Por Ismael Eslava Pérez*

Sumario. I. Consideraciones previas. II. Notas distintivas del interés jurídico. A. Concepto. B. Elementos para acreditar su existencia. Interés simple III. Características del interés legítimo. A. Cuestión preliminar. B. Concepto. C. Interés difuso y colectivo. Acreditación del interés legítimo. D. Aspectos característicos del interés legítimo. E. Diferencias entre interés jurídico e interés legítimo.  IV. A manera de conclusión.

I. Consideraciones previas

En los últimos once años se han publicado tres importantes y sustanciales reformas constitucionales: la relativa al juicio de amparo y la relacionada a los derechos humanos -de 6 y 10 de junio de 2011, respectivamente- y la más reciente -de 11 de marzo de 2021- en materia judicial que implicó la modificación al aspecto estructural del Poder Judicial de la Federación, así como a la competencia de los órganos que lo integran, particularmente en cuanto a la creación de la jurisprudencia.

La importancia y trascendencia de las dos primeras ha sido y es, sin duda alguna, de gran relevancia en materia de promoción, difusión y protección de los derechos humanos reconocidos en la Constitución General de la República y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano es parte a través del desarrollo jurisprudencial que, de diversos tópicos en materia de derechos fundamentales, se ha realizado vía la interpretación conforme, en tanto que la tercera, por su contenido, adquiere una significativa importancia para el fortalecimiento del Poder Judicial de la Federación a fin de hacerlo más eficiente y eficaz, profesional y cercano a la sociedad que, además, busca fortalecer su independencia e imparcialidad mediante la generación y/o fortalecimiento de la carrera judicial. ^[1]

Han transcurrido poco más de 10 años desde que se publicó la reforma constitucional de 6 de junio de 2011 sobre el juicio de amparo, cuya importancia nos obliga a reflexionar -en otro momento- sobre cómo esta reforma ha coadyuvado en el cambio de paradigma en la promoción, defensa y protección de los derechos humanos y cómo ha impactado la actividad jurisdiccional de interpretación de los diversos ordenamientos sustantivos y adjetivos. Lo anterior excede los límites del presente estudio, por lo que sólo reflexionaremos sobre la ampliación del concepto de interés de parte agraviada (interés jurídico), incorporando el interés legítimo.

II. Notas distintivas del interés jurídico

    A. Concepto

Hasta antes de la reforma constitucional de 6 junio de 2011, tradicionalmente se había destacado que la base para la procedencia del juicio amparo lo era exclusivamente la existencia de un perjuicio inmediato y directo (agravio personal y directo) en el interés jurídico del quejoso. Sin embargo, a partir de la citada reforma se amplió el concepto de interés de parte agraviada para incorporarse al sistema procesal constitucional mexicano el interés legítimo traducido en un agravio indirecto que no es propiamente lesivo de un derecho subjetivo. La fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, establece la improcedencia del juicio de amparo “contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso”.

El interés jurídico puede ser definido “como aquel derecho subjetivo derivado de la norma jurídica que permite a su titular acudir ante a la autoridad competente para reclamar el cumplimiento de un derecho o de una obligación a cargo de una persona o del Estado”.^[2] En este sentido, es uno de los presupuestos procesales para la procedencia del juicio de amparo, el cual debe ser comprendido bajo la conjunción de dos elementos: el acreditamiento y la afectación a un derecho subjetivo.^[3] Respecto del primero implica generar un perjuicio a los derechos del quejoso de manera personal y directa, es decir, una afectación real, objetiva y actual, no general, abstracta e incierta, en tanto que el segundo conlleva el causar un daño, un menoscabo patrimonial o no patrimonial, traducido en la afectación a la esfera jurídica del gobernado. 

De igual forma, el interés jurídico es parte de la acción procesal y la pretensión a partir de las tres consideraciones siguientes: i) la acción consiste en la facultad de instar al órgano jurisdiccional a fin de que emita una sentencia que resuelva una determinada controversia planteada por el titular de un derecho subjetivo; ii) la competencia de los órganos jurisdiccionales, y iii) la legitimación del titular del derecho que se pretende deba prevalecer.^[4] El artículo 107, fracción I de la Constitución General de la República dispone la procedencia del juicio de amparo a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho, sin soslayar que, con la reforma constitucional de junio de 2011, el segundo párrafo del artículo 107 constitucional dispone que “Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa”.

