Luis de la Barreda Solórzano
¿Transfobia o defensa de los espacios propios?
En varios países del mundo, incluyendo el nuestro, cualquier persona, incluso si es menor de edad, tiene derecho, sólo solicitándolo y mediante un sencillo trámite, a que en su acta de nacimiento se modifique su género, es decir, que el masculino se vuelva femenino o el femenino se torne masculino, con el argumento de que esa es la identidad de género con que se identifica —identidad autopercibida— y no con el sexo que le fue asignado (preguntémonos quién se lo asignó) al nacer. Esa mudanza implica que el individuo al que se concede —y todas y todos tienen derecho a ello— se haga acreedor al trato que corresponde a su nuevo género.
Tribunales internacionales y cortes supremas, comisiones de derechos humanos, legisladores y autoridades administrativas —estas últimas acatando la ley o las resoluciones judiciales— concuerdan en que ese cambio, con las consecuencias que conlleva, es un derecho humano. Y el movimiento trans se ha encargado de presentar a quienes manifiestan su desacuerdo con algunas de esas consecuencias como transfóbicos, pues la expresión de su disentimiento, acusan, es un discurso de odio contra los transexuales, por lo que debe impedirse su difusión. Sigue leyendo→
Más allá de la relevancia de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha declarado la inconstitucionalidad de las normas en virtud de las cuales la Guardia Nacional quedaba bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional, la resolución permite vislumbrar que nuestro máximo tribunal cumplirá con la función que le asigna la Constitución y que le corresponde a todo tribunal constitucional en un Estado de derecho, y no estará sometida a los designios del autócrata: habemus Suprema Corte.
Los ocho ministros que han hecho posible esa determinación han estado a la altura de su delicada misión, para lo cual debieron resistir la majadera y persistente presión del titular del Poder Ejecutivo. Los votos de los tres ministros que no respaldaron la sentencia mayoritaria no resisten el menor análisis jurídico. Constituyen galimatías, no argumentos consistentes, cuyo objetivo era justificar a como diese lugar lo injustificable para no contrariar al Presidente de la República. Pero les faltó un voto para salirse con la suya. Sigue leyendo→