Derechos del pueblo bueno

Tras el enfrentamiento entre huachicoleros —ladrones de combustible en perjuicio de Pemex— y soldados que llevaban a cabo operativos en el denominado Triángulo Rojo de Puebla, el cual produjo diez muertos, cuatro de ellos militares, Andrés Manuel López Obrador declaró: “Esta estrategia del uso de la fuerza para resolver problemas sociales lo que hace es agravar más las cosas y producir sufrimiento y dolor”.

                Para no agravar problemas sociales ni producir sufrimiento y dolor, según esa declaración, las autoridades deben permitir a las bandas la perforación y la ordeña de ductos. Entre 2000 y 2016 se detectaron, sólo en el estado de Puebla, tres mil tomas clandestinas.

                Grupos de zetas provenientes de Tamaulipas y Veracruz encontraron en el huachicol poblano un negocio sumamente jugoso. El combustible robado se vende a la mitad. Pemex señala que, por ordeña de sus ductos, perdió dos mil 281 millones de pesos en 2016. En ese año los huachicoleros habrían tenido ganancias de más de mil millones.

                En 2015 se detuvo en Puebla al director de la policía estatal mientras vigilaba con subordinados 22 camionetas de huachicoleros de Tepeaca, el municipio poblano con más tomas clandestinas. ¿No debió detenérsele? Al estar cuidando los intereses de los huachicoleros en vez de perseguirlos, ¿no lo hacía para no agravar las cosas ni producir sufrimiento y dolor?

                ¿Debe otorgarse a todos los mexicanos, para no agravar las cosas ni producir dolor y sufrimiento, autorización para perforar ductos de petróleo, sacar combustible y revenderlo?

                La misma indulgencia había mostrado meses antes López Obrador con los saqueos de trenes en el estado de Guanajuato: “En vez de acabar con la corrupción y combatir la pobreza, mandan mil soldados a Irapuato para enfrentar a los que roban trenes por necesidad”.

                Los productos mayormente saqueados en los trenes han sido granos, automóviles, electrodomésticos, químicos, acero y chatarra. ¿El gobierno no debe enfrentar a los saqueadores porque actúan por necesidad, aunque esa necesidad sea la de poseer o vender en el mercado negro coches y televisores?

                Todo robo se comete por necesidad. Incluso los robos más cuantiosos responden a una necesidad, que es la de satisfacer una codicia desordenada, la cual motiva, a quienes la padecen, a conseguir por medios ilícitos mansiones fastuosas en el país y en el extranjero, automóviles de lujo, cantidades de dinero exorbitantes, viajes frecuentes a cualquier parte del mundo sin limitaciones económicas.

                “Merezco abundancia”, se repetía, escribiéndolo, la mujer del exgobernador veracruzano Javier Duarte. Las conductas por las que éste está detenido respondían a la necesidad de lograr esa abundancia que, por lo visto, nunca resultaba suficiente. Entonces, ¿no debió detenérsele? De acuerdo con López Obrador, Duarte es ¡un chivo expiatorio! De llegar a la Presidencia —ha prometido el líder de Morena— otorgará el perdón a los corruptos. Seguramente porque éstos han hecho de las suyas también por necesidad, como los ordeñadores de ductos y los saqueadores de ferrocarriles.

                López Obrador no solamente ha justificado los robos y condenado que se enfrente a los ladrones. Durante su gestión como jefe de Gobierno del Distrito Federal ocurrieron numerosos linchamientos. No movió un dedo para castigar uno solo. Pudo haber evitado el de policías atrapados en Tláhuac por una turba, mientras cumplían con su deber, con sólo dar la orden de que fueran rescatados por las fuerzas de seguridad. No lo hizo: con los usos y costumbres del México profundo —había dicho— no hay que meterse.

                Así que los robos perpetrados por necesidad —no sólo de pan, pues no sólo de pan vive el hombre, sino incluso de bienes suntuarios— y los usos y costumbres, aun los que configuran crímenes tan bárbaros como los linchamientos, son derechos del pueblo bueno, por lo que las autoridades no deben evitarlos ni perseguirlos.

                Y, sin embargo, la inaudita justificación de graves conductas delictivas por parte de quien aspira a gobernar el país no ha causado mayor reacción en casi ninguno de los comentaristas de los medios. Es como si el aspirante ejerciera sobre ellos un extraño influjo hipnótico y estupefaciente.