En el amplio abanico de interpretaciones sobre el interés jurídico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo identificó con la afectación de un derecho subjetivo como requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, siendo el derecho subjetivo la facultad de exigir de la autoridad el respeto de un derecho reconocido por la norma y se integra por la conjunción de dos elementos inseparables, a saber: una facultad de exigir y una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir tal exigencia.

    B. Elementos que acreditan su existencia. Interés simple

En la tesis INTERÉS JURÍDICO. INTERÉS SIMPLE Y MERA FACULTAD. CUANDO EXISTEN,[5]se hace referencia a los elementos para acreditar el interés jurídico para efectos del juicio de amparo, siendo expuestos en los términos siguientes: “a) la existencia de un derecho establecido en una norma jurídica (derecho objetivo); b) la titularidad de ese derecho por parte de una persona; c) la facultad de exigencia para el respeto de ese derecho, y d) la obligación correlativa a esa facultad de exigencia. Sin la existencia de esos requisitos el amparo es improcedente por la carencia de interés jurídico”. ^[6]

Por su parte, el interés simple o jurídicamente irrelevante es aquel que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión de las instancias de gobierno y del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En consecuencia, no es un presupuesto procesal para la procedencia del juicio de amparo, es decir, no resulta suficiente para la promoción del juicio constitucional.

III. Características del interés legítimo

    A. Cuestión preliminar

El interés jurídico como presupuesto procesal para la procedencia del juicio amparo propició, hasta antes de la reforma constitucional de 2011, que una amplia diversidad de actos de autoridad que afectaban indirectamente la esfera jurídica de los particulares, sin que ello implicará la violación de un derecho subjetivo, quedaran fuera del control jurisdiccional a través del juicio constitucional.^[7] El interés jurídico, por tanto, restringió su ámbito de acción a la protección de los derechos esencialmente individuales, dejando sin protección los llamados intereses difusos y colectivos, y por ello surge el concepto de interés legítimo, por lo que con la reforma constitucional de 2011 se incorporó al artículo 107, fracción I de la Constitución General de la República la procedencia del juicio de amparo a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un interés legítimo individual o colectivo, sin pasar por alto que en materia de amparo jurisdiccional no podrá invocarse tal interés.

Al igual que el interés jurídico, el legítimo es un presupuesto procesal para la procedencia del juicio de amparo e implica la existencia de normas que imponen una conducta obligatoria a la autoridad, pero tal obligación no se corresponde con el derecho subjetivo del que son titulares determinados particulares, a pesar de que sí se afecta su esfera jurídica, es decir, que ciertos gobernados puedan tener un interés respecto de la legalidad de los actos de autoridad.^[8]

El interés legítimo ha tenido su desarrollo más importante en el ámbito del derecho administrativo y consiste en una legitimación intermedia entre el interés jurídico y el interés simple.^[9] El término legítimo hace referencia a un interés legalmente tutelado, en lo que coincide con el interés jurídico en sentido estricto, sin embargo, en el interés legítimo no se exige la afectación de un derecho subjetivo, pero sí a la esfera jurídica del gobernado, a fin de evitar que cualquier persona esté legitimada para promover el juicio de amparo, lo que haría caer en un interés simple.

    B. Concepto

La Primera Sala de la SCJN determinó en el AR 366/2012 que “el interés legítimo puede definirse como aquel interés personal –individual o colectivo–, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llega a concederse el amparo, en un beneficio jurídico a favor del quejoso. Dicho interés deberá estar garantizado por un derecho objetivo, sin que dé lugar a un derecho subjetivo; pero siempre debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en el sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra índole.” ^[10] Es decir, faculta a cualquier persona que se vea afectada de manera inmediata e indirecta en su esfera jurídica, sin importar que no se cuente con la titularidad de un derecho subjetivo.

