Índice Global de Impunidad 20171

 Resumen

México está a la cabeza de los países de América con más alto índice de impunidad.

Debe cuadruplicarse el número de jueces mexicanos.

Introducción

  • Altos índices de impunidad pueden traducirse en problemas de desigualdad socioeconómica, desigualdad jurídica ante la ley, problemas de estado de derecho, desarrollo económico insuficiente, dificultades para la atracción de nuevas fuentes de inversión extranjera y turismo, así como mayores violaciones a los derechos humanos.

Metodología

  • Para el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) la impunidad es un fenómeno multidimensional que va más allá del análisis de los delitos susceptibles de ser castigados, como el homicidio. Y ésta tiene tres grandes dimensiones: seguridad, justicia y derechos humanos.
  • Ha sido comprobado –estadísticamente– que la impunidad está correlacionada con fenómenos humanos que preocupan profundamente a la comunidad internacional, como son la desigualdad, la corrupción y el estado de derecho.
  • Vemos con profunda preocupación que la desigualdad es un indicador que está relacionado con la impunidad. Aquellos países que no otorgan las oportunidades de desarrollo socioeconómico a su gente, no realizan una tarea adecuada para reducir el acceso desigual a la seguridad y justicia entre su población.
  • Este índice no reduce el fenómeno de la impunidad al porcentaje de delitos que son castigados, más bien propone un acercamiento más complejo y otorga un puntaje con base en las dimensiones de seguridad, justicia y derechos humanos relacionadas con la impunidad.

Impunidad muy baja y baja

  • Los diez países con muy bajo índice de impunidad son: 1) Croacia (36.01 puntos), 2) Bulgaria (37.19 puntos), 3) Eslovenia (37.23 puntos), 4) Suecia (39.15 puntos), 5) Noruega (40.90 puntos), 6) Montenegro (42.13 puntos), 7) República Checa (42.83 puntos), 8) Grecia (44.56 puntos), 9) Alemania (45.10 puntos) y 10) Países Bajos (45.31 puntos).
  • Los diez países que destacan por un nivel bajo de impunidad son: 11) Eslovaquia (46.08 puntos), Serbia (47.02 puntos), 13) Austria (47.55 puntos), 14) Polonia (47.61 puntos), 15) Bosnia y Herzegovina (48.17 puntos), 16) Rumania (48.68 puntos), 17) Finlandia (48.70 puntos), 18) Barbados (48.79 puntos), 19) Lituania (48.99 puntos) y 20) Reino Unido (49.12 puntos).

Impunidad media

  • 27 países se ubican en el rango de impunidad media: 21) Irlanda (50.20 puntos), 22) Letonia (50.30 puntos), 23) Islandia (50.58 puntos), 24) Dinamarca (50.70 puntos), 25) Estonia (51.37 puntos), 26) Hungría (51.42 puntos), 27) España (52.31 puntos), 28) Suiza (53.04 puntos), 29) Italia (53.35 puntos), 30) Argelia (53.84 puntos), 31) Mongolia (53.96 puntos), 32) Portugal (53.98 puntos), 33) Japón (54 puntos), 34) Granada (54.20 puntos), 35) Costa Rica (54.57 puntos), 36) Canadá (55.27 puntos), 37) Francia (56.27 puntos), 38) Albania (56.64 puntos), 39) Trinidad y Tobago (57.08 puntos), 40) Singapur (57.21 puntos), 41) Ucrania (57.26 puntos), 42) Australia (57.68 puntos), 43) República de Moldova (58.61 puntos), 44) Argentina (58.87 puntos), 45) Chile (59.05 puntos), 46) Armenia (59.06 puntos) y 47) República de Corea (59.45 puntos).

Países con mayores índices de impunidad

  • Los trece países que pudimos medir con muy alta impunidad son: 1) Filipinas (75.6 puntos), 2) India (70.94 puntos), 3) Camerún (69.39 puntos), 4) México (69.21 puntos), 5) Perú (69.04), 6) Venezuela (67.24 puntos), 7) Brasil (66.72 puntos), 8) Colombia (66.57 puntos), 9) Nicaragua (66.34 puntos), 10) Federación de Rusia (65.49 puntos), 11) Paraguay (65.38 puntos), 12) Honduras (65.04 puntos), 13) El Salvador (65.03 puntos).
  • Los países con impunidad media alta son: 14) Estados Unidos de América (64.78 puntos), 15) Kenia (64.13 puntos), 16) Panamá (63.23 puntos), 17) Turquía (62.80 puntos), 18) Ecuador (62.72 puntos), 19) Guatemala (62.40 puntos), 20) Georgia (61.05 puntos), 21) Kazajstán (61.04 puntos) y 21) República Dominicana (60.61 puntos).

