Enrique Guadarrama López*
Voy a hacer un ejercicio de prospectiva e
imaginación sobre la jornada electoral judicial 2025, la cual está puesta en
marcha. Un botón de muestra del proceso es la tómbola realizada en días
pasados.
Con independencia de los aspectos
operativos que se vienen presentando y de las cuestiones jurídicas pendientes,
a las que el desdén y poco interés por resolverlo es la respuesta de
legisladores y del ejecutivo, debemos poner la mirada en las serias
interrogantes que se ciernen sobre lo que vendrá el día después,
particularmente para quienes tienen o vayan a tener un asunto en tribunales y
juzgados. La eficacia y eficiencia del modelo, impuesto de manera mayoritaria,
estará a prueba. Las dudas, más allá de los aspectos de trámite y de previsible
lentitud para resolver los casos (justicia lenta no es justicia), se encaminan
al rigor jurídico que sustenten las sentencias que se emitan. Hay escepticismo,
derivado del mecanismo establecido para elaborar las listas de quienes estarán
en las boletas. ¿Qué preponderancia tiene el perfil técnico-jurídico de quienes
sean electos jueces, magistrados y ministros? Por otra parte, insisto en lo que
señalé en ocasión anterior: no se puede soslayar un escenario de
eventual fracaso del sistema.
Lo cierto, es que con la elección judicial
se abre una nueva vertiente en la materia electoral, la cual, desde que emergió
la democracia, siempre había sido esencialmente política. Es una verdad de
Perogrullo que en las elecciones participan políticos y partidos políticos; la
gente vota para elegir a personas que se dedican a la política, aunque no haya
consecuencia alguna cuando éstos incumplen sus compromisos con el electorado,
ni se cuenten con mecanismos accesibles a la gente para exigir responsabilidad
real a los electos. Todo se justifica con la frase “esto es político”. El
problema es que los juzgadores no son políticos, pero el esquema de elección
que sí lo es, estará en manos de políticos, lo cual provocará que los jueces
serán más políticos que juristas. Es previsible que una gran mayoría de los
actuales juzgadores no se presten a participar en el proceso. ¡Vaya paradoja
para el Poder Judicial!
El voto es la unidad de medida de la
democracia. La participación ciudadana se convierte en el pilar del ejercicio
democrático. Por esa razón, el enemigo de cualquier elección política es el
abstencionismo. Es un fenómeno multifacético de reacción de la sociedad, que va
desde apatía, castigo, rebeldía, protesta o repudio, hasta la desconfianza a la
política y a los políticos o el hartazgo ante la falta de resultados visibles,
medibles y reales, y no con otros datos. A pesar de los cuantiosos recursos
económicos de por medio, la gente simplemente no participa. Los datos son
inobjetables: en elecciones presidenciales, la participación ronda en el
60%, mientras que en las elecciones intermedias desciende al 47%. Esto
significa, en el mejor de los casos, que más del 40% de la gente se abstiene de
votar.
¿Qué esperar de la elección judicial?
Primero. Por simple lógica, el abstencionismo será mayúsculo. Si a la gente no
le interesa lo político, al elegir gobernantes y legisladores, quienes deciden
sobre cuestiones que les impacta de manera directa (personal, familiar,
laboral), menos le importara lo técnico, al votar por jueces, a quienes ven muy
lejos de sus preocupaciones y problemas cotidianos, o les resultan ajenos. Qué tal si la poca gente que participe decide
expresarse con un voto en blanco, como lo imagino con genialidad, José
Saramago, en su Ensayo sobre la lucidez. Sería una participación activa
de desacuerdo.
Segundo. La casi segura poca respuesta de
la gente en la elección judicial impacta la legitimidad de los juzgadores que
resulten ganadores. Cómo justificar que un 10-15%, decidan sobre la integración
del Poder Judicial encargado de velar por el Estado de Derecho? No parece tener
sentido democrático, ni menos, fortaleza jurídica. Resulta conveniente
establecer un mínimo de porcentaje de participación para que las elecciones
judiciales fueran consideradas legitimas. Claro, me dirán que en la democracia
se gana o se pierde con un voto. Yo contesto, sí, ello es así en cuestiones
políticas, pero no en lo relativo a la impartición de justicia, en donde se
requiere algo más que un mero voto. Es la pequeña, pero enorme diferencia.
Tercero. Al tornar lo jurisdiccional, que
es esencialmente técnico, en una cuestión política, generará que los políticos
busquen participar en la elección (alguien ha externado su decisión en ese
sentido). Cosa de imaginar un juzgador político -sin perfil jurídico adecuado-,
dictando sentencias. Lamentablemente ya ocurre en nuestro Máximo Tribunal. Los
resultados son poco dignos de resaltar en lo jurídico. Es fácil concluir, ante
esta perspectiva, que la justicia, que tanto se enarbola, saldrá perdiendo.
Cuarto. La nueva conformación de la plantilla
de jueces tendrá impacto en la debida salvaguarda de los derechos humanos. Sí
las sentencias pierden fuerza en lo jurídico y buscan atender criterios
políticos, la afectación a los derechos humanos será inevitable y constante. El
problema es que los organismos públicos de protección de derechos humanos
estarán maniatados, al no tener competencia para conocer de asuntos
jurisdiccionales. Se avizora la tormenta perfecta, en perjuicio de los derechos
humanos.
Cierro con un símil. Al construir una casa (Poder
Judicial), se requiere 98 personas o 98 toneladas de peso (cada una refleja un
millón del actual padrón electoral), pero a la convocatoria para participar
(votar) sólo se presentan 10 o 15 personas y sólo alcanza para diez o quince
toneladas de construcción. ¿Ellos serán capaces de tomar la mejor decisión para
construir el sistema judicial, que resuelva la innegable problemática de debida
administración de justicia? No lo creo.
* Investigador Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores
(SNI). Correo: eguadarramal@gmail.com
