Organización de las Naciones Unidas

• La responsable de la Oficina para los Derechos Humanos informa de la situación en Chile, Ecuador, Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Venezuela y Estados Unidos desde perspectivas específicas de cada país, aunque con énfasis en un elemento común: la desigualdad aguda. También advierte que la respuesta violenta de las fuerzas de seguridad socava la confianza en los sistemas políticos y económicos.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirmó este jueves en Ginebra que las protestas que se registran en muchos países se alimentan de la desigualdad profunda que prevalece en las sociedades de hoy.

            En dos comparecencias ante el Consejo de Derechos Humanos sobre la situación de las garantías fundamentales en el mundo, Michelle Bachelet destacó la inequidad como un elemento común que agudiza el descontento y conduce a crisis que socavan tanto esos derechos como la confianza de la gente en los sistemas económicos y políticos cuando las fuerzas de seguridad responden con violencia.

• Pese a las declaraciones públicas efectuadas por el presidente del país y otras autoridades reconociendo el importante papel de los defensores de derechos humanos, Colombia es el país de América Latina con más asesinatos de activistas de las garantías fundamentales. Además, se han disparado las amenazas en su contra en un contexto de altos índices de impunidad.

Esta es una de las principales conclusiones del informe que presentó este miércoles ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, tras su visita al país sudamericano del 20 de noviembre al 3 de diciembre de 2018.

            El informe señala que “las personas defensoras son asesinadas y violentadas por implementar la paz; oponerse a los intereses del crimen organizado, las economías ilegales, la corrupción y la tenencia ilícita de la tierra; y por proteger sus comunidades. Las defensoras son, además, objeto de violaciones específicas de género y sus familias son también el blanco de ataques”.

• Sólo el 14% de las mujeres y el 10%de los hombres del mundo no tienen ningún sesgo para aceptar las normas sociales de género, apunta un nuevo informe de la ONU que analiza el “techo de cristal” de las mujeres y cómo romperlo. El análisis sugiere que este techo abarca todos los aspectos de las vidas de las mujeres, incluido el hogar.

El estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que incluye datos de 75 países que comprenden a un 80% de la población mundial, destaca que, pese a décadas de progreso hacia la igualdad entre hombres y mujeres, cerca del 90% de la población mantiene algún tipo de prejuicio contra las mujeres.

            El informe se vale de un Índice de Normas Sociales de Género para medir cómo dichos preceptos pueden obstaculizar la equidad de género en ámbitos dispares como la política, el trabajo y la educación.

• El máximo tribunal penal de la ONU investigará las posibles atrocidades cometidas en Afganistán por militares y agentes de inteligencia estadounidenses y afganos y por el Talibán. Estados Unidos no es parte de la Corte Penal Internacional y rechaza las pesquisas, pero los crímenes se habrían cometido en territorio afgano, un Estado signatario del Estatuto de Roma, el documento fundacional del tribunal.

La Corte Penal Internacional (CPI) autorizó este jueves abrir una investigación sobre los presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad perpetrados en Afganistán desde mayo de 2003 por el Talibán, soldados afganos y efectivos armados y de inteligencia estadounidenses en el contexto de la guerra en ese país.

            Los magistrados de la Sala de Apelaciones del máximo tribunal penal del sistema de la ONU decidieron por unanimidad aprobar la solicitud de la Fiscalía para iniciar una indagación, un fallo que revoca la decisión tomada por los jueces de la Sala de Primera Instancia en abril de 2019.

• Las empresas deben ser flexibles con los empleados que puedan perder el trabajo, los Gobiernos deben proveer protección socioeconómica a las familias y todos, especialmente los más vulnerables, deben tener derecho a tratamiento contra el COVID-19, asegura en un comunicado Michelle Bachelet.

Es esencial que los Gobiernos que introduzcan medidas para impedir la propagación del coronavirus, COVID-19, también emprendan una serie de acciones adicionales para reducir el impacto potencialmente negativo que esas decisiones puedan tener en la vida de las personas, subrayó este viernes la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

            “Como doctora, entiendo la necesidad de una serie de pasos para combatir COVID-19, y como ex jefe de Gobierno, entiendo que a veces encontrar el equilibrio es complicado ante decisiones difíciles”, dijo Michelle Bachelet.