Un fantasma perverso recorre la causa de los derechos humanos: el fantasma de la deriva punitivista, el cual aconseja que todo señalamiento de un servidor público como responsable de violación a esos derechos, independientemente del sustento probatorio, debe culminar en una severa sentencia condenatoria.
Por supuesto, todo atropello de la autoridad contra cualquier persona amerita el castigo proporcional a la gravedad del ilícito. La impunidad atenta contra la vigencia efectiva del Estado de derecho. Pero si la acusación y la condena se hacen sin las pruebas que demuestren la culpabilidad del acusado, se estará procediendo como lo hacía la Santa Inquisición. Sigue leyendo