Cosas veredes

Luis de la Barreda

Criminalizar la protesta social

Como recordarán los lectores, recientemente la Asamblea Legislativa del Distrito Federal agravó las punibilidades del homicidio y las lesiones contra policías, así como las del robo y el daño en propiedad ajena, cuando esos delitos sean cometidos durante manifestaciones callejeras.

En su primer comunicado bajo la presidencia de Perla Gómez, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) asevera que “el incremento de penas a ciertos delitos, cuando éstos se cometan en contextos de manifestación o protesta social, resulta una medida desproporcionada al ser un mecanismo indirecto de criminalización de la protesta social… contraria a los postulados de una sociedad democrática incluyente, así como al contenido de la Constitución y a los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos”.
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Una izquierda seductora

La izquierda mexicana —al menos la que se hace oír, no contrariada públicamente por la silenciosa, si la hay— se ha vuelto, como la mujer de Lot, una estatua de sal, absorta en la glorificación de su propio pasado, victimista, clientelista, incongruente y con dudosas credenciales democráticas.

La izquierda mexicana, que alzó estentóreamente la voz para denunciar todas las arbitrariedades de los regímenes priistas, ha defendido o por lo menos soslayado lo indefendible, entre otras cosas: la fabricación de culpables urdida por el procurador Samuel del Villar, la impunidad de linchadores bajo la inaudita justificación de que no hay que meterse con el México profundo, la pasividad ante el linchamiento de tres policías en Tláhuac durante los cuales ni el jefe de gobierno ni el jefe de la policía dieron la orden de rescatarlos, el desacato al amparo concedido por un juez, las denuncias de fraude —sin exhibir una sola auténtica prueba— en dos elecciones presidenciales consecutivas.
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Impostores

Es asombroso que en los funerales de uno de los dirigentes políticos más relevantes de la historia, Nelson Mandela, el hombre contratado para traducir los discursos al lenguaje de señas (es decir, para los sordomudos), Thamsanqa Jantjie, haya hecho durante cinco horas movimientos de manos, gesticulaciones y aspavientos que nada tenían que ver con ese lenguaje. El asombro aumenta al enterarnos de que el supuesto intérprete tiene experiencia en esa clase de ceremonias.
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¿Jurisdicción universal?

El concepto de jurisdicción universal —solamente utilizado en materia penal— surge del afán de combatir la impunidad de ciertos crímenes considerados los más graves. Se trata de una jurisdicción que ejerce un tribunal nacional sin importar el lugar donde se cometió el delito o la nacionalidad del inculpado o de la víctima, ni ningún otro vínculo o punto de conexión con dicho tribunal.

Las legislaciones nacionales que admiten tal jurisdicción imponen límites a sus alcances, por ejemplo que la víctima sea un nacional (en contradicción restrictiva al concepto doctrinario) y que el presunto responsable no sea un gobernante que goce de inmunidad.
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Traición a la patria

Solamente desde la demagogia más pedestre y desde la postura más fundamentalista se puede anunciar, como lo ha hecho Andrés Manuel López Obrador en su reaparición pública tras el infarto que lo puso temporalmente fuera de combate, que se presentará, en el país y las instancias internacionales correspondientes, una denuncia contra el Presidente Enrique Peña Nieto por el delito de traición a la patria, cometido, según el líder de Morena, por haber promovido la reforma energética.
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Adiós a las armas

Se comprende que, en comunidades en las que el crimen organizado impone su dominio por medio de la extorsión y el terror cotidianos, los habitantes, hartos de padecer tal pesadilla en una situación de indefensión absoluta, se sientan tentados a defenderse a sí mismos, función que en un Estado de Derecho corresponde a las autoridades.

De ahí que entre los pobladores de los municipios asolados haya quienes vean con cierta simpatía el surgimiento de los denominados grupos de autodefensa, que justifican su existencia en la perentoria necesidad de enfrentar a las organizaciones criminales dueñas, de facto, de territorios en los que la ley es una entelequia.
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Una policía nacional

Creo que una de las razones más importantes por las cuales en varias entidades de nuestro país se han disparado ciertos delitos, tales como el secuestro y la extorsión, es la de que las víctimas se sienten absolutamente indefensas frente a los criminales, pues les parece que denunciar el delito y solicitar auxilio a la autoridad no sirve de nada o incluso es contraproducente.

Sufrir un delito, o padecer la amenaza de un delito, y sentir que no hay ninguna instancia a la cual acudir, produce una amarga sensación de que se vive a la intemperie, a merced de hampones sin escrúpulos.
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¿Sin salida?

Lo que sucede en Egipto es un pedagógico ejemplo de lo extremadamente difícil (¿imposible?) que resulta la instauración de la democracia en las sociedades de mayoría islamista. En ese país cientos de jóvenes murieron y miles sufrieron prisión durante la revuelta popular que finalmente depuso a la dictadura castrense de Hosni Mubarak. A la caída del dictador se celebraron, por primera vez en el país, elecciones libres.
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