Por Ismael Eslava Pérez*

Ante la transición demográfica, es menester repensar la manera más efectiva de acercarse a la población adulta mayor, sobre todo considerando a quienes se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, para evitar que la edad avanzada, el aislamiento, la enfermedad o discapacidad sean barreras que impidan protegerlos de transgresiones a sus derechos humanos.

Las instancias de gobierno y del Estado tienen el enorme reto de impulsar la observancia, promoción, protección y defensa de los derechos humanos de las personas mayores. Es necesario buscar la asignación de los recursos materiales, económicos y humanos para la elaboración de estudios e informes que tengan por objeto el conocimiento de la situación de ese grupo poblacional en las entidades federativas, respecto al ejercicio de todos sus derechos humanos.

En la “Agenda 2030” la comunidad internacional ha fijado diversos Objetivos de Desarrollo Sostenible cuya finalidad es erradicar la pobreza y luchar contra la inseguridad y la injusticia. La mayoría de ellos involucra directamente a las personas mayores, toda vez que se busca garantizar una vida sana y promover el bienestar de las personas de todas las edades, eliminar la inequidad, las desigualdades y asegurar el acceso a servicios de salud y seguridad social.