Impunidad en América

  • México encabeza, nuevamente, la lista de países del continente americano con alto índice de impunidad, seguido de Perú, Venezuela, Brasil, Colombia, Nicaragua, Paraguay, Honduras y El Salvador.
  • Venezuela se encuentra bajo observación crítica del CESIJ. Por lo anterior, los coordinadores decidimos catalogarlo como caso atípico. Se advierte que los datos de este índice corresponden al periodo 2015-2016. La actual situación de violencia, descomposición de las instituciones democráticas, afectaciones a la libertad de expresión y evidentes violaciones sistemáticas de los derechos humanos no se encuentran suficientemente reflejadas en este reporte. El país presenta aún serias deficiencias y vacíos de información estadística por lo que podría regresar al grupo de países de impunidad estadística de la región. Es muy lamentable que el gobierno actual haya decidido iniciar el proceso de salida de las instituciones interamericanas, como la OEA y el sistema de derechos humanos. Ésta es una señal crítica de que los niveles de impunidad se han elevado y pueden deteriorarse en el futuro próximo.
  • Reiteramos nuestra preocupación por la combinación de altos grados de impunidad y desigualdad socioeconómica que caracterizan a la región. La exclusión social es un factor que retroalimenta la impunidad y agrava las consecuencias para quienes sufren las condiciones de marginación. Una estrategia de consolidación del estado de derecho requiere mejorar la estructura y funcionamiento de los sistemas de justicia y seguridad, pero también debe generar instituciones capaces de incluir económicamente a la población.

Impunidad en México

    • México cuenta con dos dimensiones prioritarias que debe atender: la funcionalidad de su sistema de seguridad y la estructura de su sistema de justicia.
    • Respecto a la primera dimensión, el Índice permite evidenciar la necesidad de optimizar y ejercer una adecuada ejecución de los procesos de averiguación de la mayor parte de las personas que tienen algún contacto formal con los cuerpos de seguridad. En México no se necesita invertir cada vez más recursos para aumentar el número de policías, sino en los procesos que garanticen la efectividad de sus acciones, sobre todo en materia de prevención, inteligencia e integración de la información de las carpetas de investigación. La implementación de esta política contribuiría a mejorar los procesos judiciales dentro de la estructura.
    • Este índice coincide con el IGI-2015 en la necesidad que tiene México de contar con más jueces dentro del sistema de justicia. Esta acción tendría un efecto inmediato sobre los juicios, ya que al aumentar su número, sería posible incrementar las capacidades de impartición de justicia, lo que podría reducir el número de personas encarceladas esperando sentencia y, con ello, también la sobrepoblación de las cárceles.
    • El IGI-2017 estima una proporción promedio de los países de 16.23 jueces por cada cien mil habitantes. México cuenta con sólo 4.2 jueces por cada cien mil habitantes, cifra muy por debajo del promedio global. Croacia, país con el índice más bajo de impunidad, cuenta con 45 jueces por cada cien mil habitantes.
    • Sobre la funcionalidad del sistema de justicia mexicano, el índice permitió: evidenciar su deficiencia, pues casi la mitad de la población detenida no ha recibido sentencia (43%); presentar poca correspondencia entre la cantidad de personas encarceladas por homicidios respecto a los casos denunciados por este delito; así como el hecho de contar con un número reducido de jueces frente a la cantidad de casos que llegan a tribunales, lo que conlleva a una reducción de la atención de un proceso penitenciario en cada uno de ellos.
    • Referente a la estructura de los sistemas de seguridad, el índice retrata, perfectamente, los esfuerzos gubernamentales de crecimiento del cuerpo policiaco en México: 359 policías por cada cien mil habitantes, cifra que se encuentra por arriba del promedio global de la proporción de policías, que es de 319 por cada cien mil habitantes. Sin embargo, contar con un alto número de policías no significa que posean las capacidades adecuadas para cumplir sus tareas, lo que se refleja en los problemas señalados de funcionamiento del sistema de seguridad.
    • El problema de la impunidad en México es funcional y estructural, no nació con el actual gobierno, sin embargo, se observa un aumento crítico en las estadísticas delictivas. Esto podría deteriorar futuras mediciones de la impunidad.
    • De igual forma, las graves violaciones a los derechos humanos representan un factor crítico para entender los altos grados de impunidad que caracterizan al caso mexicano.
    • El país necesita tomar medidas urgentes para reducir los altos índices de impunidad. Se requiere dotar de mayores presupuestos a los sistemas de seguridad, justicia y penitenciario. Sin embargo, estos recursos deben reflejarse en aumentos reales de capacidades humanas, infraestructura y profesionalización de los sistemas antes mencionados.
    • El aumento de recursos a estos sistemas gubernamentales, en los últimos años, no ha tenido una correlación positiva para reducir los niveles de impunidad y violencia en el país. La clave del problema está en la corrupción del uso de estos recursos y en la falta de supervisión y auditoría del funcionamiento de las instituciones del país en el ámbito nacional y local.
    • Resulta indispensable contar con sistemas de evaluación más efectivos e independientes de los órganos de gobierno para garantizar información verídica y de calidad sobre el funcionamiento de los sistemas de justicia y seguridad y, de esa forma, conseguir un efecto mayor en los procesos de cambio institucional e intervención de políticas públicas.
    • La entrada en vigor, en México, del nuevo sistema de justicia penal puede crear una percepción equivocada de aumento de la impunidad. Sin embargo, el actual sistema acusatorio no genera por sí mismo impunidad. Lo que crea la impunidad son los sistemas de seguridad locales y federales mal preparados y con deficiente funcionamiento, así como un sistema de justicia colapsado y ajeno a la rendición de cuentas externo.

Fuente: 
http://www.udlap.mx/cesij/resumenejecutivo.aspx”>http://www.udlap.mx/cesij/resumenejecutivo.aspx
(29/08/2017)

[1] Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas-Puebla.