La conmemoración del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) es una fecha que lleva a la reflexión y a materializar acciones propicias para erradicar las diferencias objetivas y significativas entre hombres y mujeres en el acceso a bienes, servicios e instituciones necesarias para determinar sus niveles de desarrollo personal, social, económico, cultural y político, lo que significa el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como erradicar las generalizaciones simplistas de las características y los roles de las mujeres y los hombres. Por el contrario, transitar de la desigualdad y discriminación, a una vida libre de violencia, a su autodeterminación y autonomía.

Lo anterior a partir de escuchar y analizar las problemáticas de las mujeres, niñas y adolescentes, para implementar las acciones necesarias para generar conciencia y prevenir la violencia contra ellas, para visibilizar sus derechos; para transversalizar de la perspectiva de género, la igualdad y o discriminación, el trato digno, la generación de entornos de no violencia y el empoderamiento de mujeres, niñas y adolescentes.

Para fortalecer una cultura de igualdad de género, es indispensable incorporar el enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género a todo programa, plan y política pública sobre la materia, a fin de erradicar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres que desafortunadamente persisten en nuestra sociedad, y dar paso al cumplimiento de las obligaciones constitucionales, convencionales y legales que deben cumplir las autoridades del Estado para la protección de los derechos fundamentales de mujeres, adolescentes y niñas. Para tal efecto, el trabajo conjunto de los sectores público, social y privado, basado en el respeto a la dignidad humana, favorecerá una sociedad inclusiva, tolerante, que elimine estereotipos y que privilegie la esencia de las personas por encima de cualquier tipo de prejuicio.

Para lograr tales fines, vale la pena formular algunas propuestas que contribuyen a la igualdad material entre los géneros:

• Además de los aspectos técnico-jurídicos que son esenciales, se deben retomar diversos elementos que nos proporcionan los estudios de género, necesarios para el análisis integral de tal fenómeno social, el cual representa un enorme reto en materia de diseño e implementación de políticas públicas con perspectiva de derechos humanos y enfoque de género, en las que se debe abordar las causas y los efectos de la desigualdad y la violencia, con el fin de desarrollar acciones concretas para su eliminación. 

• Fortalecimiento en el diseño, implementación y rendición de cuentas de las políticas públicas sobre violencia de género.

• Implementación de mecanismos de identificación de acciones y prácticas que favorecen la discriminación por razón de género, al interior de los tres poderes y órdenes públicos, para su erradicación.

• Revisión, actualización y medición de impactos de los protocolos en la materia.

• Revisión de indicadores para medir los avances en la inclusión de la perspectiva de género en la labor de las instituciones públicas.

• Fortalecimiento de los mecanismos de acceso a la asistencia jurídica adecuada y representación de las mujeres y niñas.

• Fortalecer las acciones que materialicen el derecho de participación de mujeres y niñas en todos y cada uno de temas que les afecten.

• Incremento de las medidas para la eliminación del lenguaje sexista, los patrones sociales y culturales que discriminan a las mujeres y a las niñas.

• Inclusión de la perspectiva de género en las asignaciones presupuestarias, especialmente en mujeres y niñas indígenas.

• Fortalecimiento del procedimiento de Alerta de Violencia de Género contra la Mujeres y establecimiento de medidas para su evaluación.

• Aumento en las medidas para la prevención, principalmente en materia de violencia sexual, trata de personas, con fines de explotación sexual y trabajo forzado, embarazo en adolescentes, entre otros temas relevantes.

• Establecimiento y fortalecimiento de los mecanismos de supervisión de trabajo “doméstico”, esencialmente en lo que se refiere a las niñas.

• Impulso de las reformas o adiciones legislativas en materia de paternidad responsable.

• Incremento de medidas para cambiar actitudes culturales respecto al matrimonio infantil, especialmente en comunidades rurales e indígenas.

Además, se reiteran las expuestas en el número 109 de esta Revista, de marzo de 2022:

• Revisión y armonización normativa a partir del parámetro convencional en materia de derechos de las mujeres, a fin de implementar el enfoque de derechos, de género e interseccionalidad, que reduzca la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, y favorezca la incorporación de los hombres en la atención, cuidado y educación de las niñas y niños.

• Implementación de modelos de intervención que aborden la violencia de género como un problema complejo, multidimensional y estructural que requiere soluciones integrales, eficientes y eficaces para su prevención, atención y erradicación, así como la implementación de presupuestos públicos suficientes con perspectiva de género y etiquetados.

• Modificación de la cultura organizacional de las y los empleadores para generar medidas de inclusión y/o acciones afirmativas que favorezcan la incorporación de las mujeres en las áreas laborales.

• Capacitación y sensibilización de las personas servidoras públicas en materia de igualdad de género, incluidas las correspondientes a la procuración y administración de justicia.

• Recuperación y ampliación de la cobertura de Centros de Atención Infantil gratuitos, accesibles y cercanos a los lugares de trabajo, así como instalación de lactarios en los centros de trabajo.

• Diseño e implementación de políticas públicas y programas que propicien la permanencia de las adolescentes embarazadas en las escuelas.

• La promoción y concientización de las responsabilidades compartidas de todas y todos los integrantes de las familias en las actividades del hogar.

• Acciones que permitan la ruptura de roles y estereotipos construidos a partir de pensamientos y acciones androcentristas.

• Erradicación de usos, costumbres y tradiciones que discriminen a las mujeres y a las niñas y vulneran sus derechos.

• Garantizar el efectivo acceso de las mujeres a la justicia. Particularmente en el ámbito familiar, se debe fortalecer la capacidad de las instancias especializadas encargadas de impartir justicia, el establecimiento de registros de deudores alimentarios, la implementación de programas de rehabilitación para los responsables de la violencia en los hogares, y el fortalecimiento de áreas de asesoría para mujeres que desean iniciar acciones judiciales para hacer valer sus derechos de pensión alimenticia.

• Incorporación de la perspectiva de género en los planes y programas de estudio de educación inicial y hasta la educación universitaria para modificar las pautas sociales y culturales de comportamiento del hombre y de la mujer, y eliminar prejuicios o prácticas basadas en la idea de inferioridad o superioridad de hombres y mujeres.

• Fomentar el empoderamiento de las niñas y la autonomía económica de las mujeres, sin soslayar la impostergable participación igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones para ofrecer soluciones a las problemáticas que padecen.

El trabajo con perspectiva de derechos humanos y género, indudablemente potencializará las acciones de mejora que permitan transitar de la igualdad formal a la igualdad material caracterizada por el reconocimiento y ejercicio de todos sus derechos.

El editor