zona geográfica en que residen, los roles de género que imperan en su comunidad, así como su condición de salud o socioeconómica de sus familias.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y las leyes estatales en la materia, marcan un hito en la evolución de los derechos de las personas menores de edad al reconocerlas como titulares de derechos. De ese reconocimiento se derivan obligaciones de protección especial a cargo de las autoridades, de las personas responsables de su cuidado y de la sociedad en general. No obstante, el cumplimiento de esas normas enfrenta múltiples retos de importante complejidad.

Por lo general, las niñas y adolescentes viven en contextos en los que aún prevalecen la desigualdad y los estereotipos de género que limitan su desarrollo integral. La Observación General número 20 del Comité de los Derechos del Niño señala que, en muchos países, las niñas y adolescentes registran niveles más bajos en los índices de salud y satisfacción vital que los niños, brecha que aumenta gradualmente con la edad. De igual forma, indica que ciertas normas culturales pueden colocarlas, de forma negativa, en una condición de inferioridad y vulnerabilidad, circunstancia que incrementa las posibilidades de confinamiento en el hogar; falta de acceso a la educación secundaria y media superior; escasas oportunidades de esparcimiento, deporte, recreación y generación de ingresos; limitaciones en el acceso al arte y la vida cultural o que se les imponga la realización de labores del hogar y se les responsabilice del cuidado de los hijos e hijas.^[1]

Las desigualdades de género, afirma el Comité, se hacen más evidentes durante la adolescencia, de forma que los estereotipos, la inequidad y la discriminación contra niñas y adolescentes redunda en violaciones a sus derechos que se refleja en el matrimonio forzado, el embarazo a temprana edad, la mutilación genital femenina, la violencia física, mental y sexual por razón de género; la servidumbre o la explotación y trata de personas, las cuales, en numerosos casos, han finalizado en privación de la vida. La violencia en las redes sociales amerita la intervención urgente de las autoridades, pues el marco jurídico y las acciones de prevención encaminadas a su protección son aún insuficientes para frenar conductas que van desde el acoso escolar hasta la explotación sexual, e incluso la pornografía.

El pasado 20 de julio de 2017, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer emitió el primer dictamen realizado por un organismo internacional a México por un caso de feminicidio (el de Pilar Arguello Trujillo, joven de 20 años de edad quien fue privada de la vida en el Estado de Veracruz, en el año 2012), en cuya resolución afirmó que la impunidad de los delitos contra niñas, adolescentes y mujeres contribuye a perpetuar una cultura de aceptación de las formas más extremas de violencia y fomenta que continúe su comisión^[2] y recomendó al Estado mexicano cumplir con su obligación de garantizar el funcionamiento de procedimientos eficientes, imparciales e independientes para investigar, enjuiciar y sancionar los actos de violencia contra ellas; reforzar la implementación de programas con miras a promover y garantizar, de manera efectiva, la formación y capacitación de servidores y servidoras públicas que participan en las investigaciones de casos de violencia, y asegurar el acceso a la justicia para todas.^[3]

La lucha contra la violencia hacia niñas y adolescentes implica el involucramiento de familias, instancias de gobierno y del estado, instituciones educativas, asociaciones religiosas, comunidades indígenas y sociedad en general, en sus respectivos ámbitos de competencia, con un simple pero ambicioso objetivo de realizar su derecho a que la violencia y el miedo no limiten su libertad ni condicionen las decisiones que tomen sobre su proyecto de vida.

Es necesario el cumplimiento de los derechos económicos sociales y culturales que garanticen las condiciones para una vida digna, igualdad de oportunidades y una justicia distributiva que mejore sustancialmente sus condiciones de vida. Lo anterior, cobra especial relevancia cuando se trata de niñas y adolescentes indígenas.

Victoria Tauli Corpuz, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, reveló en su informe anual 2015, que las niñas indígenas enfrentan numerosos obstáculos para el ejercicio de sus derechos, por ejemplo, presentan mayor índice de deserción escolar que los niños; las y los integrantes de sus comunidades tienen la expectativa de que realicen trabajo en el hogar y asuman el cuidado familiar; son forzadas a contraer matrimonio,  están más expuestas a sufrir violencia sexual y a ser discriminadas,^[4] situaciones que las coloca en un estado de vulnerabilidad múltiple.

Otro tema de atención prioritaria en nuestro país es el creciente número de embarazos de niñas y adolescentes a temprana edad. México ocupa el primer lugar de los países de la OCDE de madres menores de edad.^[5] Se trata de un problema derivado de factores como la desigualdad de género, la pobreza, la violencia y estigmatización, entre otros, que vulneran su desarrollo y plan de vida.

Al respecto, el Comité de los Derechos del Niño ha enfatizado la necesidad de diseñar planes de estudios y campañas de difusión dirigidos a quienes se encuentran fuera de la escuela, que incluyan educación sobre salud sexual y derechos reproductivos apropiada a la edad y madurez de niñas, niños y adolescentes, la cual deberá ser amplia, incluyente, basada en evidencias científicas y en normas de derechos humanos, contar con la colaboración de las y los adolescentes para su diseño, y disponible en formatos adecuados a las circunstancias de los distintos grupos de la población.^[6]

Debe tenerse presente que los compromisos adquiridos por México en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, contemplan en el Objetivo 5, entre otros, eliminar todas las formas de violencia contra todas las niñas y mujeres; eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio y embarazo forzado o a temprana edad; asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública, y aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles.^[7]

El lema para este año con motivo del Día Internacional de la Niña lo es “Mi voz, nuestro futuro en común”, a través del cual se busca resaltar la exigencia de vivir libres de violencia y sin soslayar que cada año tal conmemoración resalta que las niñas en situaciones de crisis son una fuente de poder, energía y creatividad, pero que, al mismo tiempo, se encuentran entre los grupos más vulnerables de la población.^[8] Los sismos ocurridos en septiembre de 2017 en nuestro país, dan cuenta de ello, por ejemplo, en la Ciudad de México, cientos de adolescentes y mujeres jóvenes se lanzaron a las calles para participar en las labores de rescate; proporcionaron atención médica; realizaron labores de acopio y distribución de insumos; verificaron y difundieron información en medios electrónicos; coordinaron el funcionamiento de albergues temporales; organizaron actividades lúdicas y recreativas para niñas y niños privados de sus hogares, entre otras actividades. Ellas fueron y son un ejemplo para todas y todos, pero especialmente para las niñas y adolescentes a quienes debemos asegurar su acceso a la igualdad de oportunidades y de participación en la vida pública del país, para contribuir al beneficio colectivo.

La desigualdad entre los géneros comienza desde la niñez, y para su erradicación es necesario sensibilizar e involucrar a niños y jóvenes en las acciones tendentes al cumplimiento de los derechos de las niñas y las adolescentes, a través de la educación en y para los derechos humanos; la promoción de la diversidad étnica, cultural e ideológica; optar por técnicas de crianza positivas libres de violencia y con perspectiva de género, y la promoción de las masculinidades que rechazan la violencia y son conscientes y solidarios respecto a la situación del género femenino.

El trabajo transversal entre las autoridades, las familias, las instituciones educativas y las organizaciones de la sociedad civil, permitirá generar un México más justo, incluyente e igualitario, donde las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres puedan sentirse libres y seguras de luchar por conseguir sus objetivos.

Los editores

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