Por su parte, la Segunda Sala de la SCJN en los AR 553/2012, AR 684/2012, AR 29/2013[1] destaca que el interés legítimo lo tutelan normas que no generan derechos subjetivos, sino que establecen intereses difusos. “En consecuencia, para que el quejoso tenga interés legítimo deberá acreditar: (i) la presencia de una norma que establece o tutela algún interés difuso en beneficio de alguna colectividad determinada; (ii) afectación de ese interés difuso en perjuicio de la colectividad por la ley o acto que se reclama; y (iii) la pertenencia del quejoso a dicha colectividad.”^[11]

    C. Interés difuso y colectivo. Acreditación del interés legítimo

Dos aspectos destacan de lo resuelto por la Segunda Sala de la SCJN: i) la existencia de un interés difuso o colectivo yii) los elementos que acreditan su existencia.  En cuanto al primero, Don Héctor Fix Zamudio se refiere a los intereses difusos y colectivos destacando que son derechos subjetivos e intereses legítimos de personas indeterminadas que pertenecen a diversos grupos sociales que se refieren al consumo, al medio ambiente, a los problemas urbanos y al patrimonio artístico y cultural, entre otros. En ambos tipos de interés su titular no es una persona determinada, precisando que los intereses colectivos son comunes a una colectividad de personas unidas por un vínculo jurídico, tales como el caso de asociaciones de profesionistas, los integrantes de un condominio, etcétera; en tanto los intereses difusos no existe ese vínculo jurídico, sino situaciones contingentes o circunstanciales, tales como vivir en un mismo poblado, consumir un mismo producto, vivir en determinadas circunstancias socioeconómicas, etcétera.^[12]

Respecto del segundo, se determina -y se reafirma posteriormente mediante una tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la SCJN-^[13] los elementos que acreditan la existencia de un interés legítimo, siendo éstos los siguientes: i) la presencia de una norma constitucional que establece o tutela algún interés difuso en beneficio de alguna colectividad determinada, ii) la afectación de ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva, por la ley, acto u omisión que se reclama, y ii) la pertenencia del quejoso a dicha colectividad.

En relación con el tercero de esos elementos, cabe hacer notar que alguna norma puede establecer un interés difuso para una colectividad muy amplia, pero el acto que se reclama sólo afecta a una parte de sus integrantes y no a la totalidad, en cuyo caso deberá acreditarse por el quejoso que precisamente se encuentra dentro del grupo o subgrupo.

Por tanto, estará legitimado para ejercitar la acción constitucional de amparo la persona que aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, sólo podrá acudir en demanda de amparo aquel que se vea afectado en un derecho subjetivo de manera personal y directa.

    D. Aspectos que caracterizan al interés legítimo

Entre los aspectos que caracterizan al interés legítimo, Zaldívar Lelo de  Larrea destaca los siguientes: i) no solo un interés por la legalidad en la actuación de la autoridad, sino que requiere la existencia de un interés personal, individual o colectivo que, de proceder la acción, se traduce en un beneficio jurídico en favor del accionante; ii) está asegurado por el derecho objetivo, pero no da lugar a un derecho subjetivo, no hay potestad frente a otro; iii) debe haber una afectación a la esfera jurídica en sentido amplio, ya sea económica, profesional o de otra índole; iv) los titulares tienen un interés propio distinto al de cualquier otro gobernado, consistente en que los poderes públicos procedan de acuerdo con el ordenamiento cuando con motivo de la persecución de fines de carácter general incidan en el ámbito de ese interés propio; v) se trata de un interés cualificado, actual y real, no potencial o hipotético; en suma, es un interés jurídicamente relevante, y vi) la anulación produce efectos positivos o negativos en la esfera jurídica del gobernado.^[14]

    E. Diferencias entre interés jurídico e interés legítimo

En cuanto a las diferencias entre interés jurídico e interés legítimo se pueden destacar las siguientes:

• Las normas que regulan al interés jurídico dan lugar a derechos subjetivos en beneficio de personas determinadas, en cambio, las vinculadas al interés legítimo no generan derechos subjetivos, sino establecen intereses difusos.

• El interés jurídico supone la existencia de un derecho dentro de la esfera jurídica de una persona (derecho subjetivo); en cambio, el interés legítimo no supone una afectación directa al status jurídico sino una indirecta por encontrarse ubicada en una especial situación frente al orden jurídico que le permite proceder para obtener el respeto a su interés jurídicamente tutelado, aunque no goce de un derecho subjetivo.

• El interés legítimo se presenta en la medida en que el sujeto forma parte de un ente colectivo que, de manera abstracta, tiene interés en que el orden jurídico se cumpla, lo que explica que se hable de un interés individual o colectivo, pero en el entendido que la afectación individual sólo podrá darse en la medida en que se forme parte de una colectividad interesada.

