Distribución equitativa y oportuna de vacunas Covid-19.
Un imperativo ético y de derechos humanos

La amenaza global que ha implicado la pandemia de la Covid-19 y que, desafortunadamente, seguirá representando en los tiempos inmediatos para la salud y el bienestar de las personas, se ha traducido en el lamentable deceso de miles de vidas y la afectación económica y social en un número importante de países y personas que, además, han enfrentado diversos obstáculos para el acceso a medicamentos y equipo médico para hacer frente a la situación de emergencia que se vive.

Para lidiar con esta crisis global pronto se vislumbró, por organismos internacionales y diversos Estados Nacionales, la necesidad de vacunas contra la Covid-19, lo que propició que líderes mundiales exhortaran a la comunidad científica a acelerar los diagnósticos y tratamientos de dicha patología; impulsar la investigación, desarrollo y fabricación de las vacunas Covid-19 y garantizar su acceso equitativo para todos los países del mundo, sin soslayar el compromiso de los gobiernos de fortalecer su infraestructura médica. La solución fue la colaboración para la generación del Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19, mejor conocido como COVAX por sus siglas en inglés (Covid-19 Vaccines Global Access), que constituye una alianza promovida por actores públicos (gobiernos y organismos internacionales) y el sector privado (fabricantes, científicos, organizaciones globales de salud y sociedad civil) con la finalidad de lograr, precisamente, un acceso equitativo a las vacunas que se produzcan contra el coronavirus, siendo uno de los pilares del acelerador de acceso a herramientas Covid-19 (ACT), que fue dado a conocer  en abril de 2020 por la Organización Mundial de la Salud, la Comisión Europea y Francia en respuesta a  la pandemia. 

La importancia que representa esta Alianza Global en un contexto de esperanza derivado del inicio del proceso de vacunación es indiscutible, sin embargo, lo cierto es que ha resultado insuficiente debido a la falta de apoyo de las principales potencias mundiales, a pesar de las expresiones individuales de apoyo que ha merecido dicha iniciativa por la mayoría de los países, y el privilegiar los contratos bilaterales para la adquisición de las vacunas lo que deja al margen a los países más pobres. COVAX representa un esfuerzo global para garantizar una distribución equitativa y oportuna de las vacunas disponibles y las que se aprueben con posterioridad.^[1]

Por ello,  para fortalecer las vías de suministro y garantizar su acceso universal, justo, equitativo y oportuno, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, mediante resolución 74/274, de fecha 20 de abril de 2020, relativa a la Cooperación internacional para garantizar el acceso mundial a los medicamentos, las vacunas y el equipo médico con los que hacer frente a la COVID-19,  destacó ocho puntos fundamentales interrelacionados entre sí: i) la amenaza que representa el Covid-19, sus efectos multidimensionales y la grave disrupción de las sociedades, las economías, el comercio a nivel mundial, además del impacto devastador en los medios de vida de las personas; ii) el reconocimiento de la generosidad, sacrificio y esfuerzo de los profesionales y trabajadores de los servicios de salud para contener la propagación de la pandemia; iii) el reconocimiento de que las personas que se encuentren en una situación de pobrezay las más vulnerables son las crecidamente afectadas, por lo que el impacto de la crisis sanitaria repercutirá en los avances del desarrollo, obstaculizando el progreso hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular la meta 3.81 relativa a lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos; iv) subrayar que el acceso equitativo a los productos sanitarios es una prioridad mundial y que la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y asequibilidad de dichos productos de calidad garantizada son fundamentales para hacer frente a la crisis sanitaria; v) que la pandemia mundial requiere una respuesta global a partir de la unidad, la solidaridad y la cooperación multilateral; vi) que el Secretario General, en estrecha colaboración con la Organización Mundial de la Salud y demás organismos competentes del sistema de las Naciones Unidas, incluidas las instituciones financieras internacionales, recomiende las opciones y enfoque para ampliar y fortalecer las cadenas de suministro que promuevan y garanticen el acceso justo, transparente, equitativo, eficiente y oportuno de medicamentos y futuras vacunas de la Covid-19, así como su distribución en las mismas condiciones; vii) alentar a los Estados Miembros a colaborar para aumentar el financiamiento de la investigación y el desarrollo de vacunas y medicamentos, así como fortalecer la cooperación científica internacional necesaria para combatir la Covid-19, y viii) exhortar a los Estados Miembros y a otros interesados a adoptar medidas para evitar la especulación y la acumulación indebida de vacunas.