• Si el agravio jurídico es susceptible de individualizarse en una persona con independencia de su pertenencia o no a un grupo, se estará en presencia de un interés jurídico; pero si el agravio únicamente se presenta en la medida en que se pertenece a un grupo, entonces se estará ante la presencia de un interés legítimo.

• El interés jurídico implica una afectación a un derecho humano individualmente considerado, en tanto que en el interés legítimo la afectación a la esfera jurídica de la persona se da en razón de formar parte de un colectivo, es decir, se da en la medida en que la persona forma parte de un ente colectivo y, por tanto, la afectación individual sólo podrá darse en la medida en que se forme parte de una colectividad interesada.^[15]

El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo en revisión 220/2012, a partir de cuatro elementos comunes a ambos tipos de interés, estableció -en una tesis aislada- sus diferencias en los siguientes términos: “a) titularidad del interés: tratándose del jurídico es una persona, de manera individual y exclusiva, mientras que del legítimo, un grupo de personas; b) poder de exigencia del titular: tratándose del primero es la capacidad de exigir de otro, en este caso, de la autoridad, que realice cierta conducta de dar, hacer o no hacer en su beneficio exclusivo, mientras que en el segundo no puede exigirse una prestación para sí, sino sólo puede exigir que la autoridad actúe conforme a la ley, porque la violación a ésta le produce una afectación a su situación, su cumplimiento, un beneficio o una ventaja jurídica; c) norma de la que surge: tratándose del jurídico se crea para salvaguardar los intereses de particulares individualmente considerados, mientras que respecto del legítimo es para salvaguardar intereses generales, el orden público o el interés social; y d) tipo de afectación que sufre el titular del interés: tratándose del jurídico la afectación deriva de una lesión directa a la esfera jurídica del gobernado, en tanto que en relación con el legítimo se produce de manera indirecta, es decir, no es una lesión a la persona, sino a la comunidad, sin embargo, afecta o impacta calificadamente a un grupo de personas que pertenecen a esa comunidad por la posición que guardan frente al acto ilícito.^[16]

En consecuencia, el Juez de amparo, en función del caso concreto, determinará si se está o no en presencia de un interés jurídico o un interés legítimo. Para ello, deberá tomar en cuenta la condición legal del sujeto frente al acto violatorio de sus derechos para precisar cuál es su pretensión, para lo cual es necesario revisar la demanda en su integridad, las pruebas, la naturaleza jurídica del acto reclamado e, incluso, de la autoridad responsable, dado que estos elementos, conjuntamente, influyen para determinar cuál interés busca protegerse.

IV. A manera de conclusión

La importante reforma constitucional de junio de 2001 en materia de amparo constituyó un cambio sustancial en el sistema jurisdiccional federal y en la eficacia procesal de uno de los instrumentos más importantes de la justicia constitucional mexicana: el juicio de amparo. Tal reforma conjuntamente con la de derechos humanos implicó la recepción y defensa del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Uno de los aspectos de la reforma en materia de amparo lo fue la ampliación del interés del agraviado al incorporarse el interés legítimo para efectos de la procedencia del juicio de amparo, figura que se ha ido precisando con el desarrollo jurisprudencial a fin de que operadores jurídicos y abogados litigantes puedan comprender su alcance en la tutela jurisdiccional de actos de autoridad que, hasta antes de la referida reforma constitucional, quedaban fuera del ámbito de control constitucional.

Independientemente de las críticas que eventualmente puedan esgrimirse respecto del interés jurídico y del interés legítimo, lo cierto es que este último constituye un avance significativo en el control jurisdiccional de los intereses difusos y colectivos.  La amplitud de interpretaciones sobre el interés jurídico, particularmente de la Quinta Época, permitieron a la SCJN identificarlo con la afectación de un derecho subjetivo como requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, dando lugar a uno de los principios fundamentales del juicio de amparo: el agravio personal y directo. El interés legítimo, entendido como aquel interés personal –individual o colectivo–, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, de concederse el amparo y protección de la Justicia Federal, en un beneficio jurídico a favor del quejoso, sus elementos característicos y sus diferencias con el interés jurídico, ha constituido al paso del tiempo un elemento adicional para la protección de las personas contra actos de autoridad, sin soslayar que el interés simple no es suficiente para la procedencia del juicio constitucional.

---