Los referidos principios no han tenido el efecto práctico deseado, toda vez que existen datos dados a conocer por el Secretario General de las Naciones Unidas y el Director de la Organización Mundial de la Salud, que dan cuenta de la inequidad en la distribución de vacunas, tales como los siguientes:  i) en enero de 2021, la Organización Mundial de la Salud criticó el egoísmo de los países ricos y de las empresas farmacéuticas frente a las vacunas contra la Covid-19, al revelar lo siguiente: “En la actualidad, se han administrado más de 39 millones de dosis de vacunas en al menos 49 países de ingresos más altos. Solo se han administrado 25 dosis en un país de ingresos más bajos. No 25 millones; no 25.000; solo 25”; ii) el pasado mes de febrero el Secretario General destacó que más de 130 países no habían recibido una sola dosis de las vacunas COVID-19, y iii)que el 75% de las inmunizaciones aplicadas hasta entonces se habían concentrado en diez naciones desarrolladas que representan el 60% del producto interno bruto mundial.^[2]

En el caso particular de México, el 8 de diciembre de 2020 el Titular del Poder Ejecutivo Federal anunció la campaña de vacunación elaborada por la Secretaría de Salud consistente en un sistema de fases por rangos de edad, sin embargo, se desconoce si se trata de un decreto, acuerdo o determinación adoptada en términos del artículo 73, fracción XVI de la Constitución General de la República. Con posterioridad, el 8 de enero de 2021, se publicó un Acuerdo de la Secretaría de Salud por el que se da a conocer el medio de difusión de la Política Nacional de Vacunación contra el virus Sars-Cov-2 para la prevención de la Covid-19 en México, en cuyo artículo segundo se señala que “La Secretaría de Salud dará a conocer la Política Nacional de Vacunación a que se refiere el artículo anterior, a través del sitio web www.coronavirus.gob.mx”, la cual se encuentra estructurada,de acuerdo con el grupo técnico asesor para la vacuna (GTAV) COVID-19 en México, a partir de cuatro ejes de priorización: i) edad de las personas; ii) comorbilidades personales; iii) grupos de atención prioritaria, y iv) comportamiento de la epidemia.

El proceso de vacunación inicio en su primera fase (diciembre 2020-febrero 2021) con personal de salud de primera línea de control de la Covid-19, y se encuentra en curso la segunda fase con personal de salud restante y personas de 60 y más años (febrero-abril 2021), con ciertos inconvenientes que han representado que personas mayores se encuentre en los lugares de vacunación entre 3 y 7 horas, aproximadamente, razón por la cual es necesaria una mejor y más eficiente logística en beneficio de las personas mayores y de todos los grupos de personas. La tercera etapa (abril-mayor 2021) corresponderá a personas de 50 a 59 años, cuarta etapa (mayo-junio 2021) personas de 40 a 49 años y quinta etapa (junio 2021-marzo 2022 el resto de la población.^[3]

Ante el panorama mundial descrito, gobiernos y compañías farmacéuticas deben atender los llamados de la Organización Mundial de la Salud y cumplir con las siguientes reglas: i) hacer efectiva la política global más importante contra la Covid-19, enfatizando que los primeros deben tener como prioridad vacunar a las personas en situación de más vulnerabilidad y las segundas permitir a otros fabricantes producir sus vacunas mediante la expedición de licencias no exclusivas,mecanismo que se ha empleado con antelación para ampliar el acceso a los tratamientos contra el VIH  y la hepatitis C, lo que permitirá potencializar la capacidad de producción y construir bases de fabricación en las regiones de África, Asia y América Latina;^[4] ii) los países con contratos bilaterales y/o control de suministro deben observar un principio elemental de transparencia en sus contratos con COVAX, lo que implica dar prioridad a ésta para recibir las dosis; iii) las empresas productoras de vacunas deben proporcionar datos completos a la Organización Mundial de la Salud para su revisión regulatoria a fin de agilizar las aprobaciones correspondientes; iv) las empresasdeben permitir a los países con contratos bilaterales compartir las dosis con el mecanismo COVAX a fin de poder llevar a cabo una distribución equitativa, una vez terminado el proceso de vacunación de personal de la salud y personas mayores; v) los paísesgeneradores de vacunas solo pueden utilizar aquellas que cumplan con los estándares internacionales de seguridad, eficacia y calidad,^[5] y vi) generar un Plan Mundial de Vacunación con reglas claras en la distribución de las vacunas Covid-19,^[6] lo que representa un desafío operativo global.

La distribución equitativa de las vacunas a partir de imperativos éticos y de derechos humanos implica enfatizar el respeto a la dignidad humana como objetivo fundamental de todo Estado democrático y constitucional de derecho. Respetar y salvaguardar la dignidad de las personas es un deber del Estado y una responsabilidad ética de quienes integran una sociedad, traducidos en acciones, planes, programas y políticas que hagan realidad la igualdad material entre las personas a partir de contemplar la diversidad de contextos de vida que enfrentan los distintos grupos poblacionales para acceder al goce y ejercicio de sus derechos fundamentales. En consecuencia, al no hacer efectivo el mecanismo COVAX con el apoyo de los Estados Nacionales, seguramente se dejarán desprotegidas a miles de personas frente al coronavirus con los correspondientes impactos sanitarios, económicos y sociales. Por ello resulta conveniente y necesario que la Secretaría General de Naciones Unidas, en estrecha colaboración con la Organización Mundial de la Salud, adopte las medidas necesarias para coordinar eficazmente los esfuerzos del sistema de las Naciones Unidas para promover y garantizar el acceso mundial a las vacunas para hacer frente a la COVID-19.

Los editores

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